
Servicios Multidisciplinarios: Abogado y Notario Público; Economista Especialista en Desarrollo Rural, Proyectos Comunitarios y Ambientales; Experto en Educación y Formación Técnica Vocacional.
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jueves, 21 de enero de 2010
DERECHO AMBIENTAL: CONOCIENDO UN POCO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA AGENDA 21.
Por: M. Sc. Alfonso Navarrete Centeno – 21 de Enero 2010.Breve introducción.
Si bien el denominado Programa de Acción de Naciones Unidas para el Siglo XXI, suscrito por la totalidad de los países miembros de la ONU, es un documento no obligante, sin fuerza jurídica, de carácter indicativo, es importante recordar que la redacción del texto definitivo encontró variadas resistencias frente a los representantes oficiales de algunas naciones, particularmente del primer mundo, y el mismo fue objeto de presiones contrarias por parte del lobby que representaba los intereses de las grandes corporaciones transnacionales. De hecho, aún antes de decidirse el tema oficial de la conferencia, existían sectores interesados en deslindar la problemática ambiental como ajena a los problemas de desarrollo.
Aunque en Nicaragua no se ha preparado una Agenda 21 como tal, existen algunos documentos que se inspiran en los temas del Desarrollo Sostenible coincidiendo con la lógica y planteamientos de la Agenda 21, particularmente los relacionados con políticas y estrategias nacionales referidas al medio ambiente y su relación con el desarrollo económico y social del país, los cuales fueron oficialmente decretados como marcos estratégicos y jurídicos que orientan las propuestas oficiales y de la sociedad civil, que facilitan la puesta en marcha de las iniciativas contempladas en dicha Agenda 21.
Tales documentos son:
- Estrategia para la Conservación y el Desarrollo Sostenible de Nicaragua ECODESNlC, decretado mediante Acuerdo Presidencial 246-92 del 7 de Septiembre de 1992.
- El Esquema de Ordenamiento Ambiental del Territorio EOAT, aprobado mediante Acuerdo Presidencial 246-92.
- El Plan de Acción Forestal oficializado el 7 de Diciembre de 1992 mediante Decreto Ejecutivo No. 246-92.
- El Plan de Acción Ambiental oficializado mediante Acuerdo Presidencial No. 261-93 el 3 de Diciembre de 1993.
- La Ley 217. Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, promulgada por la Asamblea Nacional el 27 de Marzo de 1996 y su Reglamento, Decreto No. 9-96 del 25 de Julio de 1996.
Paralelamente, Nicaragua preparó una Agenda Nacional que definió la posición oficial de este país ante la Cumbre de Río UNCED 92. Asimismo, en Nicaragua se suscribió en octubre de 1994 durante la realización de la Cumbre Centroamericana sobre Ambiente y Desarrollo, la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible ALIDES, que además de declaraciones contiene una serie de compromisos (Volcán Masaya), relacionados con acciones regionales sobre el medio ambiente.
El gobierno de Nicaragua transformó mediante Decreto 1-94 el anterior Instituto de Recursos Naturales y del Ambiente IRENA, en el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales MARENA, a cargo de coordinar y dirigir la política ambiental del Estado y promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la nación, teniendo entre sus responsabilidades desarrollar planes y programas, de acuerdo con los compromisos suscritos en estas materias, tanto a nivel nacional como internacional.
El MARENA ha actuado como punto focal de las iniciativas de la Agenda 21, mientras se procedía a la integración del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible y se estudiaban las formas de compartir acciones con las organizaciones de la Sociedad Civil, la que a su vez, ha venido elaborando propuestas y presiones para agilizar esas iniciativas. El cambio de gobierno, abre las posibilidades de concretar acciones y estrechar la coordinación entre el estado y las organizaciones de la Sociedad Civil.
Parte de las iniciativas civiles en estos temas, corresponden entre otras, a la consulta nacional realizada en Julio de 1996, en donde organizaciones de la Sociedad Civil elaboraron documentos para ser presentados en la Cumbre Latinoamericana del Desarrollo Sostenible realizada en Bolivia en diciembre 1996. Precisamente, la consulta actualmente realizada para RlO+5, profundiza las formas de participación de las organizaciones civiles y ambientalistas y su interacción con las instancias de Gobierno.
Nicaragua, dentro del marco de ALIDES, ha planificado su parte correspondiente del Corredor Biológico; está formulando mediante un amplio proceso participativo una propuesta de Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas y se encuentra estudiando las opciones para contribuir a reducir los cambios climáticos, dentro del marco de CONCAUSA y la Iniciativa de Implementación Conjunta.
Resumen del contenido de la Agenda 21.
En el curso de los dos últimos decenios comenzó a tomarse conciencia de que no pueden existir ni una economía ni una sociedad prósperas en un mundo aquejado por tanta pobreza y tan aguda degradación del entorno. Si bien no cabe detener el desarrollo económico, urge encauzarlo de modo que perjudique menos al medio ambiente. En el decenio de 1990, el desafío consiste en generar acción surgida de esta conciencia y lograr la transición a esquemas de vida y desarrollo sostenibles. Sea en la granja o en la sala de juntas, en el supermercado o en la elaboración del presupuesto nacional, deberemos optar por el cambio.
Comienzan a perfilarse senderos que conducen al desarrollo sostenible. La Agenda 21 constituye un manual de referencia para la determinación de políticas empresariales y gubernamentales, así como para la adopción de decisiones personales con las que nos adentraremos en el próximo siglo. Este documento fue suscrito en la Cumbre de la Tierra, la más vasta reunión de dirigentes mundiales, que se celebró en (el mes de junio) de 1992, en Río de Janeiro (Brasil). Asistieron a esta reunión, organizada durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, los jefes o los más altos representantes de los Gobiernos de 179 países, junto con cientos de funcionarios de los organismos de las Naciones Unidas, de representantes de gobiernos municipales, círculos científicos y empresariales, así como de organizaciones no gubernamentales y otros grupos. Paralelamente, en el contexto del Foro Mundial '92, tuvieron lugar diversas reuniones, charlas, seminarios y exposiciones públicas sobre cuestiones relativas al medio ambiente y al desarrollo, a las que acudieron 18,000 participantes de 166 países y unos 450,000 visitantes. Cerca de 8,000 periodistas se informaron acerca de las reuniones en Río de Janeiro, y los resultados se dieron a conocer en todo el mundo por medio de la prensa, la radio y la televisión.
Los cimientos para el proceso de Río de Janeiro se sentaron en 1972, durante la primera reunión mundial sobre el medio ambiente, la Conferencia sobre Medio Humano, celebrada en Estocolmo con la participación de los representantes de 113 naciones. La Organización de las Naciones Unidas estableció, en 1983, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Cuatro años más tarde, en su histórico informe ésta advertía que la humanidad debía cambiar las modalidades de vida y de interacción comercial, si no deseaba el advenimiento de una era con inaceptables niveles de sufrimiento humano y degradación ecológica. La Comisión señalaba que la economía mundial debía satisfacer las necesidades y aspiraciones legítimas de la población, pero que el crecimiento debía guardar consonancia con el carácter finito de los recursos del Planeta.
La denominada Comisión Bruntland, en honor de su presidenta, exhortó al inicio de una nueva era de desarrollo económico racional desde el punto de vista ecológico. Declaró que la humanidad contaba con la aptitud para lograr un desarrollo sostenible, esto es, aquél que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin socavar la capacidad de las generaciones futuras para satisfacerlas suyas. En 1989, la Organización de las Naciones Unidas comenzó la planificación de la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en la que se trazarían los principios para alcanzar un desarrollo sostenible. Durante dos años, numerosos expertos en todo el mundo se dedicaron con ahínco a la concertación de acuerdos que jalonaron el camino a Río de Janeiro. Se obtuvo una apertura sin precedentes del sistema internacional de negociaciones.
Miles de miembros de organizaciones no gubernamentales, grupos de empresarios, docentes, asociaciones femeninas, grupos indígenas y otros colectivos, contribuyeron al proceso de Río de Janeiro. Los cinco documentos de Río de Janeiro: En Río de Janeiro se concertaron dos acuerdos internacionales y se formularon dos declaraciones de principios y un vasto programa de acción sobre desarrollo mundial sostenible: La Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en cuyos 27 principios se definen los derechos y responsabilidades de las naciones en la búsqueda del progreso y el bienestar de la humanidad; La Agenda 21, linotipo de normas tendentes al logro de un desarrollo sostenible desde el punto de vista social, económico y ecológico; Una Declaración de Principios para orientar la gestión, la conservación y el desarrollo sostenible de todos los tipos de bosques, esenciales para el desarrollo económico y para la preservación de todas las formas de vida.
Además, por separado pero en paralelo a los preparativos de la Cumbre para la Tierra, se negociaron dos convenciones que suscribieron la mayoría de gobiernos reunidos en Río de Janeiro. "El propósito de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es la estabilización de los gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera en niveles que no trastoquen peligrosamente el sistema climático mundial. Para ello se requiere la disminución de emisiones de gases tales como el dióxido de carbono generado como subproducto de la utilización de combustibles para obtener energía. En el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica se exhorta a los países a encontrar cauces y medios para preservar la variedad de especies vivientes y velar por el equitativo beneficio del aprovechamiento de la diversidad biológica.
La Agenda 21 explica que la población, el consumo y la tecnología son las principales fuerzas determinantes del cambio ecológico. Deja claramente sentada la necesidad de reducir en ciertos lugares del mundo las modalidades de consumo ineficaces y con elevado desperdicio, fomentando simultáneamente en otras zonas un desarrollo más intenso y sostenible. Se proponen políticas y programas para la consecución de un equilibrio duradero entre el consumo, la población y la capacidad de sustento de la tierra. Se describen algunas de las técnicas y tecnologías que han de fomentarse para la satisfacción de las necesidades humanas, combinadas con una cuidadosa gestión de los recursos naturales.
En la Agenda 21 no se soslayan el sector de los negocios; se dice que el desarrollo sostenible es el cauce para luchar contra la pobreza y la destrucción del medio ambiente. En la actualidad, el éxito del desarrollo económico se mide principalmente en función de la cantidad de dinero producida. No obstante, los sistemas contables utilizados para determinar la riqueza de las naciones deberían también cuantificar el valor cabal de los recursos naturales y el costo total de la degradación del entorno. En principio, quien contamina debería sufragar el costo de la contaminación. A fin de disminuir el riesgo de eventuales efectos perniciosos para el medio ambiente, debería procederse a una evaluación ecológica antes de poner en práctica proyectos que podrían tener efectos nocivos para el entorno. Los gobiernos deberían disminuir o eliminar los subsidios que no favorezcan el desarrollo sostenible. Uno de los grandes principios propugnados en la Agenda 21 es la necesidad de la erradicación de la pobreza, concediendo a las personas desfavorecidas el acceso a los recursos que les permitirían vivir de manera sostenible. Mediante la aprobación de la Agenda 21, los países industrializados reconocieron que en el saneamiento del entorno les incumbe mayor responsabilidad que a las naciones pobres donde se genera relativamente menos contaminación.
Las naciones más pudientes prometieron, así mismo, aumentar los fondos asignados a la asistencia para el desarrollo de otras naciones, conforme a modalidades menos perjudiciales para el medio ambiente. Además de la financiación, es necesario ayudar a esas naciones a dotarse de la pericia, entendida como la capacidad, para planificar y ejecutar decisiones que favorezcan el desarrollo sostenible. Ello requerirá la transferencia de información y conocimientos. La Agenda 21 exhorta a los gobiernos a que adopten estrategias nacionales para el desarrollo sostenible. Estas deberán elaborarse con la amplia participación de todos los sectores, incluidas las organizaciones no gubernamentales y el público en general. La Agenda 21 coloca a los gobiernos nacionales en la vanguardia del proceso de cambio, pero destaca la necesidad de que estos obren en amplia asociación con las organizaciones internacionales, la empresa, las autoridades locales, regionales, provinciales y estatales, así como junto con asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales.
Conforme se señala en la Agenda 21, tan sólo mediante un esfuerzo mundial mancomunado se logrará un futuro más próspero y seguro para todas las naciones.
Fuente: La Agenda 21 y los demás Acuerdos de Río de Janeiro en versión simplificada. Publicado por el Centro para Nuestro Futuro Común. Resumen de ANavarreteC - Nicaragua.
lunes, 9 de febrero de 2009
MEDIO AMBIENTE: ARTICULO DE MICHAEL CAMPBELL HOOKER.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en 1996 la Ley del Medioambiente y los Recursos Naturales (Ley 217), y en 2005, la Ley Especial de Delitos en Contra del Medioambiente y los Recursos Naturales (Ley 559). El Gobierno también firmó y ratificó en 1995 la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Económico y Social (Alides) y es el primer país de Centroamérica en desarrollar una Estrategia Nacional para el Cambio Climático, estableciendo también un Comité Nacional para la Administración del Agua. Asimismo, somos signatarios del Protocolo de Kyoto y apoyamos el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas.Estas legislaciones y nuestra adherencia a compromisos internacionales sugiere que estamos interesados en solucionar los problemas del medioambiente, sin embargo, no existe la voluntad política ni se han asignados los recursos técnicos y financieros que garantizarán su efectiva implementación. Asimismo, no existe una buena coordinación entre las instituciones del gobierno responsables de atender dicha problemática y los pocos esfuerzos que se promueven son desarrollados de manera aislada y sin alcanzar los resultados deseados. De igual manera, las autoridades locales y organizaciones de sociedad civil rara vez son tomadas en cuenta en procesos de consulta, planificación y ejecución de actividades.
Lo anterior revela el vacío entre legislaciones aprobadas y acciones gubernamentales implementadas y fortalece la actitud prevaleciente en el país de que el desarrollo económico requiere dañar el medioambiente, haciéndose evidente a través del avance de la frontera agrícola y la consecuente tala y quema indiscriminada de bosques para la agricultura, ganadería y leña; el establecimiento esporádico de asentamientos humanos en las orillas de ríos, lagos y lagunas; la sobreexplotación de recursos pesqueros; el uso masivo e inadecuado del agua para la irrigación; el uso extendido de fertilizantes químicos y el progresivo incremento de emisiones de dióxido de carbono.
Esta fallida perspectiva de desarrollo económico ha tenido como consecuencia una disminución de la productividad agrícola debido a sequías e inundaciones; la contaminación de ríos, lagos y lagunas, traducido en una menor disponibilidad de agua potable y recursos pesqueros de agua dulce; el agotamiento de reservas de pesca marina y la destrucción de ecosistemas marinos como los arrecifes de coral, principalmente por el uso de técnicas pesqueras como las jábegas, explosivos y trenes pesqueros de arrastre.
Estos problemas son exacerbados por condiciones de pobreza severa en regiones del país en donde la disponibilidad de tierras arables se ha visto reducida, teniendo las familias pobres y rurales que talar porciones de bosque para garantizar su subsistencia, con la obvia contradicción de que los bosques nicaragüenses, particularmente aquellos de la Costa Caribe, tienen suelos ácidos e inadecuados para las prácticas agrícolas tradicionales.
Nicaragua necesita una política ambiental que incluya el fomento de prácticas agrícolas sostenibles basadas en el uso de variedades de semillas de alto rendimiento, abono orgánico y técnicas de irrigación más eficientes; la implementación de la Estrategia Nacional para el Cambio Climático, considerando el país ha sido azotado por dos huracanes, un tsunami y múltiples inundaciones durante la década pasada; la protección del bosque tropical húmedo y la generación de ingresos en base a iniciativas de producción de oxígeno y fijación de carbono, y la progresiva adopción de energías renovables en hogares, negocios e industrias. Es indispensable un mejor manejo de la basura, ejerciendo vigilancia constante y sancionando a individuos o empresas que contaminan el medioambiente. Asimismo, la incorporación de buenas prácticas de protección del medioambiente en todos los niveles del pénsum académico, así como la preservación de prácticas económicas tradicionales de pueblos indígenas y afro descendientes que han demostrado ser sostenibles y adecuadas para el medio ambiente, deben ser asumidas como componentes integrales.
Esta política ambiental debe construirse de manera coordinada, enlazándose como eje transversal de los programas de gobierno, particularmente del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), el Ministerio de Salud (Minsa), el Instituto Nacional Forestal (Inafor), el Instituto de Desarrollo Rural (IDR) y el Ministerio de Educación (Mined), así como de los Gobiernos Regionales Autónomos y los Gobiernos Municipales, promoviendo a la vez la participación activa de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este tema.
El financiamiento para la implementación de la política puede venir del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como de las agencias de cooperación de los países desarrollados que se han comprometido a asignar el 0.7% de su PIB para apoyar el desarrollo sostenible en países pobres. Por lo tanto, la voluntad política y la disposición de trabajar de manera coordinada representan nuestros más grandes desafíos y dependerá de nosotros vencerlos o convertirlos en obstáculos permanentes.
Michael Campbell Hooker
Lic. Ciencias Políticas, Universidad Thomas More
MEDIO AMBIENTE: ARTICULO DE MICHAEL CAMPBELL HOOKER.



¿NICARAGUA NECESITA UNA POLITICA AMBIENTAL?
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en 1996 la Ley del Medioambiente y los Recursos Naturales (Ley 217), y en 2005, la Ley Especial de Delitos en Contra del Medioambiente y los Recursos Naturales (Ley 559). El Gobierno también firmó y ratificó en 1995 la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Económico y Social (Alides) y es el primer país de Centroamérica en desarrollar una Estrategia Nacional para el Cambio Climático, estableciendo también un Comité Nacional para la Administración del Agua. Asimismo, somos signatarios del Protocolo de Kyoto y apoyamos el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas.Estas legislaciones y nuestra adherencia a compromisos internacionales sugiere que estamos interesados en solucionar los problemas del medioambiente, sin embargo, no existe la voluntad política ni se han asignados los recursos técnicos y financieros que garantizarán su efectiva implementación. Asimismo, no existe una buena coordinación entre las instituciones del gobierno responsables de atender dicha problemática y los pocos esfuerzos que se promueven son desarrollados de manera aislada y sin alcanzar los resultados deseados. De igual manera, las autoridades locales y organizaciones de sociedad civil rara vez son tomadas en cuenta en procesos de consulta, planificación y ejecución de actividades.
Lo anterior revela el vacío entre legislaciones aprobadas y acciones gubernamentales implementadas y fortalece la actitud prevaleciente en el país de que el desarrollo económico requiere dañar el medioambiente, haciéndose evidente a través del avance de la frontera agrícola y la consecuente tala y quema indiscriminada de bosques para la agricultura, ganadería y leña; el establecimiento esporádico de asentamientos humanos en las orillas de ríos, lagos y lagunas; la sobreexplotación de recursos pesqueros; el uso masivo e inadecuado del agua para la irrigación; el uso extendido de fertilizantes químicos y el progresivo incremento de emisiones de dióxido de carbono.
Esta fallida perspectiva de desarrollo económico ha tenido como consecuencia una disminución de la productividad agrícola debido a sequías e inundaciones; la contaminación de ríos, lagos y lagunas, traducido en una menor disponibilidad de agua potable y recursos pesqueros de agua dulce; el agotamiento de reservas de pesca marina y la destrucción de ecosistemas marinos como los arrecifes de coral, principalmente por el uso de técnicas pesqueras como las jábegas, explosivos y trenes pesqueros de arrastre.
Estos problemas son exacerbados por condiciones de pobreza severa en regiones del país en donde la disponibilidad de tierras arables se ha visto reducida, teniendo las familias pobres y rurales que talar porciones de bosque para garantizar su subsistencia, con la obvia contradicción de que los bosques nicaragüenses, particularmente aquellos de la Costa Caribe, tienen suelos ácidos e inadecuados para las prácticas agrícolas tradicionales.
Nicaragua necesita una política ambiental que incluya el fomento de prácticas agrícolas sostenibles basadas en el uso de variedades de semillas de alto rendimiento, abono orgánico y técnicas de irrigación más eficientes; la implementación de la Estrategia Nacional para el Cambio Climático, considerando el país ha sido azotado por dos huracanes, un tsunami y múltiples inundaciones durante la década pasada; la protección del bosque tropical húmedo y la generación de ingresos en base a iniciativas de producción de oxígeno y fijación de carbono, y la progresiva adopción de energías renovables en hogares, negocios e industrias. Es indispensable un mejor manejo de la basura, ejerciendo vigilancia constante y sancionando a individuos o empresas que contaminan el medioambiente. Asimismo, la incorporación de buenas prácticas de protección del medioambiente en todos los niveles del pénsum académico, así como la preservación de prácticas económicas tradicionales de pueblos indígenas y afro descendientes que han demostrado ser sostenibles y adecuadas para el medio ambiente, deben ser asumidas como componentes integrales.
Esta política ambiental debe construirse de manera coordinada, enlazándose como eje transversal de los programas de gobierno, particularmente del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), el Ministerio de Salud (Minsa), el Instituto Nacional Forestal (Inafor), el Instituto de Desarrollo Rural (IDR) y el Ministerio de Educación (Mined), así como de los Gobiernos Regionales Autónomos y los Gobiernos Municipales, promoviendo a la vez la participación activa de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este tema.
El financiamiento para la implementación de la política puede venir del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como de las agencias de cooperación de los países desarrollados que se han comprometido a asignar el 0.7% de su PIB para apoyar el desarrollo sostenible en países pobres. Por lo tanto, la voluntad política y la disposición de trabajar de manera coordinada representan nuestros más grandes desafíos y dependerá de nosotros vencerlos o convertirlos en obstáculos permanentes.
Michael Campbell Hooker
Lic. Ciencias Políticas, Universidad Thomas More
martes, 27 de enero de 2009
EDUCACION AMBIENTAL CON LAS NUEVAS GENERACIONES: UNA ESTRATEGIA ACERTADA.

La educación ambiental será prioridad en las aulas de clases, desde que inicie el Preescolar hasta concluir el bachillerato, afirmó Verónica Morales, directora de la Unidad Ambiental del Ministerio de Educación. Indicó que los temas ambientales serán el eje transversal del currículo educativo, y será estudiado de manera integral, con el propósito de saber utilizar nuestros recursos. “Las escuelas no sólo tocarán los temas de manera teórica, sino de forma práctica, haciendo énfasis en la prevención”, dijo Morales.
Problemática ambiental: la basura.
La directora de la Unidad de Medio Ambiente afirmó que este ministerio ha realizado alianzas con el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, Marena, el Instituto Nacional Foresta, Inafor, y la Alcaldía, los cuales brindan capacitaciones a los estudiantes en materia ambiental. “Las brigadas escolares apoyan al Inafor en la campaña nacional de reforestación, y con la Alcaldía se trabaja en la recolección y selección de la basura”, dijo Morales. Afirmó que la basura es el problema más sentido, y dependiendo de la localidad, las escuelas hacen distintos proyectos. “A través de un convenio con la comuna capitalina, doce centros de reciclajes pasan recogiendo la basura, previamente seleccionada por los estudiantes”, expresó la funcionaria.Además, indicó que los directores de centros escolares tienen la obligación de hacer un plan de gestión ambiental, donde ellos detectan cuál es la problemática en la escuela y la comunidad, trabajando alrededor de eso. También se les brinda a los directores, docentes y estudiantes, talleres de capacitación sobre el manejo de la basura, igual en el caso de la reforestación, con el fin de que apliquen los conocimientos en sus casas y barrios, señaló la directora de la Unidad de Ambiental del Mined.
Más de 200 mil estudiantes involucrados.
En estas brigadas escolares trabajan 239 mil estudiantes. “En cada centro escolar, al menos 25 estudiantes deben estar organizados en tareas ambientales, ya sea en la elaboración de huertos, saneamiento ambiental, jornadas de limpieza, reforestación, esto enfocado en los problemas de cada localidad”, explicó Morales. Expresó que estas actividades extracurriculares forman valores en los estudiantes y los sensibilizan ante estos problemas.
CAUSAS DE CONTAMINACION DEL "MAR DULCE" DE NICARAGUA: LAGO COCIBOLCA.

Un estudio, realizado por las autoridades del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, (Marena-Rivas), reveló que en el departamento de Rivas existen ya plenamente identificadas 119 fuentes contaminantes del Lago Cocibolca. La investigación se realizó entre abril y septiembre de 2008 y revela que los municipios de Altagracia, San Juan del Sur y Rivas, son los que tienen el mayor número de contaminantes. De acuerdo a copia de dicha investigación, que está en nuestro poder, el estudio se realizó en los diez municipios del departamento, lo cual permitió detectar que hoteles, corrales de reses, plantas procesadoras de lácteos, industrias textileras y el ingenio Benjamín Zeledón, están entre las fuentes contaminantes del Gran Lago, así como el destace artesanal de reses y cerdos.
Desechos de sumideros directo al lago o esteros.
“En el departamento, las mayores fuentes de contaminación son los hoteles y restaurantes que se encuentran ubicados a orillas de las costas del Lago Cocibolca o el mar, ya que el turismo ha crecido de forma acelerada en estas zonas y en alguno de estos locales se ha descubierto que realizan vertido directo de los sumideros al lago o esteros”.
Aguas grises, otro grave problema.
El documento también detalla que otro problema con la contaminación, son los vertidos de agua grises que realiza la población en los ríos y citan como ejemplo el río de Oro, el cual desemboca en el Cocibolca por las costas de San Jorge. La investigación también reveló que a dicho río se le suman las descargas de las pilas de oxidación del municipio de Rivas. El delegado del Marena de Rivas, Mario José Rodríguez, explicó que en el estudio constataron que en el Cocibolca también se realizan labores propias del hogar tal como lavar ropa y utensilios de cocina, lo cual sucede más a menudo en San Jorge y Cárdenas.
Mal manejo de químicos.
A la vez se detectó daños por el mal manejo de agroquímicos usados en las diversas plantaciones, entre los que están el cultivo de caña de azúcar, papaya, calala, plátano, granadilla, entre otras. Según Rodríguez, con todas las fuentes contaminantes que encontraron, están trabajando para erradicar la contaminación que sufre el Cocibolca y agregó que en el cuarto foro nacional del Lago Cocibolca y Río San Juan, presentarán estos resultados para buscar la debida solución a esta mal. Dicho foro se realizará en Rivas en la última semana de abril.





