martes, 20 de abril de 2010

REGIONES AUTONOMAS: BASES DE UNA VERDADERA AUTONOMIA COSTEÑA.


Aprovechando inquietudes sobre algunos costeños en cuanto a Autonomía Costeña, quiero expresar y opinar un poco respecto a la susodicha autonomía que han pretendido meternos a regañadientes, tanto políticos nacionales como políticos costeños, estos últimos que yo les llamo "malos hijos de la Costa Atlántica de Nicaragua".

Leía en el facebook de un ciudadano costeño sobre seis puntos que él desearía se hiciesen realidad como reivindicación sustentada en una autonomía. Le decía en mi comentario que, todos esos 6 puntos deberían fundamentarse en el ejercicio de una verdadera Ley de Autonomía y de una real Autonomía de la Costa Atlántica de Nicaragua. Esto no existe en la actualidad, pues ambos gobiernos autónomas actúan y administran la cosa pública como que fuesen un ministerio más del Gobierno de Nicaragua.

¿Queremos una verdadera autonomía? Claro que sí, todos la deseamos, pero en la magnitud de lo normal al igual a como se pone en práctica en otras latitudes de nuestro planeta; ejemplo: Quebec-Montreal y España (Andalucía, País Vasco, Cataluña, Galicia, etc), en donde todo funciona como que fuesen Estados independientes, aun cuando siguen dentro del Estado canadiense y español respectivamente.

Lo que pasa en Nicaragua es lo siguiente: los políticos, o desconocen totalmente lo que es una Autonomía Territorial o Regional, o se hacen los "gatos bravos" para no reconocer lo que significa una verdadera Autonomía para el Caribe Nicaragüense. Lógicamente, dentro de toda esta maraña hay una serie de intereses diversos que, lamentablemente, han calado hasta lo más profundo de los huesos de los políticos costeños, que al igual que en tiempos de Somoza, actúan conforme los dictados y el son que les orientan los partidos nacionales y sus respectivos caudillos y maquilladores ideológicos.

Si existiera una real Autonomía en la Costa Caribe de Nicaragua sucedería lo siguiente, entre otras cosas más:

1) Los gobiernos autónomos tendrían su propia "Constitución Estatal" que en este caso podría ser la misma Ley de Autonomía modificada, enriquecida y completada;
2) Los gobiernos autónomos promulgarían y se regirían por sus propias leyes estatales regionales;
3) Las leyes nacionales no se inmiscuirían en las Regiones Autónomas, salvo cuando existan situaciones que ameriten la intervención de la Corte Suprema de Justicia o de la Asamblea Nacional;
4) Existiría una Ley Electoral autónoma en la cual participen solamente partidos regionales, sin la mínima injerencia de partidos y políticos nacionales;
5) La economía sería totalmente independiente, sobre la base de las inversiones y la explotación, goce y disfrute total de los recursos naturales de la Costa Atlántica de Nicaragua, con un pequeño aporte porcentual a la economía nacional, estando la mayoría dirigido al crecimiento económico regional y al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de todos los pueblos costeños;
6) La administración pública regional sería totalmente autónoma, la que estaría bajo la vigilancia y control de la Contraloría Regional y Procuraduría Regional de Justicia en cada gobierno autónomo. Dicha administración pública se desarrollaría sobre la base de su propio presupuesto regional, totalmente autónomo del Presupuesto General de la República.
7) El punto 6 significa entonces que ambos gobiernos autónomos tendrían sus propias estructuras gubernamentes, sus propios ministros o secretarios de Estado, sus propios congresistas (actuales consejales regionales), magistrados de justicia, jueces estatales, contraloría estatal, procuraduría y fiscalía estatal regional, etc.

¿Porqué no se quiere aprender de los gobiernos autónomos de otras partes del mundo? Si nos detenemos a pensar un poco del porqué no se cumple actualmente con tantos "ías" que he mencionado en cada uno de los puntos anteriores, es porque simplemente los políticos nacionales y costeños, NO DESEAN REALMENTE UNA VERDADERA AUTONOMIA DE LA COSTA ATLANTICA DE NICARAGUA....esa es la realidad.

Autor:
Alfonso Antonio Navarrete Centeno - Siuneño
Jurista, Economista, Cientista Social y Educador.

martes, 13 de abril de 2010

PROPUGNANDO POR UNA VERDADERA ETICA Y MORAL EN EL PODER JUDICIAL DE NICARAGUA.

Por: Alfonso Navarrete Centeno*


Necesidad de la ética y la sana conducta judicial.


¿Es importante la ética judicial? ¿Debe regularse la conducta ética en los Magistrados y Jueces del Poder Judicial? En los últimos años, el interés público parece haberse centrado en el ejercicio de los poderes estatales, en especial del Poder Judicial, interés manifestado en denuncias por actos de corrupción y por el funcionamiento de la organización judicial, calificada de obsoleta, engorrosa y lenta. No ha sido infrecuente escuchar o leer que el mal desempeño judicial es causa de que el país no pueda erradicar la corrupción, que se mantengan altos índices de delincuencia común y que no se favorezca el desarrollo económico de nuestra Nación.


Para la mayoría de los nicaragüenses todo eso parece cierto, pero no solo como mal propio del Poder Judicial, sino del Estado de Nicaragua y de la sociedad en sí misma. La corrupción es vista como mal de nuestros tiempos, en los que el poder identifica valor y precio ( “…dime cuánto pagan por ti, y te diré cuánto vales”. Sin embargo, también somos muchos los que pensamos que a pesar de esa situación, hay valores que están más allá de cualquier cotización, no hay quien los compre porque no están en venta; están fuera del mercado y por eso han sobrevivido. Esos valores sobrevivientes de toda pretensión económica son auténticos pilares para la sobrevivencia de la propia persona humana y de las sociedades; son los valores los que dan esperanza para buscar un camino seguro y democrático hacia el futuro.


La escena desagradable que todos vimos anoche (12 de Abril 2010) por la televisión, de dos altos Magistrados de nuestra Corte Suprema de Justicia en un franco pleito callejero, nos sirve de parámetro para poder darnos cuenta de lo que está ocurriendo en el Poder Judicial de Nicaragua. Con semejante acto la población nicaragüense y el mundo entero se dan cuenta que nuestros Magistrados no han definido o no quieren aceptar su propia identidad como integrantes de un poder del Estado, cuya función fundamental –la defensa de los derechos de todos los nicaragüenses- exige de cada uno de ellos un sostenido compromiso moral y democrático que excluya la posibilidad de actuar como tributarios del Poder Ejecutivo, partido político, persona o interés ajeno a ese fin.


La problemática judicial de Nicaragua es un tema espinoso; para abordarla se requiere examinar si las leyes, la preparación profesional de los funcionarios judiciales en todos los niveles, el presupuesto o la organización judicial son adecuados para satisfacer las demandas sobre el buen funcionamiento de la justicia. Pero, también es fundamental definir cómo la falta de una conducta ética de los Magistrados puede estar contribuyendo a no absolver tales demandas. De ahí que el tema de la ética y la moral judicial no debe ser realizado de manera superficial o desapercibida, sino por el contrario verlo como una perspectiva capaz de impregnar en todos la esperanza de ver una Corte Suprema de Justicia y un sistema judicial nicaragüense con un incuestionable compromiso moral partiendo de su propia conducta.


Ética y moral judicial.


Los dos principios básicos de la ética son la voluntad como razón, reflexión, inteligencia, y la libertad como capacidad de autodeterminación para escoger o decidir. Vistos de esta manera, la libertad se presenta como atributo de la voluntad; por eso es acertado decir que un funcionario judicial, Magistrado o Juez, es independiente solo cuando es capaz de decidir voluntariamente serlo, perfilándose como un objeto mismo de la ética y del acto humano libre, generador de la voluntad de actuar razonadamente, con pleno conocimiento, humanismo y solidaridad con los derechos humanos, civiles y constitucionales de toda la población.


El pueblo nicaragüenses sigue esperando el buen actuar de Magistrados y Jueces y de enfrentar la desconfianza ciudadana sobre el funcionamiento del Poder Judicial. Ya no se puede seguir ignorando, o pretendiendo ignorar, que la opinión pública es un acertado termómetro que está midiendo minuciosamente el desempeño de Jueces y Magistrados, de tal manera que se ha venido planteando, insistentemente, sobre la necesidad de un cambio de modelo judicial, donde el funcionario demuestre ser un juez pensante, imparcial y garantista, que resuelve aplicando el derecho justo, considerándose que la cuestión ética y moral es fundamental en su quehacer profesional. Tristemente, en Nicaragua muchos Jueces y Magistrados no son del mismo parecer, porque creen que lo ético no es relevante para el desempeño de la función.


Lo que ocurre, es que hace falta una comprensión real de lo que es la ética y su relación directa con la función jurisdiccional. En otras palabras, parece ser que lo que cuesta entender es que la ética no es un bello lirismo que sirve de adorno al discurso político y demagógico, sino que tiene aplicación práctica, efectos y consecuencias directos en cada uno de nuestros actos. Algunos creen que la ética solo debe regir la vida personal y no el ejercicio de la función; por eso, aunque demuestren talvez ser buenos padres de familia, son funcionarios judiciales que no vacilan en actuar y dictar resoluciones bajo la influencia de partidos políticos, caudillos, amigos o personas de alta influencia económica y social.


En otras palabras, por razón de las mismas influencias, por ignorancia, temor o simplemente alegando sobrecarga procesal, “…deciden no decidir; son quienes deciden no ver la situación nacional actual como un problema entre partes que deben solucionar, sino como un problema de ellos del que deben deshacerse a toda costa.”


Todos los funcionarios judiciales tienen que buscar como reivindicar la administración judicial del país, haciéndola digna y de crédito sobre la base de seis principios ya por ellos conocidos: independencia, imparcialidad, integridad, corrección, igualdad y competencia/diligencia; estos principios están íntimamente relacionados con sus propias conductas, con la vida privada del judicial y la conducta de sus familiares. Solamente de esta manera, particularmente nuestros Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo Jueces de Apelaciones, Distritales y Locales, se comportarán de forma consecuente con la dignidad de las funciones jurisdiccionales que el Estado de Nicaragua les ha confiado.


Los Magistrados de cada Sala de la Corte Suprema de Justicia, como miembros de la más alta jerarquía judicial del país, deben apropiarse de un modelo de conducta transparente y de actuación acorde al Derecho, que inspire confianza en cuanto al respeto a la dignidad humana y moderación en su vida social, demostrando así un verdadero profesionalismo impreso de sensibilidad humana y social. Para llegar a este nivel, los Magistrados y demás funcionarios judiciales tienen que humanizarse a sí mismos, aceptando el principio de independencia, fortaleciendo su imagen de autonomía, justicia, imparcialidad, honestidad, probidad, abstención de actividades políticas, diligencia judicial, transparencia y apertura, hasta alcanzar un comportamiento decoroso al nivel de sus investiduras.


Estamos conscientes que cambiar radicalmente el estado de las cosas que suceden en la Corte Suprema de Justicia y en todo el sistema judicial, es una tarea muy difícil por la complejidad y profundidad de los aspectos negativos involucrados. Pero, sea cual fuere la solución que se proponga, alcanzarla requerirá como cuestión previa, poner en agenda el compromiso ético y moral de los Magistrados y funcionarios judiciales en general.


Conclusiones.


Para concluir, la mejor política contra la corrupción y las irregularidades que genera el mal funcionamiento de la función judicial, será la que persiga cambiar la apreciación que los Magistrados y Jueces tienen de sí mismos, incentivándolos a la autorregulación de sus deberes como base de su independencia y, consiguientemente, la del Poder Judicial. Es necesario buscar procesos de autorregulación, porque no es ético el acto realizado por utilidad u obediencia, si no se ejecuta bajo la luz de la libertad y la voluntad de decidirlo.


Los códigos de ética no son ninguna panacea en materia de renovación de la conciencia jurídica estatal, sino que constituyen nada más que una entre otras medidas recomendables para la reforma de la justicia. No obstante, pueden contribuir realmente a mejorar el sistema de justicia, en el sentido de fomentar la construcción de un Poder Judicial fuerte e independiente. Es necesario que los Magistrados y todos los funcionarios judiciales vayan construyendo, mediante la reflexión conjunta, un modo de ejercer la función que sea el resultado del aprendizaje de valores y creencias comunes que los haga concientes de lo que son, creen y valoran como una verdadera identidad judicial.


*El autor es Jurista, Economista, Cientista Social y Educador.



jueves, 25 de febrero de 2010

LA FRONTERA AGRICOLA LLEGO A LA MENTALIDAD DE LOS POLITICOS COSTEÑOS.

Por: Dennis Mairena Araúz
Originario de Bluefields, Ingeniero Agrónomo, con
Maestría en Estudios Interdisciplinarios Educación-
Ambiente-Desarrollo.



En agosto pasado, estuve en Corn Island por motivos de trabajo, pero aproveché para participar en las festividades de la fiesta del crab soup (sopa de cangrejo) que se celebra cada año para conmemorar la abolición de la esclavitud en la isla. En agosto de 1841, el coronel Alexander McDonald, superintendente de la República de Honduras llegó a Corn Island para declarar la libertad de todos los esclavos en nombre de la Reina Victoria de Inglaterra y el Rey Roberto Carlos Federico, de la Mosquitia. Mientras muchos celebraban alegremente, unos compañeros de viaje y yo reflexionábamos sobre los cambios que notábamos ahora en estas celebraciones en Long Beach y concluimos que esto era la chontalización de la fiesta tradicional del crab soup. Lo que veíamos ahora era una serie de jovencitas, ataviadas con botas vaqueras, sombreros vaqueros, azulones, camisas a cuadro, hípico (aunque sólo fuesen tres caballos de paso), la música ranchera mexicana, los chicos del bar con sombreros de vaquero. Grave. Dijimos esto es grave, pues indica que no sólo la frontera agrícola llegó con la deforestación, el pasto y el ganado. Sino que llegó a la cultura local, a la cultura de Corn Island.


Más preocupación sentí al leer los comentarios que hace el candidato del PLC en la circunscripción 8, Anthony Roy Patterson y el candidato de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, en Laguna de Perlas, Joel Allen Wilson, (ambos citado por el Nuevo Diario, 20 febrero 2010. El Nuevo Diario, Edición 10606), ya que ambos proponen el desarrollo de actividades agrícolas en la Costa Caribe Nicaragüense. Por eso pienso… ahora la frontera agrícola llegó a la mentalidad de nuestros políticos. No sólo es el pasto y la palma africana que llegaron a las playas costeñas, ahora se está arraigando en la mentalidad de estos políticos. Me pregunto que si ellos saben que estos suelos son de vocación forestal. Es posible que este tipo de propuesta sea producto de una larga historia.


Las mal llamadas políticas de desarrollo implementadas desde siempre en Nicaragua, se han caracterizado por ofrecer un fuerte apoyo a la promoción y expansión del sector agropecuario, a pesar de la vocación forestal de la mayoría de los suelos del país. Este enfoque es una de las principales causas de la deforestación en el país. Estas mal llamadas políticas de desarrollo (porque al fin y al cabo no han logrado sacar a Nicaragua del subdesarrollo) no han fomentado el manejo y uso sostenible de los recursos naturales, o bien no incentivaron la protección y conservación del recurso forestal; peor aún, han promovido la idea de que los bosque parecen ser un estorbo, y se le otorgaba bajo valor económico en el mercado nacional, a pesar de que en el mercado internacional pudiera haber tenido alto valor. Sino, revisemos las cifras históricas de fondos dedicados a la agricultura y ganadería por parte de la banca nacional y los fondos dedicados a la forestería. En este último es insignificante.



Por otro lado, esas mal llamadas políticas de desarrollo, nunca tomaron en cuenta la vinculación existente entre los bosques y las culturas e identidades de los pueblos indígenas (PI) y a la existencia de la diversidad biológica que en ellos se alberga. No los tomaron en cuenta porque nunca lo han valorado. Asimismo, las políticas de desarrollo implementadas en la segunda mitad del siglo pasado tuvieron la misma lógica: el bosque tiene poco valor. Ese enfoque unida a la falta de articulación de las instancias de gobierno, en la gestión para el desarrollo ha provocado mayor deforestación. Más bien, Nicaragua ha sido reconocida como el granero de Centroamérica, lema que aún se sigue promoviendo por los gobierno de turno, a costa de los bosques.


Un ejemplo claro actualmente, de la mencionada la falta de articulación entre las instancias del Estado, es que dentro del sistema financiero hay líneas de financiamiento que fomentan actividades agrícolas, ganaderas y agroindustriales; no existe una política financiera que fomenten el uso racional y la conservación de los bosques, o la instalación de plantaciones forestales, es decir que no se cuenta con una política de desarrollo económico que sea consistente con los tipos de suelos y tipo de cobertura vegetal. Es más, como los territorios de los PI son de propiedad colectiva, el sistema financiero no otorga financiamiento, ya que ese tipo de tenencia de la tierra, les impide apropiarse de las mismas; no son buenas garantías bancarias. Por el contrario, se incentiva a la instauración de potreros (mejoras de la finca), financiando y valorando altamente la existencia de pastos, cercas, corrales, etc. Estas políticas quedaron estancadas en los años 60.


Esas mal llamada políticas de desarrollo, implementadas a partir de los años 60, basada en el desarrollo del algodón, el café, la caña de azucar y la ganadería en la zona del Pacífico y Centro de Nicaragua han provocado el desplazamientos de campesinos pobres, despojados de sus tierras. Ellos fueron obligados a buscar nueva opciones productivas, lo que a su vez provocó el avance de la frontera agrícola, en donde la lógica económica que prevalece es que la tierra tiene mayor valor sin bosque, en donde la ganadería y la agricultura generan mayor ganancia en el corto plazo. Esto demuestra que no hay políticas de desarrollo ambiental que se genere sobre la lógica de aprovechamiento sostenido de los recursos forestales. Más bien la práctica ha sido el fomento de actividades agropecuarias, insostenibles en suelos de vocación forestal, provocando graves problemas ambientales.


La aplicación de estas políticas, a la par del crecimiento demográfico que van en detrimento de los recursos forestales, ha provocado mayor pobreza en el país; cada vez más productores mestizos e indígenas, ejercen mayor presión sobre el recurso forestal, para la reconversión de los suelos en busca de opciones que les permita generar ingresos económicos en el corto plazo y sin visualizar el futuro.




El Estado de Nicaragua ha instaurado un sistemas extensivos de producción agrícola y ganadero. En los años 90´s, posteriormente a la guerra de diez años, el gobierno entrego grandes extensiones de tierra a los desmovilizados de las fuerzas armadas (Ejercito Popular Sandinista y Ministerio del Interior), al igual que a los grupos irregulares desarmados y de la contra-revolución. Estos grupos no estaban preparados para realizar manejo forestal de las áreas asignadas.


En el caso del territorio de Tasba Pri, en la RAAN, territorio que marca la frontera agrícola, que marca la diferencia entre culturas indígenas y mestizos, fue escenario de esas asignaciones de tierra. Todas las familias mestizas ahí asentadas venían de una cultura agrícola y no forestal. No recibieron asistencia técnica adecuada e hicieron lo que saben hacer, agricultura de granos básicos en suelos de vocación forestal, razón por la cual deforestaron enormes áreas de la zona. No sabían hacer otra cosa. Los árboles sólo servían para ser cortados. En la caso de las comunidades que conforman la parte ribereña de la cuenca del río Kukalaya, RAAN, se encuentran ocupados en un cien por ciento por ganaderos y pequeños agricultores mestizos. Estos están actualmente en un proceso franco de cambio de uso de suelo siguiendo los patrones desarrollados en las zonas de las minas (Siuna, Rosita y Bonanza). Este patrón socio – cultural – económico es seguido también por algunos miskitus que habita este territorio, como si fuese un modelo sostenible a seguir.


Una opción que los políticos autonómicos regionales deberían estudiar, es el caso de los programas de Reducción de las Emisiones por Deforestación y Degradación, más conocido como REDD, que impulsan como proyectos pilotos, tanto el PNUD y el Banco Mundial. A través de REDD se busca establecer negociaciones entre países dueños de bosques con países industrializados, para la fijación de carbono, a cambio de compensaciones. Ya en el mismo Tasba Pri, el Centro para la autonomía y desarrollo de los pueblos indígenas (CADPI) en asociación con al URACCAN trabajan en preparar a los líderes comunitarios en esa línea.


Muchos pueblos indígenas en el mundo le temen a REDD, por los riesgos que este representa contra los derechos de los pueblos indígenas. Pero en Regiones Autónomas del Caribe Nicaragüense se tiene la ventaja comparativa, respecto a otros países, para negociar REDD asegurando los derechos de pueblos indígenas, ya que tenemos el Estatuto de Autonomía (Ley 28) y la Ley de territorios indígenas (Ley 445). Además, tenemos el antecedente del caso de Awastigni frente al Estado de Nicaragua y el proceso de demarcación y titulación de los territorios indígenas que avanza poco a poco. Todo ellos fortalece el aseguramiento de los derechos de los pueblos indígenas.


El tiempo es corto y se está acabando, al igual que se están acabando los bosques. Todos tenemos que actuar ahora; por lo tanto, políticos funcionarios, sociedad civil, organizaciones ambientalistas, organizaciones indígenas, autoridades regionales y territoriales, debemos actuar ahora.



24 de Febrero 2010

Bilwi, RAAN

Fotografías: ANavarreteC.


jueves, 18 de febrero de 2010

CIUDAD MANAGUA: AMBIENTALISTAS EN DEFENSA DEL CERRO MOKORON (PEQUEÑA RESERVA NATURAL).


Antes de que lo acabe un General, denuncian comunidades.

Mokorón amerita un “traspaso” de mando a civiles.

* Colonia “Miguel Bonilla”, Los Ladinos, Jocote Dulce y Las Viudas defienden reserva, pero militar parece decirles: “Este Cucurucho es mi patio”.
* “Es necesario proteger este pequeño bosque, más aún con el cambio climático, y los estragos que pueden provocar las lluvias a los pobladores”, dice Centro Humboldt.
* Alertan a autoridades sobre destrucción de la cobertura vegetal en el único “pulmón verde” que queda dentro del perímetro de Managua.

Pobladores de la Colonia “Miguel Bonilla” y de las comarcas aledañas, en conjunto con el Centro Humboldt, presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República, la Fiscalía, el Ministerio del Ambiente, la Asamblea Nacional y la Alcaldía, en contra del general de Brigada Óscar Salvador Balladares Cardoza, por provocar daños ambientales en el cerro Mokorón.

Jorge Andrade solicitó sentar un precedente, pues de no hacerlo, vendrán otros militares con la intención de construir dentro del pulmón de Managua. Además, apeló a la importancia de esta reserva, la cual resguarda patrimonio histórico, arqueológico y ambiental del país.

Julio Sánchez, oficial de biodiversidad del Centro Humboldt, comentó que es importante revelar el daño que está causando el general Óscar Balladares al “Cucurucho”, pues además de ampliar su patio, cercenando terreno al cerro, también ha realizado remoción de suelo y de la cobertura vegetal en la reserva.

Por su parte, Andrade agregó que es necesario proteger este pequeño bosque, más aún con el cambio climático y los estragos que pueden provocar las lluvias a los pobladores que viven en la parte baja del cerro Mokorón.

No hay permisos de construcción.

Lo que más sorprende a los pobladores, es que el militar pasó por encima de una ley municipal, la cual prohíbe construir en esta reserva natural.

“Es por eso que vamos a interponer una denuncia ante la Alcaldía de Managua, que en 2008 acordó no emitir permisos de construcción en el cerro Mokorón, mientras la Asamblea Nacional no se pronuncie sobre la situación dentro del área”, expresó Sánchez.

El ambientalista también demostró que durante un monitoreo realizando en el cerro, se comprobó que el general Balladares ha talado árboles, hay pérdida de cobertura vegetal, remoción de suelo, y, consecuentemente, alteración al ecosistema.

“Conocemos que la comuna capitalina multó al general Balladares por construir dentro del cerro Mokorón, pero ahora estamos introduciendo una denuncia por daños al medioambiente”, dijo el oficial del Centro Humboldt.

Declararlo Parque Nacional.

“Actualmente existe en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y los Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, un anteproyecto de Ley presentado por la ciudadanía, para declarar al cerro Mokorón un Parque Nacional”, dijo el oficial de biodiversidad del Centro Humboldt.

Los pobladores de la Colonia “Miguel Bonilla”, Los Ladinos, Jocote Dulce y Las Viudas, piden a los diputados sandinistas que conforman la Comisión del Medioambiente, que sean “cristianos y solidarios”, dando el voto a favor de la declaración de Parque Nacional al Cerro Mokorón.

Tal declaración sólo cuenta con los votos de la bancada de la Alianza Liberal Nicaragüense, del Movimiento Renovador Sandinista y de la Bancada Democrática; pero hasta la fecha no cuenta con el respaldo del Frente Sandinista.

miércoles, 17 de febrero de 2010

COSTA ATLANTICA: ¿AUTONOMIA REAL O FICTICIA?


Políticos de Managua hacen campaña en la RAAS.
Caribeños ven contaminadas sus elecciones.
Califican como vulgar manoseo a régimen autonómico la actitud de
caudillos capitalinos que han desplazado de la campaña a los candidatos costeños.

Por: Heberto Jarquín - END, 12 de Febrero 2010.

Los liberales han llevado la imagen de María Fernanda Flores de Alemán como si se trata de candidata costeña a las elecciones. A la derecha, los orteguistas también sacan afiches de Daniel Ortega como si se fuese un candidato a consejero regional por la RAAS. Arnoldo Alemán y Daniel Ortega han trasladado su oprobioso pacto a la Costa Caribe nicaragüense, echando lodo sobre nuestro proceso autonómico”. Esta frase del ex alcalde de Bluefields y dirigente del MRS, Moisés Arana Cantero, refleja el malestar de amplios sectores de la sociedad costeña que rechazan el protagonismo de reconocidos dirigentes políticos de Managua, que han suplantado en la campaña proselitista a los candidatos autóctonos que aspiran a un curul en los Consejos Autónomos de la RAAN y la RAAS. El actual consejero regional de la RAAS, Alejandro Mejía Gaitán (disidente del PLC y jefe de bancada de Yatama), deploró que la escogencia de gran parte de los candidatos liberales constitucionalistas la haya hecho, a través del famoso “dedazo”, el diputado Francisco Sacasa Urcuyo. Mientras que Alejandra Urbina, una vivandera liberal de Bluefields, rechaza la presencia en esta ciudad del caudillo del PLC Arnoldo Alemán y su esposa María Fernanda Flores. “Al verlos a ellos dos, la gente creerá que todos los liberales somos sinvergüenzas”, deploró.

¿Pueblo Presidente? El partido de gobierno, el FSLN, también ha ignorado a sus candidatos y las camisetas, afiches y pancartas, que inundan las calles de Bluefields, contienen mensajes mesiánicos del presidente Daniel Ortega y de sus programas emblemáticos, tales como el ALBA, Hambre Cero y otros. “La gente siente rabia cuando ve tanta propaganda fantasiosa del gobierno; algunos ironizan diciendo que deberían cambiar la frase: ‘Pueblo Presidente por Pueblo Hambriento’, porque hambre es lo que están padeciendo los costeños”, comentó Santos Díaz, un sexagenario que se declara cansado de esperar que el INSS le cumpla con su jubilación.

¡Cuál tercera vía! “Cuando vemos el modo de actuar de los políticos, los costeños recordamos aquella frase que dice: Por sus actos los conoceréis”, afirmó Santos Díaz, para referirse a Eduardo Montealegre, que también ha tenido un rol protagónico en los comicios de la Costa Caribe.“Si un dirigente político quiere demostrarnos que es distinto a los dos grandes partidos (FSLN y PLC), no debería hacer lo que hacen los líderes de esas agrupaciones políticas que han hecho tanto daño en la RAAS y todo el país”, recalcó Díaz. Este ciudadano comentó que otra actitud que repudian los costeños es el uso de medios y recursos del Estado en la campaña electoral, “algo que es muy recurrente en el FSLN que controla varias instituciones y el PLC que domina el Gobierno Regional de la RAAS”, concluyó Díaz.