jueves, 25 de febrero de 2010

LA FRONTERA AGRICOLA LLEGO A LA MENTALIDAD DE LOS POLITICOS COSTEÑOS.

Por: Dennis Mairena Araúz
Originario de Bluefields, Ingeniero Agrónomo, con
Maestría en Estudios Interdisciplinarios Educación-
Ambiente-Desarrollo.



En agosto pasado, estuve en Corn Island por motivos de trabajo, pero aproveché para participar en las festividades de la fiesta del crab soup (sopa de cangrejo) que se celebra cada año para conmemorar la abolición de la esclavitud en la isla. En agosto de 1841, el coronel Alexander McDonald, superintendente de la República de Honduras llegó a Corn Island para declarar la libertad de todos los esclavos en nombre de la Reina Victoria de Inglaterra y el Rey Roberto Carlos Federico, de la Mosquitia. Mientras muchos celebraban alegremente, unos compañeros de viaje y yo reflexionábamos sobre los cambios que notábamos ahora en estas celebraciones en Long Beach y concluimos que esto era la chontalización de la fiesta tradicional del crab soup. Lo que veíamos ahora era una serie de jovencitas, ataviadas con botas vaqueras, sombreros vaqueros, azulones, camisas a cuadro, hípico (aunque sólo fuesen tres caballos de paso), la música ranchera mexicana, los chicos del bar con sombreros de vaquero. Grave. Dijimos esto es grave, pues indica que no sólo la frontera agrícola llegó con la deforestación, el pasto y el ganado. Sino que llegó a la cultura local, a la cultura de Corn Island.


Más preocupación sentí al leer los comentarios que hace el candidato del PLC en la circunscripción 8, Anthony Roy Patterson y el candidato de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, en Laguna de Perlas, Joel Allen Wilson, (ambos citado por el Nuevo Diario, 20 febrero 2010. El Nuevo Diario, Edición 10606), ya que ambos proponen el desarrollo de actividades agrícolas en la Costa Caribe Nicaragüense. Por eso pienso… ahora la frontera agrícola llegó a la mentalidad de nuestros políticos. No sólo es el pasto y la palma africana que llegaron a las playas costeñas, ahora se está arraigando en la mentalidad de estos políticos. Me pregunto que si ellos saben que estos suelos son de vocación forestal. Es posible que este tipo de propuesta sea producto de una larga historia.


Las mal llamadas políticas de desarrollo implementadas desde siempre en Nicaragua, se han caracterizado por ofrecer un fuerte apoyo a la promoción y expansión del sector agropecuario, a pesar de la vocación forestal de la mayoría de los suelos del país. Este enfoque es una de las principales causas de la deforestación en el país. Estas mal llamadas políticas de desarrollo (porque al fin y al cabo no han logrado sacar a Nicaragua del subdesarrollo) no han fomentado el manejo y uso sostenible de los recursos naturales, o bien no incentivaron la protección y conservación del recurso forestal; peor aún, han promovido la idea de que los bosque parecen ser un estorbo, y se le otorgaba bajo valor económico en el mercado nacional, a pesar de que en el mercado internacional pudiera haber tenido alto valor. Sino, revisemos las cifras históricas de fondos dedicados a la agricultura y ganadería por parte de la banca nacional y los fondos dedicados a la forestería. En este último es insignificante.



Por otro lado, esas mal llamadas políticas de desarrollo, nunca tomaron en cuenta la vinculación existente entre los bosques y las culturas e identidades de los pueblos indígenas (PI) y a la existencia de la diversidad biológica que en ellos se alberga. No los tomaron en cuenta porque nunca lo han valorado. Asimismo, las políticas de desarrollo implementadas en la segunda mitad del siglo pasado tuvieron la misma lógica: el bosque tiene poco valor. Ese enfoque unida a la falta de articulación de las instancias de gobierno, en la gestión para el desarrollo ha provocado mayor deforestación. Más bien, Nicaragua ha sido reconocida como el granero de Centroamérica, lema que aún se sigue promoviendo por los gobierno de turno, a costa de los bosques.


Un ejemplo claro actualmente, de la mencionada la falta de articulación entre las instancias del Estado, es que dentro del sistema financiero hay líneas de financiamiento que fomentan actividades agrícolas, ganaderas y agroindustriales; no existe una política financiera que fomenten el uso racional y la conservación de los bosques, o la instalación de plantaciones forestales, es decir que no se cuenta con una política de desarrollo económico que sea consistente con los tipos de suelos y tipo de cobertura vegetal. Es más, como los territorios de los PI son de propiedad colectiva, el sistema financiero no otorga financiamiento, ya que ese tipo de tenencia de la tierra, les impide apropiarse de las mismas; no son buenas garantías bancarias. Por el contrario, se incentiva a la instauración de potreros (mejoras de la finca), financiando y valorando altamente la existencia de pastos, cercas, corrales, etc. Estas políticas quedaron estancadas en los años 60.


Esas mal llamada políticas de desarrollo, implementadas a partir de los años 60, basada en el desarrollo del algodón, el café, la caña de azucar y la ganadería en la zona del Pacífico y Centro de Nicaragua han provocado el desplazamientos de campesinos pobres, despojados de sus tierras. Ellos fueron obligados a buscar nueva opciones productivas, lo que a su vez provocó el avance de la frontera agrícola, en donde la lógica económica que prevalece es que la tierra tiene mayor valor sin bosque, en donde la ganadería y la agricultura generan mayor ganancia en el corto plazo. Esto demuestra que no hay políticas de desarrollo ambiental que se genere sobre la lógica de aprovechamiento sostenido de los recursos forestales. Más bien la práctica ha sido el fomento de actividades agropecuarias, insostenibles en suelos de vocación forestal, provocando graves problemas ambientales.


La aplicación de estas políticas, a la par del crecimiento demográfico que van en detrimento de los recursos forestales, ha provocado mayor pobreza en el país; cada vez más productores mestizos e indígenas, ejercen mayor presión sobre el recurso forestal, para la reconversión de los suelos en busca de opciones que les permita generar ingresos económicos en el corto plazo y sin visualizar el futuro.




El Estado de Nicaragua ha instaurado un sistemas extensivos de producción agrícola y ganadero. En los años 90´s, posteriormente a la guerra de diez años, el gobierno entrego grandes extensiones de tierra a los desmovilizados de las fuerzas armadas (Ejercito Popular Sandinista y Ministerio del Interior), al igual que a los grupos irregulares desarmados y de la contra-revolución. Estos grupos no estaban preparados para realizar manejo forestal de las áreas asignadas.


En el caso del territorio de Tasba Pri, en la RAAN, territorio que marca la frontera agrícola, que marca la diferencia entre culturas indígenas y mestizos, fue escenario de esas asignaciones de tierra. Todas las familias mestizas ahí asentadas venían de una cultura agrícola y no forestal. No recibieron asistencia técnica adecuada e hicieron lo que saben hacer, agricultura de granos básicos en suelos de vocación forestal, razón por la cual deforestaron enormes áreas de la zona. No sabían hacer otra cosa. Los árboles sólo servían para ser cortados. En la caso de las comunidades que conforman la parte ribereña de la cuenca del río Kukalaya, RAAN, se encuentran ocupados en un cien por ciento por ganaderos y pequeños agricultores mestizos. Estos están actualmente en un proceso franco de cambio de uso de suelo siguiendo los patrones desarrollados en las zonas de las minas (Siuna, Rosita y Bonanza). Este patrón socio – cultural – económico es seguido también por algunos miskitus que habita este territorio, como si fuese un modelo sostenible a seguir.


Una opción que los políticos autonómicos regionales deberían estudiar, es el caso de los programas de Reducción de las Emisiones por Deforestación y Degradación, más conocido como REDD, que impulsan como proyectos pilotos, tanto el PNUD y el Banco Mundial. A través de REDD se busca establecer negociaciones entre países dueños de bosques con países industrializados, para la fijación de carbono, a cambio de compensaciones. Ya en el mismo Tasba Pri, el Centro para la autonomía y desarrollo de los pueblos indígenas (CADPI) en asociación con al URACCAN trabajan en preparar a los líderes comunitarios en esa línea.


Muchos pueblos indígenas en el mundo le temen a REDD, por los riesgos que este representa contra los derechos de los pueblos indígenas. Pero en Regiones Autónomas del Caribe Nicaragüense se tiene la ventaja comparativa, respecto a otros países, para negociar REDD asegurando los derechos de pueblos indígenas, ya que tenemos el Estatuto de Autonomía (Ley 28) y la Ley de territorios indígenas (Ley 445). Además, tenemos el antecedente del caso de Awastigni frente al Estado de Nicaragua y el proceso de demarcación y titulación de los territorios indígenas que avanza poco a poco. Todo ellos fortalece el aseguramiento de los derechos de los pueblos indígenas.


El tiempo es corto y se está acabando, al igual que se están acabando los bosques. Todos tenemos que actuar ahora; por lo tanto, políticos funcionarios, sociedad civil, organizaciones ambientalistas, organizaciones indígenas, autoridades regionales y territoriales, debemos actuar ahora.



24 de Febrero 2010

Bilwi, RAAN

Fotografías: ANavarreteC.


jueves, 18 de febrero de 2010

CIUDAD MANAGUA: AMBIENTALISTAS EN DEFENSA DEL CERRO MOKORON (PEQUEÑA RESERVA NATURAL).


Antes de que lo acabe un General, denuncian comunidades.

Mokorón amerita un “traspaso” de mando a civiles.

* Colonia “Miguel Bonilla”, Los Ladinos, Jocote Dulce y Las Viudas defienden reserva, pero militar parece decirles: “Este Cucurucho es mi patio”.
* “Es necesario proteger este pequeño bosque, más aún con el cambio climático, y los estragos que pueden provocar las lluvias a los pobladores”, dice Centro Humboldt.
* Alertan a autoridades sobre destrucción de la cobertura vegetal en el único “pulmón verde” que queda dentro del perímetro de Managua.

Pobladores de la Colonia “Miguel Bonilla” y de las comarcas aledañas, en conjunto con el Centro Humboldt, presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República, la Fiscalía, el Ministerio del Ambiente, la Asamblea Nacional y la Alcaldía, en contra del general de Brigada Óscar Salvador Balladares Cardoza, por provocar daños ambientales en el cerro Mokorón.

Jorge Andrade solicitó sentar un precedente, pues de no hacerlo, vendrán otros militares con la intención de construir dentro del pulmón de Managua. Además, apeló a la importancia de esta reserva, la cual resguarda patrimonio histórico, arqueológico y ambiental del país.

Julio Sánchez, oficial de biodiversidad del Centro Humboldt, comentó que es importante revelar el daño que está causando el general Óscar Balladares al “Cucurucho”, pues además de ampliar su patio, cercenando terreno al cerro, también ha realizado remoción de suelo y de la cobertura vegetal en la reserva.

Por su parte, Andrade agregó que es necesario proteger este pequeño bosque, más aún con el cambio climático y los estragos que pueden provocar las lluvias a los pobladores que viven en la parte baja del cerro Mokorón.

No hay permisos de construcción.

Lo que más sorprende a los pobladores, es que el militar pasó por encima de una ley municipal, la cual prohíbe construir en esta reserva natural.

“Es por eso que vamos a interponer una denuncia ante la Alcaldía de Managua, que en 2008 acordó no emitir permisos de construcción en el cerro Mokorón, mientras la Asamblea Nacional no se pronuncie sobre la situación dentro del área”, expresó Sánchez.

El ambientalista también demostró que durante un monitoreo realizando en el cerro, se comprobó que el general Balladares ha talado árboles, hay pérdida de cobertura vegetal, remoción de suelo, y, consecuentemente, alteración al ecosistema.

“Conocemos que la comuna capitalina multó al general Balladares por construir dentro del cerro Mokorón, pero ahora estamos introduciendo una denuncia por daños al medioambiente”, dijo el oficial del Centro Humboldt.

Declararlo Parque Nacional.

“Actualmente existe en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y los Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, un anteproyecto de Ley presentado por la ciudadanía, para declarar al cerro Mokorón un Parque Nacional”, dijo el oficial de biodiversidad del Centro Humboldt.

Los pobladores de la Colonia “Miguel Bonilla”, Los Ladinos, Jocote Dulce y Las Viudas, piden a los diputados sandinistas que conforman la Comisión del Medioambiente, que sean “cristianos y solidarios”, dando el voto a favor de la declaración de Parque Nacional al Cerro Mokorón.

Tal declaración sólo cuenta con los votos de la bancada de la Alianza Liberal Nicaragüense, del Movimiento Renovador Sandinista y de la Bancada Democrática; pero hasta la fecha no cuenta con el respaldo del Frente Sandinista.

miércoles, 17 de febrero de 2010

COSTA ATLANTICA: ¿AUTONOMIA REAL O FICTICIA?


Políticos de Managua hacen campaña en la RAAS.
Caribeños ven contaminadas sus elecciones.
Califican como vulgar manoseo a régimen autonómico la actitud de
caudillos capitalinos que han desplazado de la campaña a los candidatos costeños.

Por: Heberto Jarquín - END, 12 de Febrero 2010.

Los liberales han llevado la imagen de María Fernanda Flores de Alemán como si se trata de candidata costeña a las elecciones. A la derecha, los orteguistas también sacan afiches de Daniel Ortega como si se fuese un candidato a consejero regional por la RAAS. Arnoldo Alemán y Daniel Ortega han trasladado su oprobioso pacto a la Costa Caribe nicaragüense, echando lodo sobre nuestro proceso autonómico”. Esta frase del ex alcalde de Bluefields y dirigente del MRS, Moisés Arana Cantero, refleja el malestar de amplios sectores de la sociedad costeña que rechazan el protagonismo de reconocidos dirigentes políticos de Managua, que han suplantado en la campaña proselitista a los candidatos autóctonos que aspiran a un curul en los Consejos Autónomos de la RAAN y la RAAS. El actual consejero regional de la RAAS, Alejandro Mejía Gaitán (disidente del PLC y jefe de bancada de Yatama), deploró que la escogencia de gran parte de los candidatos liberales constitucionalistas la haya hecho, a través del famoso “dedazo”, el diputado Francisco Sacasa Urcuyo. Mientras que Alejandra Urbina, una vivandera liberal de Bluefields, rechaza la presencia en esta ciudad del caudillo del PLC Arnoldo Alemán y su esposa María Fernanda Flores. “Al verlos a ellos dos, la gente creerá que todos los liberales somos sinvergüenzas”, deploró.

¿Pueblo Presidente? El partido de gobierno, el FSLN, también ha ignorado a sus candidatos y las camisetas, afiches y pancartas, que inundan las calles de Bluefields, contienen mensajes mesiánicos del presidente Daniel Ortega y de sus programas emblemáticos, tales como el ALBA, Hambre Cero y otros. “La gente siente rabia cuando ve tanta propaganda fantasiosa del gobierno; algunos ironizan diciendo que deberían cambiar la frase: ‘Pueblo Presidente por Pueblo Hambriento’, porque hambre es lo que están padeciendo los costeños”, comentó Santos Díaz, un sexagenario que se declara cansado de esperar que el INSS le cumpla con su jubilación.

¡Cuál tercera vía! “Cuando vemos el modo de actuar de los políticos, los costeños recordamos aquella frase que dice: Por sus actos los conoceréis”, afirmó Santos Díaz, para referirse a Eduardo Montealegre, que también ha tenido un rol protagónico en los comicios de la Costa Caribe.“Si un dirigente político quiere demostrarnos que es distinto a los dos grandes partidos (FSLN y PLC), no debería hacer lo que hacen los líderes de esas agrupaciones políticas que han hecho tanto daño en la RAAS y todo el país”, recalcó Díaz. Este ciudadano comentó que otra actitud que repudian los costeños es el uso de medios y recursos del Estado en la campaña electoral, “algo que es muy recurrente en el FSLN que controla varias instituciones y el PLC que domina el Gobierno Regional de la RAAS”, concluyó Díaz.

jueves, 21 de enero de 2010

DERECHO AMBIENTAL: CONOCIENDO UN POCO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA AGENDA 21.

Por: M. Sc. Alfonso Navarrete Centeno – 21 de Enero 2010.

Breve introducción.

En los últimos días del año 2009, un grupo de amigos y vecinos hablábamos sobre temas ambientales y recursos naturales de Nicaragua, y dentro de la conversación salieron inquietudes sobre el rol de los organismos internacionales en materia ambiental y de formas regulatorias para detener la destrucción de los recursos naturales del país. Alguno de estos amigos tocó el tema de la Agenda 21, y pude observar que no manejaban mayor información al respecto, y considerando su importancia para nosotros los nicaragüenses y el mundo en general, decidí preparar un resumen sobre el contenido de esta declaración internacional.

La Agenda 21, o Programa 21 como también se le conoce, es un grueso documento aprobado en 1992 por la Asamblea General de Naciones Unidas, reunidas para la ocasión en Río de Janeiro, Brasil, en la llamada Cumbre de la Tierra, denominada oficialmente la Conferencia de Naciones Unidas para Medio Ambiente y Desarrollo.


Si bien el denominado Programa de Acción de Naciones Unidas para el Siglo XXI, suscrito por la totalidad de los países miembros de la ONU, es un documento no obligante, sin fuerza jurídica, de carácter indicativo, es importante recordar que la redacción del texto definitivo encontró variadas resistencias frente a los representantes oficiales de algunas naciones, particularmente del primer mundo, y el mismo fue objeto de presiones contrarias por parte del lobby que representaba los intereses de las grandes corporaciones transnacionales. De hecho, aún antes de decidirse el tema oficial de la conferencia, existían sectores interesados en deslindar la problemática ambiental como ajena a los problemas de desarrollo.


Aunque en Nicaragua no se ha preparado una Agenda 21 como tal, existen algunos documentos que se inspiran en los temas del Desarrollo Sostenible coincidiendo con la lógica y planteamientos de la Agenda 21, particularmente los relacionados con políticas y estrategias nacionales referidas al medio ambiente y su relación con el desarrollo económico y social del país, los cuales fueron oficialmente decretados como marcos estratégicos y jurídicos que orientan las propuestas oficiales y de la sociedad civil, que facilitan la puesta en marcha de las iniciativas contempladas en dicha Agenda 21.


Tales documentos son:

  • Estrategia para la Conservación y el Desarrollo Sostenible de Nicaragua ECODESNlC, decretado mediante Acuerdo Presidencial 246-92 del 7 de Septiembre de 1992.
  • El Esquema de Ordenamiento Ambiental del Territorio EOAT, aprobado mediante Acuerdo Presidencial 246-92.
  • El Plan de Acción Forestal oficializado el 7 de Diciembre de 1992 mediante Decreto Ejecutivo No. 246-92.
  • El Plan de Acción Ambiental oficializado mediante Acuerdo Presidencial No. 261-93 el 3 de Diciembre de 1993.
  • La Ley 217. Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, promulgada por la Asamblea Nacional el 27 de Marzo de 1996 y su Reglamento, Decreto No. 9-96 del 25 de Julio de 1996.

Paralelamente, Nicaragua preparó una Agenda Nacional que definió la posición oficial de este país ante la Cumbre de Río UNCED 92. Asimismo, en Nicaragua se suscribió en octubre de 1994 durante la realización de la Cumbre Centroamericana sobre Ambiente y Desarrollo, la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible ALIDES, que además de declaraciones contiene una serie de compromisos (Volcán Masaya), relacionados con acciones regionales sobre el medio ambiente.


El gobierno de Nicaragua transformó mediante Decreto 1-94 el anterior Instituto de Recursos Naturales y del Ambiente IRENA, en el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales MARENA, a cargo de coordinar y dirigir la política ambiental del Estado y promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la nación, teniendo entre sus responsabilidades desarrollar planes y programas, de acuerdo con los compromisos suscritos en estas materias, tanto a nivel nacional como internacional.


El MARENA ha actuado como punto focal de las iniciativas de la Agenda 21, mientras se procedía a la integración del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible y se estudiaban las formas de compartir acciones con las organizaciones de la Sociedad Civil, la que a su vez, ha venido elaborando propuestas y presiones para agilizar esas iniciativas. El cambio de gobierno, abre las posibilidades de concretar acciones y estrechar la coordinación entre el estado y las organizaciones de la Sociedad Civil.


Parte de las iniciativas civiles en estos temas, corresponden entre otras, a la consulta nacional realizada en Julio de 1996, en donde organizaciones de la Sociedad Civil elaboraron documentos para ser presentados en la Cumbre Latinoamericana del Desarrollo Sostenible realizada en Bolivia en diciembre 1996. Precisamente, la consulta actualmente realizada para RlO+5, profundiza las formas de participación de las organizaciones civiles y ambientalistas y su interacción con las instancias de Gobierno.


Nicaragua, dentro del marco de ALIDES, ha planificado su parte correspondiente del Corredor Biológico; está formulando mediante un amplio proceso participativo una propuesta de Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas y se encuentra estudiando las opciones para contribuir a reducir los cambios climáticos, dentro del marco de CONCAUSA y la Iniciativa de Implementación Conjunta.


Resumen del contenido de la Agenda 21.


En el curso de los dos últimos decenios comenzó a tomarse conciencia de que no pueden existir ni una economía ni una sociedad prósperas en un mundo aquejado por tanta pobreza y tan aguda degradación del entorno. Si bien no cabe detener el desarrollo económico, urge encauzarlo de modo que perjudique menos al medio ambiente. En el decenio de 1990, el desafío consiste en generar acción surgida de esta conciencia y lograr la transición a esquemas de vida y desarrollo sostenibles. Sea en la granja o en la sala de juntas, en el supermercado o en la elaboración del presupuesto nacional, deberemos optar por el cambio.


Comienzan a perfilarse senderos que conducen al desarrollo sostenible. La Agenda 21 constituye un manual de referencia para la determinación de políticas empresariales y gubernamentales, así como para la adopción de decisiones personales con las que nos adentraremos en el próximo siglo. Este documento fue suscrito en la Cumbre de la Tierra, la más vasta reunión de dirigentes mundiales, que se celebró en (el mes de junio) de 1992, en Río de Janeiro (Brasil). Asistieron a esta reunión, organizada durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, los jefes o los más altos representantes de los Gobiernos de 179 países, junto con cientos de funcionarios de los organismos de las Naciones Unidas, de representantes de gobiernos municipales, círculos científicos y empresariales, así como de organizaciones no gubernamentales y otros grupos. Paralelamente, en el contexto del Foro Mundial '92, tuvieron lugar diversas reuniones, charlas, seminarios y exposiciones públicas sobre cuestiones relativas al medio ambiente y al desarrollo, a las que acudieron 18,000 participantes de 166 países y unos 450,000 visitantes. Cerca de 8,000 periodistas se informaron acerca de las reuniones en Río de Janeiro, y los resultados se dieron a conocer en todo el mundo por medio de la prensa, la radio y la televisión.


Los cimientos para el proceso de Río de Janeiro se sentaron en 1972, durante la primera reunión mundial sobre el medio ambiente, la Conferencia sobre Medio Humano, celebrada en Estocolmo con la participación de los representantes de 113 naciones. La Organización de las Naciones Unidas estableció, en 1983, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Cuatro años más tarde, en su histórico informe ésta advertía que la humanidad debía cambiar las modalidades de vida y de interacción comercial, si no deseaba el advenimiento de una era con inaceptables niveles de sufrimiento humano y degradación ecológica. La Comisión señalaba que la economía mundial debía satisfacer las necesidades y aspiraciones legítimas de la población, pero que el crecimiento debía guardar consonancia con el carácter finito de los recursos del Planeta.


La denominada Comisión Bruntland, en honor de su presidenta, exhortó al inicio de una nueva era de desarrollo económico racional desde el punto de vista ecológico. Declaró que la humanidad contaba con la aptitud para lograr un desarrollo sostenible, esto es, aquél que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin socavar la capacidad de las generaciones futuras para satisfacerlas suyas. En 1989, la Organización de las Naciones Unidas comenzó la planificación de la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en la que se trazarían los principios para alcanzar un desarrollo sostenible. Durante dos años, numerosos expertos en todo el mundo se dedicaron con ahínco a la concertación de acuerdos que jalonaron el camino a Río de Janeiro. Se obtuvo una apertura sin precedentes del sistema internacional de negociaciones.

Miles de miembros de organizaciones no gubernamentales, grupos de empresarios, docentes, asociaciones femeninas, grupos indígenas y otros colectivos, contribuyeron al proceso de Río de Janeiro. Los cinco documentos de Río de Janeiro: En Río de Janeiro se concertaron dos acuerdos internacionales y se formularon dos declaraciones de principios y un vasto programa de acción sobre desarrollo mundial sostenible: La Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en cuyos 27 principios se definen los derechos y responsabilidades de las naciones en la búsqueda del progreso y el bienestar de la humanidad; La Agenda 21, linotipo de normas tendentes al logro de un desarrollo sostenible desde el punto de vista social, económico y ecológico; Una Declaración de Principios para orientar la gestión, la conservación y el desarrollo sostenible de todos los tipos de bosques, esenciales para el desarrollo económico y para la preservación de todas las formas de vida.


Además, por separado pero en paralelo a los preparativos de la Cumbre para la Tierra, se negociaron dos convenciones que suscribieron la mayoría de gobiernos reunidos en Río de Janeiro. "El propósito de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es la estabilización de los gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera en niveles que no trastoquen peligrosamente el sistema climático mundial. Para ello se requiere la disminución de emisiones de gases tales como el dióxido de carbono generado como subproducto de la utilización de combustibles para obtener energía. En el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica se exhorta a los países a encontrar cauces y medios para preservar la variedad de especies vivientes y velar por el equitativo beneficio del aprovechamiento de la diversidad biológica.


La Agenda 21 explica que la población, el consumo y la tecnología son las principales fuerzas determinantes del cambio ecológico. Deja claramente sentada la necesidad de reducir en ciertos lugares del mundo las modalidades de consumo ineficaces y con elevado desperdicio, fomentando simultáneamente en otras zonas un desarrollo más intenso y sostenible. Se proponen políticas y programas para la consecución de un equilibrio duradero entre el consumo, la población y la capacidad de sustento de la tierra. Se describen algunas de las técnicas y tecnologías que han de fomentarse para la satisfacción de las necesidades humanas, combinadas con una cuidadosa gestión de los recursos naturales. La Agenda 21 plantea opciones para luchar contra la degradación de la tierra, el aire y el agua, así como para la conservación de los bosques y de la diversidad de especies. Trata de la pobreza y el consumo excesivo, de la salud y la educación, de las ciudades y los granjeros. A todos nos incumbe una función: a los gobiernos, a las empresas, a los sindicatos, a los científicos, a los docentes, a los pueblos indígenas, a las mujeres, a los jóvenes y a los niños.


En la Agenda 21 no se soslayan el sector de los negocios; se dice que el desarrollo sostenible es el cauce para luchar contra la pobreza y la destrucción del medio ambiente. En la actualidad, el éxito del desarrollo económico se mide principalmente en función de la cantidad de dinero producida. No obstante, los sistemas contables utilizados para determinar la riqueza de las naciones deberían también cuantificar el valor cabal de los recursos naturales y el costo total de la degradación del entorno. En principio, quien contamina debería sufragar el costo de la contaminación. A fin de disminuir el riesgo de eventuales efectos perniciosos para el medio ambiente, debería procederse a una evaluación ecológica antes de poner en práctica proyectos que podrían tener efectos nocivos para el entorno. Los gobiernos deberían disminuir o eliminar los subsidios que no favorezcan el desarrollo sostenible. Uno de los grandes principios propugnados en la Agenda 21 es la necesidad de la erradicación de la pobreza, concediendo a las personas desfavorecidas el acceso a los recursos que les permitirían vivir de manera sostenible. Mediante la aprobación de la Agenda 21, los países industrializados reconocieron que en el saneamiento del entorno les incumbe mayor responsabilidad que a las naciones pobres donde se genera relativamente menos contaminación.


Las naciones más pudientes prometieron, así mismo, aumentar los fondos asignados a la asistencia para el desarrollo de otras naciones, conforme a modalidades menos perjudiciales para el medio ambiente. Además de la financiación, es necesario ayudar a esas naciones a dotarse de la pericia, entendida como la capacidad, para planificar y ejecutar decisiones que favorezcan el desarrollo sostenible. Ello requerirá la transferencia de información y conocimientos. La Agenda 21 exhorta a los gobiernos a que adopten estrategias nacionales para el desarrollo sostenible. Estas deberán elaborarse con la amplia participación de todos los sectores, incluidas las organizaciones no gubernamentales y el público en general. La Agenda 21 coloca a los gobiernos nacionales en la vanguardia del proceso de cambio, pero destaca la necesidad de que estos obren en amplia asociación con las organizaciones internacionales, la empresa, las autoridades locales, regionales, provinciales y estatales, así como junto con asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales.


Conforme se señala en la Agenda 21, tan sólo mediante un esfuerzo mundial mancomunado se logrará un futuro más próspero y seguro para todas las naciones.


Fuente: La Agenda 21 y los demás Acuerdos de Río de Janeiro en versión simplificada. Publicado por el Centro para Nuestro Futuro Común. Resumen de ANavarreteC - Nicaragua.

lunes, 11 de enero de 2010

NICARAGUA: ARTICULO DE CARLOS EMILIO LOPEZ EN DEFENSA DE LA RESERVA BOSAWAS.

DETENGAMOS EL ECOCIDIO, SALVEMOS BOSAWAS.

Detengamos el ecocidio, salvemos Bosawás - Foto

Bosawás es la reserva forestal más grande de América Central, la segunda más grande de América Latina, con 2,000,000 hectáreas, y la tercera a nivel mundial con un área aproximada de 7.441 km². Se encuentra ubicada en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), cubre parte de los departamentos de Jinotega y Nueva Segovia, tiene una Zona de Amortiguamiento de 12,000 km² y está cercada por los límites administrativos de seis municipios adyacentes, Bonanza, Siuna, Waspam, Waslala, Wiwilí y Cua-Bocay. Fue declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco en 1997.


Esta fuente de vida alberga importantes depósitos de agua; por sus venas corren ríos a los que debe su nombre, como “Bocay”, Cerro “Saslaya”, “Waspuk”, además el Coco o Wankí, el Ayapal, entre otros. Está cubierta por diversas especies forestales, bosques tropicales húmedos; tiene elevaciones en donde vive fauna abundante y biodiversidad ecológica. En este Edén nicaragüense y planetario viven más de 270 especies de plantas; muchas de las cuales tienen atributos alimenticios, ornamentales y medicinales. Es santuario de muchas aves, ente ellas quetzales, águilas, guacamayas y es colonia de felinos como el puma y el jaguar, entre otras decenas de especies animales.


Bosawás es una reserva ambiental y cultural, porque ahí habitan pueblos originarios con sus costumbres, formas de organización, cosmovisión y lenguas, como los Ramas, Mayangnas y Miskitos, en varios territorios propios como Miskito Indian Tasbaika Kum, Kipla Sait Tasbaik, Li Lamni Tasbaika Kum, Mayangna Sauni As, Mayangna Sauni Bu, Mayangna Sauni Bas. Estas comunidades fueron olvidadas por muchos años por las autoridades de los gobiernos centrales, regionales y municipales, viviendo por mucho tiempo en condiciones de pobreza.


Esta reserva genera oxígeno limpio a millones de personas, contribuye a la conservación de los suelos y regula el ciclo hidrológico, absorbe y fija el dióxido de carbono que generan las ciudades de América Central, contribuyendo a la mitigación del efecto invernadero. Bosawás podría ser fuente de desarrollo económico, energético, de transporte y turismo si se usa de forma respetuosa, racional y sostenible.
Este órgano de la madre tierra ha sido protegido desde tiempos remotos por los pueblos originarios; sin embargo, desde hace algunos años se encuentra amenazado, atacado y herido por diversos agentes y factores, los actos que se cometen son delitos ambientales que han quedado en la impunidad.


Entre los factores que se convierten en elementos agresivos contra estas selvas umbrófilas, tropicales y ecuatoriales se encuentran: el avance de la frontera agrícola, los asentamientos de “colonos” que están talando el bosque con sus prácticas agrícolas enemigas del ambiente, como el uso de pesticidas y las quemas; los mestizos empujados por la histórica pobreza y el hambre, los que están extinguiendo especies de animales y plantas; la deforestación ilegal de mafias madereras, con sus aserrios portátiles y las complicidades de algunas autoridades locales.


A la luz de denuncias recientes de ambientalistas e indígenas uno de los principales problemas que esta atentando contra Bosawas es que grupos de ecocidas (criminales ambientales) están traficando tierras, internados en el bosque, cercando con alambres de púas grandes cantidades de tierras, que después venden al mejor postor. Tienen parcelas georreferenciadas en el corazón de la foresta que están vendiendo como mercancías, utilizándolas inclusive para sembrar marihuana. Están depredando, deforestando y devastando el bosque, colonizando aceleradamente los territorios indígenas, según los síndicos de la naturaleza.


Estos hechos implican violación a derechos humanos como el derecho a vivir en ambientes saludables, el derecho al aire puro, al agua sana y limpia, el derecho a que se respeten los ecosistemas. Estos derechos están consignados en la Ley General de Medioambiente y los Recursos Naturales y su Reglamento, Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal y su Reglamento, entre otras. Además, son violaciones a los derechos de los pueblos indígenas como el derecho a que se respeten sus territorios, sus formas de organización, costumbres y tradiciones. Estos derechos están reconocidos en la Constitución Política, el Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua y su reglamento, Ley de Régimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz; entre otras leyes.


Todos estos actos están considerados como delitos ambientales por el nuevo Código Penal, en su Título XV, Capítulo III, artículos 373 al 388, Delitos contra los Recursos Naturales; algunos de ellos: “Aprovechamiento ilegal de recursos naturales, Desvío y aprovechamiento ilícito de aguas, Caza de animales en peligro de extinción, comercialización de fauna y flora, incendios forestales, corte, aprovechamiento y veda forestal, talas en vertientes y pendientes, incumplimiento de Estudio de Impacto Ambiental, entre otros. Frente a esta barbarie ambiental las instituciones del Estado han desarrollado importantes acciones, como por ejemplo el Marena, ha desarrollado proyectos de conservación y preservación de la Reserva, impulso de campañas para reducir los incendios forestales, detener el avance de la frontera agrícola y la puesta en función de ocho puestos de control en los municipios de Waspam, Bonanza, Siuna, Waslala, Cua, Bocay y Wiwilí, y patrullas sobre la reserva en coordinación con la Policía y el Ejército de Nicaragua.

Los Comités Municipales de Prevención de Desastres (Comupred) y los Comités Comunales de Prevención de Desastres han hecho trabajos interesantes sobre prevención, mitigación y rehabilitación frente a desastres naturales; algunas autoridades judiciales han abierto procesos penales contra los delincuentes ambientales, sin embargo estas acciones requieren ser ampliadas y potenciadas, por medio de:


La continuidad de los procesos penales iniciados y la respectiva sanción de conformidad con las leyes.

La apertura de nuevos procesos penales contra todos los implicados en delitos ambientales.

El irrestricto respeto a los territorios de los pueblos indígenas.
La implementación de una Política Ambiental nacional de protección de los recursos naturales, combinada con Políticas Económicas y Sociales Regionales sostenibles.
La ampliación de la actuación combinada de la Policía y el Ejército para desmantelar la mafia maderera.


El reconocimiento del liderazgo y la vocería indígena en la protección de sus recursos y de su (nuestra) madre tierra.
Líderes indígenas mayangnas, miskitos, hermanos Blanca, Kamilo, Agustín, Arcadio, organizaciones comprometidas con el ambiente como el Centro Humboldt, Adecomebo, Fonare y otras, sigan defendiendo este pulmón de la humanidad.

ccasaabierta@yahoo.com
Promotor de Derechos Humanos
- Carlos Emilio López - Autor


El Nuevo Diario, Enero 7, 2010.

NICARAGUA: TENSA SITUACION POLITICA ALARMA A LA CIUDADANIA NICARAGUENSE.

DANIEL ORTEGA USURPA PODERES DEL ESTADO Y MATA

POR DECRETO LA CONSTITUCION.

“E hubo rey"

  • Impone a la Asamblea que si no elige para los cargos que queden vacantes, sus titulares seguirán en funciones.
  • “Lo hago como Presidente, porque soy el pueblo”, dice quien ganó con el 38% según el CSE, y el 28% si se toman en cuenta las abstenciones.
  • Opositores se reúnen hoy de urgencia, hablan hasta de destituir al Presidente, porque es ya una “monarquía absoluta” .

| mcordoba@elnuevodiario.com.ni


El presidente Daniel Ortega se proclamó monarca absoluto. De frente a la Asamblea Nacional celebró su tercer año en el gobierno, habló durante una hora sobre temas banales y cinco minutos después metió la estocada: mediante un decreto presidencial que entró en vigencia ayer, ratificó y prorrogó en su cargo a los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), contralores colegiados, procurador de Derechos Humanos y Superintendente de Bancos. Entre un silencio abrumador frente al Parlamento al que le usurpó funciones, el mandatario alzó la mirada, levantó el decreto y se proclamó salvador: “(Los diputados) están apostando al caos, es mi obligación prevenir y no llegar al caos”, dijo.


“Que en mi calidad de jefe de Estado y de gobierno, la Constitución Política me hace responsable de la coordinación armónica entre las instituciones del Estado de Nicaragua y ante el vacío de poder generado por la Asamblea Nacional al no nombrar a los funcionarios, es mi deber evitar la inseguridad y inestabilidad política, económica y jurídica de la nación”, establece uno de los considerandos. El artículo uno del decreto establece que "se ratifican y se prorrogan en sus cargos a todas las autoridades que se les venza su período en el futuro inmediato, mientras la Asamblea Nacional no nombre o ratifique a los actuales funcionarios". Algo que los opositores interpretan como la incitación a una negociación con la pistola en la sien. “Nos está diciendo: o eligen a los míos o se quedan los míos”, considera el opositor liberal José Pallais.


Diputados cometen delito, acusa.


Ortega hizo hincapié en las consecuencias que traerá el no elegir a los funcionarios de alto nivel a quienes se les vence el período este año, e insistió en el “delito” de los legisladores al no haber electo hasta ahora al procurador de Derechos Humanos. El mandatario no ha podido concluir arreglarse con los opositores para elegir a más de 20 funcionarios. Tanto el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) como la Bancada Democrática Nicaragüense han dicho públicamente que no ratificarán a los actuales magistrados del CSE y que tienen nuevos candidatos para los demás cargos. Ortega argumentó que en la Corte Centroamericana de Justicia ya sucedió una situación igual. Entre los considerandos se arguye que los magistrados del CSE concluirán su período a pesar de que el siete de marzo se celebrarán elecciones en la Costa Caribe, “lo que dificultaría la proclamación de los electos”. “Que el 14 de febrero se vence el período de todos los contralores, cinco colegiados y tres suplentes, siendo ésta una institución fundamental para garantizar el correcto manejo de los recursos del Estado”, contiene otro de los considerandos.


Oposición se declara en estado de emergencia.


El diputado liberal Eduardo Montealegre anunció una reunión para hoy, de modo que las facciones liberales se reúnan para decidir. El PLC también convocó a una “reunión de emergencia” en la casa del liberal Arnoldo Alemán, con quien Ortega se repartió en el pasado los cargos que ahora el mandatario prorrogó. “Éste es el golpe más grave, es la muestra de una dictadura descarnada y descarada”, expresó el liberal José Pallais. “Esto demuestra la imposición de una dictadura, quiere constituirse en poder supremo y absoluto. Mañana vamos a tener reunión y vamos a promover decreto legislativo para solicitar destitución de Ortega”, dijo por su parte Montealegre, quien aseguró estar seguro del “descontento de algunos sandinistas”.


A criterio de Pallais, “sólo quedan las calles, esto parece monarquía absoluta, esto es gravísimo”. A finales del año pasado seis magistrados sandinistas de la Sala Constitucional de la CSJ emitieron una sentencia que habilita a Ortega a competir como candidato en las elecciones nacionales, a pesar de que la Constitución Política lo inhibe.


El Nuevo Diario, 10 de Enero 2010.