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RAAS: ZONAS AFECTADAS POR EL HURACAN IDA.

http://www.youtube.com/watch?v=9Fb-6BjRWiU

NICARAGUA: VIDEO SOBRE SITUACION DEL CARIBE DESPUES DEL HURACAN IDA.

http://www.youtube.com/watch?v=FPtPwMOodW8

NICARAGUA: VIDEO DE HURACAN IDA Y SUS EFECTOS EN LA COSTA ATLANTICA.

http://www.youtube.com/watch?v=ZAFPrU1GaqI

MANAGUA: MUSICA DEL RECUERDO AÑOS 6O Y 70.

NICARAGUA: PUEBLOS INDIGENAS SIGUEN SIENDO OBJETO DE ATROPELLOS EN SUS DERECHOS.

EL NUEVO DIARIO, 27 DE AGOSTO 2009

CPC avasallan instituciones comunales.

Alcaldes orteguistas tras comunidades indígenas.

Comunidades de Rivas anuncian movilización, mientras en El Viejo, Chinandega, persiguen a presidente de la comunidad y tienen arrestados a dos dirigentes
Los alcaldes de Rivas y de El Viejo, en Chinandega, designaron autoridades en los pueblos indígenas de Veracruz del Zapotal y Virgen del Hato, en lo que llaman “remedo de elecciones”, organizadas desde las alcaldías donde impusieron a miembros de los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, según denunciaron los presidentes de esas juntas directivas quienes no entregarán el mando.

En el caso de El Viejo, Cristóbal Fidel Moreno Pomares, Presidente de la Junta Directiva, denunció al alcalde de esa ciudad, Asunción Alcides Mora, de convocar a elecciones el pasado 12 de junio, cuando los estatutos establecen un período de cinco años, lo que significa que su mandato termina en 2010. Tras las diferencias con el alcalde, Moreno asegura que la Policía Nacional tiene orden de arrestarlo, y que dos dirigentes que pelearon por el territorio comunal están encarcelados.

Por su parte, las autoridades del pueblo indígena de Veracruz del Zapotal anunciaron movilizaciones ante la imposición de autoridades por parte del Alcalde de Rivas, Wilfredo López Hernández, quien desconoció el proceso interno e impuso a miembros de los Consejo del Poder Ciudadano, CPC. En El Viejo, Moreno asegura que el edil cumple un compromiso político al elegir a un grupo de liberales que lo apoyó en la campaña municipal.

Rompen tradición.

Francisco Santiago López, quien resultó electo en una asamblea para elegir a las autoridades formales de Veracruz, aseguró que el alcalde rivense viola la autonomía de los pueblos indígenas y el uso y goce de sus costumbres al elegir a autoridades sin el proceso tradicional y sin ninguna base jurídica.

Por su parte, Manuel Solís Moraga, presidente saliente de Veracruz, asegura que el edil viola la Constitución y la Ley de Municipios, donde se establece el respeto al sistema de organización de las comunidades indígenas, y los alcaldes no tienen la potestad de organizar las elecciones internas. Solís señaló que López Hernández se ampara en un decreto de 1952, durante el régimen somocista, en el que sí le concedían ese derecho, pero que ya ha sido derogado.

Solís y Francisco Santiago López aseguran que no entregarán ningún mando de la comunidad, y llamarán a los cinco pueblos indígenas de Rivas para movilizarse frente a la Alcaldía.

Impuso a CPC.

El presidente electo explicó que ellos realizaron su elección el 29 de marzo, y pese a haber invitado al alcalde, éste no asistió, pues el candidato oficialista perdió en un intento anterior. Por esa razón, según López, el edil convocó a una nueva elección el pasado dos de agosto sólo con gente afín a la alcaldía.

El procurador de Derechos Indígenas, Aminadad Rodríguez, quien brindó su respaldo a los reclamantes, señaló que existe jurisprudencia sobre el caso, pues la Corte Suprema de Justicia falló a favor de dirigentes de Sébaco y Matagalpa cuando hubo intromisión de la Alcaldía.

Alcaldes no tienen facultad sobre comunidades indígenas
El experto en derecho indígena Rigoberto Mairena, asegura que los alcaldes bajo ninguna circunstancia pueden convocar a elecciones, pues la Corte sentó jurisprudencia el 26 de agosto de 2004, cuando declaró inconstitucional el decreto del 11 de marzo de 1952, en el que esa facultad era para los ediles.

“Las elecciones se deben hacer de acuerdo con los estatutos y costumbres. Los municipios deben respetar a las autoridades tradicionales y formales Las elecciones no son válidas si no las convoca la Junta Directiva en funciones o el Consejo de Ancianos”, señaló Mairena.

Fuente: EL NUEVO DIARIO, 27 DE AGOSTO 2009.

NICARAGUA: ARTICULOS SOBRE FLAGELOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCION Y LA DELINCUENCIA GENERAL.

EL NUEVO DIARIO, 27 DE AGOSTO 2009.

La corrupción en Nicaragua está en izquierda y derecha.

Las palabras del creador en la Biblia son muy exactas: “Que tire la piedra aquel que esté libre de pecado”.

Por Marcial Rivera Santana*.

La corrupción en Nicaragua que practican las clases políticas que toman el poder en cada período presidencial, no es de hoy, ni de ayer, es ya para Nicaragua de siglos. Yo he logrado verlas en varios sistemas de gobiernos, vivirlas y sentirlas en mis casi diez décadas de vida. Las consecuencias económicas y sociales del impacto de la corrupción las vemos proyectadas en el pueblo de obreros y campesinos. Un pueblo mal nutrido, hambriento, en pobreza extrema y en una alta descomposición social.

Condiciones paupérrimas quizás sin esperanza alguna, o si las hay serán para los próximos 50 años o más, y que ya no podré ver. Señalar la corrupción de uno o del otro lado político, sea de derecha o de izquierda el sistema que impere, al final son los mismos políticos corrupto que han saqueado el tesoro del Estado, el erario, el patrimonio del pueblo, para vivir como príncipes y tener en el destierro y en la desgracia a todo un pueblo. Las palabras del creador en la Biblia son muy exactas: “Que tire la piedra aquel que esté libre de pecado”.

Los altos índices de corrupción económica del gobierno liberal del presidente anti-democrático, de Anastasio Somoza, fueron señalados constantemente por el siguiente gobierno de turno del FSLN cuando tomó el poder. Un día de los 11 años de revolución, en la plaza de Managua, el Comandante de la Revolución Tomás Borge M. dijo en su forma propia de hacerlo, casi en puntilla y señalando toda una masa de miles de personas y a alta voz, como grito de algazara: “Esta revolución es irreversible, los funcionarios públicos podrán meter las patas, pero menos las manos”. Pero los hechos hablan en la historia de Nicaragua, por cualquier causa la revolución no fue irreversible y terminaron metiendo las patas y las manos.

El sistema político y económico siguiente que sustituyó al gobierno revolucionario Sandinista fue la presidenta Violeta Barrios de Chamorro. Esta mandataria clasificó a la corrupción del gobierno sandinista de: “La piñata”. Y para evitar más conflictos en este pueblo dijo: “Borrón y Cuenta Nueva”. La corrupción agresiva implementada por el gobierno Liberal del Doctor Arnoldo Alemán fue señalada por el siguiente gobierno presidido por el ingeniero Enrique Bolaño, como: “La guaca”, y la denunció ante la presencia previamente solicitada de casi todos los embajadores del mundo. La corrupción del sistema de gobierno del Presidente Enrique Bolaños es señalada por el gobierno Sandinista actual como el robo del siglo, llamado: “El caso de los Cenis”. ¿El futuro gobierno cómo la llamará?

Nicaragua no se levanta de su postración económica, de los niveles de pobrezas, de la mendicidad, porque todo los sistemas político que hemos vivido, sus funcionarios públicos y políticos, sean de izquierda o de derecha, han saqueado el Estado, el erario, las reservas monetarias del país, el patrimonio del pueblo, dejando en desgracia y mendicidad a este país. A los líderes políticos los vemos en grandes mansiones viviendo como príncipes, con lujosas casas de protocolo en las costas de los mares, con camionetones último modelo, con empresas, dueños de microfinancieras, fincas cafetaleras y ganaderas. Y nosotros los obreros y campesinos: No se necesita ponerlo en este escrito, lo estamos viviendo. ¿Y las promesas políticas qué?

En China, con más de un mil millones de habitantes, hace unos 5 años un funcionario de estado fue fusilado en plena plaza pública por orden del gobierno, por haberse robado 10 millones de dólares, y algo más, era uno de los grandes legisladores de China. En las olimpiadas pasadas en la misma China, dos personas fueron fusilados por orden del gobierno y en cumplimiento de la ley, por haberlos encontrados en tráfico de droga. Hace 14 años en un país árabe y en plena plaza pública, el gobierno de tendencia Islámica, ordenó se le cortara las manos a un alto funcionario de Estado, por haber robado el tesoro o erario.

Mientras aquí en Nicaragua el ex- presidente Dr. Arnoldo Alemán, hurtó cien millones de dólares y fue condenado a 20 años de prisión por el gobierno del ingeniero Enrique Bolaños. Y el gobierno actual para ganar espacio político lo pone libre de culpa. A pesar de que también fue enjuiciado en Estados Unidos y Panamá. Ningún gobierno del mundo ha protestado por la ley del fusilamiento en China, que no permite el flagelo de la corrupción por funcionarios y políticos de Estado. Aquí en Nicaragua puede haber esa ley. ¿Por qué no?

Comandante Daniel Ortega S. usted que aboga por un gobierno socialista, proponga la ley del fusilamiento, para que desaparezca de una vez por toda el azote del robo y la podredumbre de la corrupción dentro del Estado, venga de donde venga, sean estos funcionarios políticos de derecha o de izquierda, que tienen a la mayoría del pueblo en miseria, desgracia, desvanecido y en la postración económica. Plantee la ley y si los diputados de la Asamblea General se oponen a ésta, es porque son cómplices de la putrefacción de la corrupción.

*Marcial Rivera, de 93 años, es padre de hijos caídos en las guerrillas y en la ciudad de Rivas uno de los barrios lleva el nombre de uno de estos héroes: Juan Bautista Rivera.

Por Leslie Nicaragua:

LA PSICOSIS POR LA VIOLENCIA DELINCUENCIAL.

El hombre, sentado afuera, en la acera alta de su casa, escuchaba música en su reproductor portátil (Ipod). Pensaba en cualquier cosa mientras oía los sonidos de las canciones, menos en que sería lo último que haría en esta vida. En la esquina, 30 metros abajo, dos tipos sobre una moto lo vieron como una presa. El escenario era adecuado para atracarlo: jueves a las siete de la noche, con una oscuridad apenas interrumpida por los relámpagos intermitentes y vagos que se veían por el sur. El cielo estaba triste y lloroso. ¿Una premonición?

“Yo sólo miré cuando le pegaron el balazo, le quitaron el aparato y se fueron en la moto”, contó rápido y tropezándose con las palabras un vecino y testigo del hecho. El escepticismo, normal en situaciones similares, parecía haberle agrandado y enrojecido los ojos. Todas las versiones coinciden en esto: los maleantes se devolvieron hasta donde estaba sentado Óscar Martínez, de 32 años. Lo intimidaron y lo conminaron a entregar el artefacto. Se negó. Le dispararon. El tiro que le penetró en el abdomen le arrancó de cuajo la vida y anegó de sangre la noche. Los ladrones huyeron, pero casi de inmediato fueron apresados. Sus edades: 18 y 20 años. Casi unos adolescentes envueltos en este marasmo social que los vuelve delincuentes de medio tiempo, el suficiente para causar dolor y muerte, porque el resto del día, en teoría, son “chavalos que no se meten con nadie”, pero que han escogido esta vida nada fácil y dañina.

Con este hecho cerró junio en Managua, con una violentísima semana que cosechó brutales asesinatos y manchó de rojo muchas calles. Semana que parece repetirse en los calendarios de la violencia criminal que no entiende de palabras, sino de balazos, sangre y puñaladas. En verdad ya no somos el país menos inseguro, pues jamás hemos sido el más seguro, hace rato ya que esta escalada delictiva alcanzó niveles épicos y hasta apocalípticos. La delincuencia pasó de ser incipiente a un nivel de organización tremenda, que nada tiene que envidiarle a países desarrollados o no, pero que igual salda con muchas muertes. En cada esquina ya podemos levantar una cruz, y a veces muchas en una sola, y Managua tiene tantas esquinas, que el símbolo adquiría un matiz tradicional e identitario.

Ahora los pasajeros del transporte colectivo viajan con la idea de que puede levantarse un tipo, pistola en mano, y gritar que es un asalto. El terror se apodera de todos los usuarios, quienes a diario se levantan con Dios en la boca para pedirle que les permita vivir el día y llegar, al menos, entero de regreso al hogar por la tarde. Tampoco se prevé qué criminal te está esperando en la parada de buses, aprovechando tu ingenua rutina, que la ha vigilado, para arrebatarte, más que tus pertenencias, tu existencia, mientras vos salís de tu casa con un nuevo amanecer dispuesto a trabajar y ganarte la vida.

Es esa duda que te asalta cada mañana, ¿voy a ser la próxima víctima?, la que ha creado una psicosis colectiva, que nos tiene amedrentados y temerosos de por vida, ya no es el simple miedo que desaparece tan pronto la situación que lo provocó se desvanece; es esa tensión imparable y perenne, ese estado de ansiedad perpetua provocados por una ola de delitos que parece no cesar en la búsqueda de picos más altos que escalar. ¿Qué se puede hacer si no esperar el turno y permanecer en estado alterado? Ya no se te puede acercar nadie a preguntarte algo porque la desconfianza te recorre la piel y lo ves como un posible atacante. Si vas caminando y viene alguien detrás tuyo, acelerás el paso o con disimulo lo dejás adelantar. Qué execrable.

Peor si ves a un hombre en moto, es como si un personaje de cuentos de terror ha aparecido con la muerte como acompañante. Ya se sabe que este velocípedo es el instrumento que los maleantes prefieren para huir después de su acción. Es la psicosis, amigo. La psicosis por la violencia delincuencial. Todos andamos en ese estado de alerta temprana, escabullidos en nuestros propios pensamientos, que cualquier traspié nos hace encender la alarma del pánico. Me comentaba una amiga sicóloga que Managua se está convirtiendo en una ciudad de autómatas estresados y sin valores humanos producto de este creciente índice delictivo que está acabando con los dígitos con que se puede contar.

Las estadísticas son frías, eso sí, pero no mienten. Cuando a mediados de marzo se presentó el informe de la XVIII Reunión Nacional de Mandos de la Policía Nacional, la jefa de esta institución, con una preocupación evidente, reveló un dato espeluznante: “el tipo de delito que marca la diferencia en este 2008… es el robo en general, pero nos preocupan fundamentalmente los robos con intimidación… se disparan y crecen en un 47% durante 2008, y de nuevo, el crecimiento mayor se da en Managua; en Managua los robos con intimidación crecieron en un 56%…”. Pavoroso. Aterrador. También se desprende que se producen 591 robos por cada 100 mil habitantes. Somos unos 6 millones (5.1 millones en 2005, según el censo de ese año). Entonces esto equivale a más de 35 mil por año.

Esta cifra no incluye los robos no reportados, el sub-registro, que nos asustaría más. En mi vida he sido víctima de robo seis veces, tres el año pasado. La penúltima vez, en Monseñor Lezcano, uno de los tres tipos que me golpearon y que me asaltaron sacó de sus ropas un cuchillo más grande que él. Se llevaron mi celular y mi cartera. Y la última vez me golpearon tanto, que prefiero recordarlo como un mal sueño. El mes pasado me sacaron de mi bolso, en la 114, mi cámara digital. Ninguno de los incidentes reporté.

Seamos más escudriñadores con esos datos y usemos una pluma y una calculadora. Esos 35 mil robos apenas representan el 20 por ciento de todos los delitos reportados en 2008 en el país (158 mil). Esto se traduce en 18 delitos cada hora. Uno cada tres minutos, el tiempo medio de duración de una canción, quizás una que escuchaba el inocente hombre que ese jueves se encontraba escuchando música, en la acera alta de su casa, en su dispositivo electrónico. Tal vez sí sabía que los delincuentes han hecho blanco estos aparatos ultramodernos y multifuncionales, además de caros y cada vez más livianos y pequeños, pero no pensó que sería una víctima de ellos en la puerta su casa.

El hecho acaeció a dos cuadras de mi centro de labores (END), frente a la venta donde todos los días, con la religión del hambre, llego a comprar a la misma hora de los sucesos, siete de la noche. Ese jueves no salí, me detuve en la puerta de entrada al periódico, miré hacia la calle y me regresé. La oscuridad apenas era interrumpida por los relámpagos intermitentes y vagos que se veían por el sur. El cielo estaba triste y lloroso. ¿Una premonición? Creo que estoy siendo víctima de la psicosis por la violencia delincuencial.

leslienicaragua@yahoo.com

POLITICA INTERNACIONAL: REGIMENES DICTATORIALES.

CONOCIENDO LINEAS OBSCURAS PARA PRETENSIONES ETERNAS

DE ALGUNOS DICTADORES LATINOAMERICANOS.

Hemos recibido de algunos amigos una supuesta carta (sin fecha) que Don Fidel Castro (autoridad eterna de Cuba) le envió a Don Hugo Chávez (autoridad eterna que quiere ser en Venezuela). De ser cierta la existencia de la presente carta, se las trasmito por este medio para efectos de reflexiones y análisis de la conducta de estos tipos de personajes internacionales. El escrito presuntamente dice lo siguiente:

"Es tremendo conocer la forma en que trabaja esta gente...son muy astutos, todos los pasos que está siguiendo Mel Zelaya en su canal de T.V. son iguales a éstos que van a leer y lo hace muy bien. Esta carta se la envió Fidel Castro a Hugo Chávez hace varios años aconsejándole que pasos debía seguir para instalarse en el poder en Venezuela. También pueden escuchar la lectura de la carta en Youtube solo búsquenla como “Ballesteros lee la carta de Fidel Castro a Hugo Chavez” Esta lectura la hizo en mayo del 2007 el periodista Iván Ballesteros de Radio Caracas TV. A finales de ese mismo mes Radio Caracas TV fue cerrada por el gobierno dejando en la calle a más de 3,000 empleados".

Carta de Fidel Castro a Hugo Chávez.

"Sabemos Hugo que para lograr acabar con el imperialismo yanqui tenemos que hacer las cosas bien. Los árabes ya están listos, Lula está trabajando en Brasil y Las FARC las has animado tú. El pueblo del poder está muy cerca, los pobres son mayoría y tienen poca memoria, inyéctales desesperanza y acusa al pasado, a la democracia de todos los males, mantente en línea permanente con tu pueblo, identifícate con ellos, tu verbo es simple, eso les llega muy, bien pues tiene la salsa que hace falta, emociónalos, tómalos en cuenta, aprende a manejar la IGNORANCIA, el verbo debe ser encendido, de autoridad y poder. Que tu el 80% de los pobres es lo que necesitas. Los ricos salen corriendo si les haces Buuuuuu…"

"A los católicos les encanta las menciones de la Biblia o de Cristo, los católicos que son la mayoría en Venezuela no hacen nada con rezar sin acciones que no van a llegar a ninguna parte, son unos bobalicones, mientras la iglesia este dormida aprovecha, cuando decidan moverse ya estarás instalado, recuerda que la iglesia es guavinosa, sigue acusándola, los católicos sin liderazgo no son nadie y ningún curita va a reaccionar, hay dos o tres que quieren reventar pero sus superiores los acorralan".

"Si ves algún sacerdote alebrestado, cómpralo, llámalo, gánatelo, si el pueblo cristiano se te revela ese será tu ultimo día, pero difícilmente vendrá. Los judíos en Venezuela no cuentan, los evangélicos son unos pobres pendejos y las demás religiones, para que nombrarlas".

"Saca al Cristo, siempre habla en su nombre, recuerda que esto a mi me dio excelentes resultados, incluye banderas y a Simón Bolívar cuando puedas, genera un nuevo nacionalismo, despierta el odio, divide a los venezolanos, esa etapa te da buenos dividendos, se eliminaran unos a otros, la violencia te ayudara también a instalarte más tarde a la fuerza, mientras tanto háblales de democracia y de constitución. Pide dinero y compra la fidelidad mientras cumplan los objetivos, cuando logres lo quieres si se oponen o te aconsejan deséchalos, envíalos a las embajadas, dales dinero para que callen o sácalos del país para que la prensa no los utilice".

"Los que se opongan siémbrales delitos, eso los descalifica para siempre. Por todos los medios mantén mayoría en la asamblea, mantén a tu lado como mínimo a la fiscalía y al tribunal. Compra a todos los militares con ropa y equipo, todos lo que tengan comandos ponlos donde hay bastante dinero, CORROMPELOS para lograr fidelidad, a unos de ellos ponlos en la petrolera para que logres el control militar, en las guarniciones centrales necesitas poner a tu gente, ofrece cursos para cambiar a los indecisos de los puestos clave. Si logras de 200 a 300 militares de alto rango con comando de tropas eres indestructible, si tienes dudas de algunos ponlos a prueba, por ejemplo con un golpe simulado, ahí salen todos los traidores y todos los fieles".

"Es necesario controlar los medios de producción del estado, a los comerciantes les encanta el dinero, compra a los banqueros, a los grandes comerciantes y a los grandes constructores dales contratos, trabajos y facilidades para esta primera etapa. Para la segunda etapa tienes que haber formado comités de defensa de la revolución, llámalos bolivarianos, haz trabajo comunitario con ellos para que se sientan agradecidos, págales para que sigan los lineamientos, marchas, concentraciones. De los comités selecciona los más agresivos para una fuerza de choque armada que puedas necesitar si la cosa se pone difícil. Controla la policía, destrúyela, ponla a tu disposición, en la segunda etapa tienes que profundizar la misión de revolución, debes mencionar mucho la palabra revolución, eso emociona a los pobres. Aquí tienes que fracturar a la unión de trabajadores y de empresarios que puedan hacer oposición, tienes que lograr que los trabajadores estén afiliados a una central paralela, con dinero se logra, igualmente tienes que armar una central de empresarios paralela.. Ataca a los empresarios, acúsalos de hambreadores, fascistas y particularmente acúsalos de golpistas".

"Hazte el débil, la mente del hombre siempre se ubica en el más débil y en la justicia, Si no puedes comprarlos cierra los medios de comunicación radial, impresos y las televisoras. Tu empresa de petróleo es la que produce el dinero del proyecto, crea una junta directiva revolucionaria, saca a los técnicos y acaba con esa llamada meritocracia, si tienes todo en esta etapa puedes seguir a la tercera".

"En la tercera etapa puedes violar la constitución porque nadie te lo va a impedir, ordena allanamientos, siembra armas, drogas, dinero, acúsalos de espías o corruptos, desprestígialos, recoge muchos periodistas, empresarios, líderes laborales, los demás escaparan del país o tomaran escarmiento. Reestructura el gabinete, aquí puedes deshacerte de tus colaboradores, a unos puedes premiarlos y a otros echarlos pues ya no hay oposición, tienes que poner camaradas, establece el estado de excepción, suspende las garantías, lanza el toque de queda, apúrate, mira que el pueblo se te está poniendo bravo, cierra todos los medios de comunicación, destituye alcaldes y gobernadores de la oposición, anuncia la reestructuración de todas las áreas del estado y la elaboración de una nueva constitución, forma un consejo de gobierno con 500 miembros, en ese consejo asesor del gobierno estaré yo".

"Hay que fusilar a los opositores que no aprendan, esto es lo único que los silencia y es más económico, nunca dejes que se organicen y conozcan tus intenciones, seremos respetados nuevamente por el marxismo leninismo, Brasil, Ecuador, Venezuela y Cuba a pasos indestructibles. ¿Que estas esperando Hugo?"

¡¡ CUALQUIER SEMEJANZA A HONDURAS Y NICARAGUA, NO ES MERA COINCIDENCIA !!

Autor: Desconocido (Escrito Recibido por Internet).

DIA MUNDIAL DEL AMBIENTE: 5 DE JUNIO 2009.

En ocasión de la celebración del Día Internacional del Ambiente (5 de Junio), transcribimos a todos el presente mensaje preparado por funcionarios del PNUMA, esperando que de alguna manera también nosotros podamos contribuir con nuestro granito de arena para salvar nuestro planeta y poder dejarle algo mejor a nuestros hijos y nuevas generaciones del mundo.

Día Mundial del Medio Ambiente 2009 –
¡Tu planeta te necesita!
CIUDAD DE MÉXICO, México / Nairobi, Kenia.-

Fomentar las inversiones en la conservación, rehabilitación y gestión de los bosques, turbas, suelos y otros ecosistemas esenciales de la Tierra podría generar reducciones considerables en las emisiones de gases de efecto invernadero y evitar la emisión de más de estos gases a la atmósfera, se señala en un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Achim Steiner, Subsecretario General de las Naciones Unidas y Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), afirmó: “Se destinan decenas de miles de millones de dólares a la captura y el almacenamiento de carbono en centrales eléctricas, mediante la inyección de CO2 bajo tierra o bajo el mar”.

“Pero quizá la comunidad internacional está soslayando un método que ha funcionado con demostrada eficacia por milenios: la biosfera. Según algunos cálculos, con las señales adecuadas del mercado los sistemas vivientes del planeta podrían ser capaces de secuestrar más de 50 gigatoneladas (Gt) de carbono en las próximas décadas”, agregó.

“Esto también coincide con la iniciativa Economía Verde del PNUMA, pues por el mismo dólar, euro, peso o yuan no sólo estamos combatiendo el cambio climático. En potencia, también estamos generando beneficios adicionales en el plano económico, ambiental y de desarrollo derivados de la mejora de las reservas de agua, la estabilización del suelo y las perspectivas para la biodiversidad, junto con nuevos tipos de empleos respetuosos del medio ambiente en la gestión y la conservación de los recursos naturales”, agregó.

La evaluación rápida del PNUMA “¿La solución natural? El papel de los ecosistemas en la mitigación del cambio climático” se dará a conocer con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que este año tiene como anfitriones al gobierno y el pueblo de México. Este informe aparece poco menos de seis meses antes de la crucial reunión de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Copenhague, Dinamarca, en la que los gobiernos habrán de comprometerse con un nuevo tratado con visión a futuro.

Principales mensajes del informe.

• Es fundamental gestionar el carbono en los sistemas biológicos a fin de salvaguardar las reservas de carbono, reducir las emisiones y maximizar el potencial de las zonas naturales y agrícolas para sustraer carbono de la atmósfera.

• Los sistemas prioritarios son los bosques tropicales, las turbas y la agricultura. Reducir 50 por ciento las tasas de deforestación para 2050 y luego mantenerlas en ese nivel hasta 2100 evitaría la emisión directa de hasta 50 Gt de carbono este siglo, lo que equivale a 12 por ciento de las reducciones de emisiones necesarias para mantener concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono inferiores a 450 ppm.

• La degradación de las turbas produce hasta 0.8 Gt de carbono al año, la mayor parte de lo cual podría evitarse mediante su rehabilitación.

• En términos generales, el sector agrícola podría ser neutro en emisiones de carbono para 2030, lo que equivaldría a 6 Gt si hubiera una amplia adopción de prácticas de gestión sustentables.

• Resulta esencial que la política en materia de mitigación del cambio climático se rija por la mejor información científica disponible sobre el carbono en los ecosistemas, y que las decisiones se basen en información sobre los costos y beneficios totales de la gestión del carbono.

• La formulación de políticas para lograr estos fines es un desafío: será necesario asegurar que las comunidades locales e indígenas no resulten perjudicadas y considerar el potencial para lograr beneficios conjuntos para la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas.

• Las tierras áridas, en particular, ofrecen oportunidades para combinar la gestión del carbono y la rehabilitación de tierras.

• La adopción de un marco general de políticas con arreglo a la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC) para abordar la gestión del carbono en los ecosistemas representaría un avance muy significativo.

Bosques: el mayor sumidero.

Los bosques tropicales albergan la mayor reserva de carbono en tierra con una absorción mundial al año de alrededor de 1.3 Gt de carbono, o alrededor de 15 por ciento de las emisiones totales de carbono derivadas de actividades humanas. Actualmente se calcula que las tasas mundiales de deforestación en zonas tropicales son de hasta 14.8 millones de hectáreas al año. La deforestación es causante de casi la quinta parte de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, lo que supera a todo el sector de transporte.

La tala de los bosques tropicales tal vez emita de 87 a 130 Gt adicionales de carbono hacia 2100, lo que equivale a las emisiones de carbono de más de una década de quema de combustibles fósiles en el mundo al ritmo actual.

Reducir 50 por ciento las tasas de deforestación para 2050 y mantenerlas en ese nivel hasta 2100 evitaría la emisión directa de hasta 50 Gt de carbono en este siglo.

Las técnicas convencionales de tala dañan o destruyen una parte sustancial de la vegetación restante durante las operaciones de explotación, lo que provoca grandes pérdidas de carbono.

Las técnicas de tala mejoradas pueden reducir las pérdidas de carbono alrededor de 30 por ciento en comparación con las técnicas convencionales. Se considera que los bosques tropicales son sumideros de carbono; según investigaciones recientes, absorben alrededor de 1.3 Gt de carbono al año en todo el mundo.

Se calcula que los bosques de este tipo en América Central y del Sur absorben alrededor de 0.6 Gt de carbono, en África poco más de 0.4 Gt y en Asia en torno de 0.25 Gt, en total la absorción de carbono equivale a aproximadamente 15 por ciento de las emisiones de carbono antropogénicas.

El potencial para mejorar la captura y el almacenamiento de carbono en los bosques boreales —que se extienden en Canadá, Rusia, Alaska y Escandinavia— es bajo. Sin embargo, encierran la segunda reserva de carbono más abundante, que podría emitirse a la atmósfera a causa de un mayor número de incendios, la desecación de las turbas, la tala y la minería.

Los bosques templados de Europa y América del Norte se han expandido en años recientes; se calcula que en Europa absorben de 7 a 12 por ciento de las emisiones de carbono. Una mayor reforestación y mejoras en la gestión podrían incrementar estos porcentajes.

Agricultura: climáticamente neutra para el 2030.

El sector agrícola ofrece las mayores ganancias en almacenamiento de carbono fáciles de alcanzar si se adoptan ampliamente prácticas de gestión óptimas —como evitar la remoción del suelo y usar nutrientes naturales como composta y estiércol.

• Se pueden secuestrar hasta 6 Gt de CO2 equivalente al año para 2030, cantidad comparable con las emisiones actuales del sector agrícola.
Muchas de las prácticas agrícolas que almacenan más carbono se pueden aplicar con un costo menor o nulo. La mayor parte de este potencial (70 por ciento) puede realizarse en los países en desarrollo.

• Con base en las emisiones de 1990, si se devolviera toda la paja a las tierras agrícolas en China, podría secuestrarse alrededor de 5 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono ocasionadas por la quema de combustibles fósiles en ese país. Muchas zonas agrícolas en los trópicos han sufrido un severo agotamiento de sus reservas de carbono en el suelo. Se calcula que algunos suelos en los sistema agrícolas tropicales han perdido de 20 a 80 toneladas de carbono por hectárea, en su mayoría liberado a la atmósfera. La agroforestería —cuando la producción de alimentos se combina con la plantación de árboles— tiene un potencial particularmente elevado para el secuestro de carbono en zonas tropicales.

• Se calcula que el almacenamiento de carbono promedio mediante la aplicación de prácticas agroforestales es de alrededor de 10 toneladas por hectárea en regiones semiáridas, 20 toneladas por hectárea en regiones subhúmedas y 50 toneladas por hectárea en regiones húmedas.

• Las tasas de secuestro de los sistemas agroforestales de pequeña escala en los trópicos son de alrededor de 1.5 a 3.5 toneladas de carbono por hectárea al año.

Turbas: abundancia de carbono.

Aunque sólo abarcan un porcentaje diminuto de la superficie terrestre, las turbas son, metro por metro, los reservorios de carbono más eficaces de todos los ecosistemas.

• En promedio, las turbas almacenan 1,450 toneladas de carbono por hectárea.

• Se considera que actualmente 65 millones de hectáreas de las turbas del mundo están degradadas y pierden grandes cantidades de carbono a causa de la desecación; la mitad de estas pérdidas ocurre en zonas tropicales.

• En total, la desecación de las turbas tropicales —sobre todo para la obtención de aceite de palma y madera para pulpa— ocasiona pérdidas de carbono de hasta 0.8 Gt al año. Los incendios en las turbas del sureste de Asia son causantes de la mitad de esas emisiones. El cultivo de biocombustibles no puede compensar ni por asomo esta emisión de gases de efecto invernadero.

• La combustión del aceite de palma producido en una turba desecada genera de tres a nueve veces la cantidad de CO2 producido al quemar carbón, lo que equivale a una deuda de carbono para cuyo pago se requieren 420 años de producción de biocombustibles. Rehumedecer las turbas y volver a plantar bosques en áreas deforestadas puede reducir considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero en el futuro.

Océanos: ¿cerca de la saturación?

Se piensa que los océanos han absorbido alrededor de 30 por ciento de las emisiones históricas de carbono, por lo que son el segundo mayor sumidero de carbono luego de la atmósfera.

• Sin embargo, la capacidad de absorción de los océanos y las costas —actualmente de 2 Gt al año— es finita y vulnerable.

• En algunos estudios se señala que la capacidad de los océanos para absorber carbono podría alcanzar un nivel máximo de 5 Gt al año hacia finales de este siglo. Es probable que las oportunidades para aumentar la captura y el almacenamiento de carbono estén en las zonas y los ecosistemas costeros, como los humedales y los manglares.

• Las aguas litorales de hasta 200 m de profundidad, que incluyen ecosistemas coralinos y de pasto marino, tal vez absorban poco más de 0.2 Gt de carbono al año.

• En todo el mundo, los manglares quizás acumulan alrededor de 0.038 Gt de carbono al año, lo que indica, considerando el área de cobertura, que secuestran carbono a mayor velocidad que los bosques terrestres. Sin embargo, si no se controlan, las pautas actuales de uso, explotación y efectos harán que los humedales costeros y los manglares se vuelvan fuentes de carbono y dejen de ser sumideros.

• En el informe se estima que la pérdida extensa de hábitats costeros vegetados ya ha reducido el enterramiento de carbono en el océano alrededor de 0.03 Gt al año.

El costo de la gestión del carbono en los ecosistemas.

El costo de la gestión del carbono en los ecosistemas puede ser muy bajo en comparación con otras opciones de “energía limpia”.

• La gestión del pastoreo, los fertilizantes y la quema de pastizales para reducir las emisiones tiene un costo de apenas EU$ 5 por tonelada de dióxido de carbono equivalente al año.

• El costo de la rehabilitación de suelos y tierras degradadas asciende a alrededor de EU$ 10 por tonelada, mientras que, según los cálculos, los costos de la captura y almacenamiento tecnológicos de carbono oscilan entre EU$ 20 y EU$ 270 por tonelada de dióxido de carbono equivalente. El potencial de mitigación económica de las actividades forestales se duplicaría si los precios del carbono aumentaran de EU$ 20 por tonelada de dióxido de carbono equivalente a EU$ 100 por tonelada.

• Si las emisiones de carbono se valuarán en EU$ 100 de CO2 equivalente, en 2030 el sector agrícola ocuparía el segundo lugar, sólo después de la construcción, como el sector más importante en potencia para lograr disminuciones de carbono.

En esta escala de precios del carbono, las actividades forestales y la agricultura combinadas serían más importantes que cualquier otro sector por sí solo y seguirían siendo muy importantes aunque los precios del carbono fueran más bajos. Sin embargo, en este momento el régimen climático internacional sólo aborda en parte las emisiones derivadas del cambio en el uso del suelo, como la deforestación, y no ofrece incentivos para reducir las emisiones de carbono de los bosques y otros ecosistemas, por no hablar de su conservación como sumideros de carbono.

Se espera que los gobiernos que negocien el nuevo acuerdo climático en Copenhague en diciembre de este año den el primer paso en esta dirección, empezando a pagar a los países en desarrollo por la reducción de sus emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques.

En el informe se subraya la necesidad de considerar un sistema de pagos más amplio por los servicios de los ecosistemas.

“Los sistemas vivientes de nuestro planeta han desarrollado maneras ingeniosas, eficientes y rentables de gestionar el carbono. Enviar las señales adecuadas en cuanto a los precios a los responsables de las decisiones económicas y de desarrollo sobre el valor de preservar y manejar eficazmente nuestros bosques, pastizales y tierras de cultivo es crucial para el éxito de cualquier estrategia de mitigación del cambio climático.

“El PNUMA y sus socios, con financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, lanzaron un nuevo proyecto entre las comunidades del oeste de Kenia, Níger, Nigeria y China para evaluar con mayor precisión la cantidad de carbono que guardan diferentes ecosistemas y paisajes con diversos regímenes de gestión.

“Los hallazgos, que darán origen a una norma mundial en que la podrán basarse las decisiones sobre inversiones en carbono, deberán estar disponible en alrededor de 18 meses.

“Si la comunidad mundial acepta este desafío, los sistemas vivientes del planeta serán nuestros mejores aliados en la lucha contra un cambio climático peligroso”, concluyó Steiner.

Para mayor información, comuníquese con:

Nick Nuttall, Vocero y Director de Medios del PNUMA, al tel.: +254 (0)20 762 3084, celular en Kenia: +254 733 632755, o cuando viaja: +41 79 596 5737, o correo electrónico: nick.nuttall@unep.org.

Anne-France White, Oficial Asociada de Información del PNUMA, al tel.: +254 (0)20 762 3088; celular en Kenia: +254 (0)728 600 494, o correo electrónico: anne-france.white@unep.org.

Xenya Cherny Scanlon, Oficial de Información, al tel.: +254 (0)20 762 4387, celular: +254 721 847 563, o correo electrónico: xenya.scanlon@unep.org

Rody Oñate, Oficial de Informaciones, Oficina Regional del PNUMA, 507-3053164, Correo electrónico: rody.onate@pnuma.org

Publicado: 04/06/2009: PNUMA.

COSTA ATLANTICA DE NICARAGUA: REFLEXIONES SOBRE LA RECIENTE DECLARACION DE INDEPENDENCIA MISKITU.

DECLARACION DE LA INDEPENDENCIA MISKITU:
REAL, COYUNTURAL O FALTO DE TIEMPO Y FORMA.

La Costa Atlántica de Nicaragua es el único territorio del país con un patrimonio cultural de origen británico-inglés en vez de español, aunque comparte parte de su historia con el resto de la población de habla hispana del país. Los primeros europeos que llegaron a esta región fueron los ingleses a finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI. Los españoles monopolizaron todos los aspectos de la vida de la población nicaragüense, dejando a los ingleses el pleno dominio sobre los pueblos existentes en la Costa Atlántica.

Los nativos de la Costa Atlántica, a pesar de haber tenido en su historia varios “chiefs” que fueron proclamados por los ingleses, en la práctica nunca se pudieron establecer como gobiernos efectivos independientes en aquel entonces. Durante el siglo XIX los españoles empezaron a incursionar en los destinos de la Costa Atlántica, logrando incorporar en 1893 a toda la Costa Atlántica y obligando a los ingleses a retirarse del territorio ahora denominada nicaragüense. Sin embargo, ya incorporados oficialmente a la Nación nicaragüense, los nativos empezaron a verse deteriorados en sus condiciones de vida; las comodidades y asistencia brindadas por los ingleses ahora estaban ausentes; el comercio costeño decayó puesto que ahora todas las actividades económicas y productivas habían empezado a ser administradas por el Gobierno de Nicaragua y, de esta forma, se inició lo que desde hace muchas décadas venimos oyendo: abandono, aislamiento, marginación y discriminación de la Costa Atlántica.

En 1979 hubo una revolución nicaragüense que deterioró aun más las condiciones de vida de los pueblos indígenas y no indígenas de la Costa Atlántica, llevando a toda la sociedad caribeña a un deterioro social sin precedentes en toda la historia de esta región. Si bien es cierto que a finales de los años ochenta se promulgó la Ley No. 28 (Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica de Nicaragua), la reglamentación de ésta, una Ley de Idiomas y la Ley No. 445 relacionada con la territorialidad y demarcación de las comunidades indígenas, incluyendo las normativas constitucionales expresas en la Constitución Política de Nicaragua, también es cierto que desde la revolución de 1979 al momento actual, los niveles de vida económica, social, cultural y política se han caído a niveles muy poco humanos en toda la Costa Atlántica de Nicaragua.

En la reciente decisión del Consejo de Ancianos de la Nación Miskitu de declarar una independencia que nos tiene un poco confundidos a todos los nicaragüenses, no es raro encontrar en las calles a ciudadanos que se preguntan si “esta independencia es coyuntural, acertada en tiempo y forma, o si es definitiva y con todas las condiciones necesarias para que funcione un nuevo Estado en caso de ser un hecho la independencia en cuestión”. En la Costa Atlántica misma existe incertidumbre, pues la declaración salió en forma repentina y esporádica, sin ser consultada con todos los rigores técnicos, políticos y étnico-culturales. Otros se encuentran en una gran disyuntiva y se preguntan si la declaración de independencia es válida sola para los pueblos miskitus y un determinado territorio de la Costa Atlántica o si cubre todos los municipios y comunidades de las dos Regiones Autónomas: Atlántico Norte y Atlántico Sur.

Algunos expertos constitucionalistas han empezado a dar sus opiniones sobre esta declaración de independencia y confluyen en que jurídicamente no existe fundamento legal para la separación y división del territorio nacional; pero, sí coinciden en las causas históricas que han venido madurando la idea separatista desde el siglo pasado, lo que significa que los pueblos indígenas miskitus y su dirigencia no ven ni siquiera la mínima posibilidad de que sus pueblos puedan conseguir mejores niveles de vida con respeto y dignidad.

Además de lo expresado por estos expertos, es necesario tomar en consideración otros que confluyen entre sí para poder alcanzar una independencia real y total. Así por ejemplo: primero, asegurar la disposición del Gobierno de Nicaragua de ceder y facilitar la independencia; segundo, si existe una consulta ciudadana total y con todos los pueblos étnicos y culturales de la Costa Atlántica, teniendo como punto vital la realización de un referéndum y/o plebiscito; tercero, ver si los independentistas cuentan desde ya con una base sólida, económica y financieramente hablando, como para poder echar a andar un naciente Estado en la Costa Atlántica, esto implicaría tener una especie de “mecenas internacional” que se preste a facilitar las condiciones y capacidades del nuevo Estado; tercero, considerar la existencia de una declaración oficial de independencia escrita que tenga el apoyo de al menos unos diez países del continente americano, incluyendo un proyecto constitucional que regirá el nuevo Estado y sus poderes que lo conformarán; cuarto, cómo se prevé vigilar y controlar cualquier acto ilícito si de seguro no se cuenta aún con un Código Civil y un Código Penal y sus respectivos reglamentos, incluyendo la falta de otros códigos y leyes fundamentales para el desarrollo y crecimiento de todo Estado. Estamos seguros que estos factores aún no están cimentados ni definidos y esto puede ocasionar una hecatombe sin precedentes que puede ser peor para todas las poblaciones nativas de la Costa Atlántica de Nicaragua.

Consideremos lo que desde el siglo pasado hemos venido pregonando y reclamando:

a) no queremos una Costa Atlántica con enclave económicos neocolonialistas, pues económicamente son pocos rentables y políticamente son muy incómodos para el pueblo costeño;

b) desde que nacimos las generaciones actuales, hemos venido escuchando los reclamos de los pueblos indígenas de contar con su autogobierno como medio para la organización, autodeterminación y la participación ciudadana por sus intereses comunes con un proyecto de justicia y progreso social;

c) por la miseria y el abandono desde el año 1893 por parte del Gobierno de Nicaragua, el pilar de la lucha de los pueblos costeños ha sido abrirse paso la arena internacional y nacional, propugnando por sus derechos ancestrales y de vez en cuando demostrando el sentimiento hacia una idea separatista que se viene escuchando desde mediados del siglo XX; la actitud de los partidos políticos nacionales y de los “líderes costeños apolitizados” ha dado paso a una oligarquía costeña sin precedentes que ya no entiende el significado de las palabras “entendimiento y tolerancia”, de manera que, administran y manejan el poder en la Costa Atlántica sin "objetividad y realismo", indudablemente influenciados estos líderes por los respectivos caudillos que controlan y dominan la Nación nicaragüense;

d) los recursos naturales y el medio ambiente han sido deteriorados como nunca en toda la historia de la Costa Atlántica de Nicaragua, y han sido los mismo que controlan el poder político y económico los que han causado mayo empobrecimiento en las Regiones Autónomas, municipios y comunidades; y

e) no se ve humo blanco ni horizontes positivos que permitan a la población multiétnica de las Regiones Autónomas poder contar con la paciencia necesaria para seguir esperando que las cosas regresen a la normalidad, todo lo contrario, la globalización está amenazando con mayor empobrecimiento a muchas comunidades del mundo, y de este fenómeno no se escapa ni la misma Nicaragua entera. Peor aun, si los gobernantes de Nicaragua no están actuando con inteligencia y sabiduría en pro del bienestar y felicidad de todos los nicaragüenses.

Lo que hemos reflexionado hasta aquí me hace deducir que la declaración de independencia promulgada por un grupo de líderes miskitus, en este caso la representación oficial del Consejo de Ancianos Miskitu y el apoyo de algunos pastores religiosos, es y puede llegar a ser extremadamente compleja en todos los términos y alternativas que le busquemos a la independencia miskitu. En estos momentos no existe nada para iniciar un nuevo Estado; los promulgadores no cuentan nomás con la justificada voluntad y decisión de separarse de resto del territorio nacional, pero aparte de ello, es como estar teniendo grandes sueños y visiones de una Nación próspera, pero eso no se puede hacer realidad si los iniciadores de esta idea aún no cuentan siquiera con el patrocinio de un país poderoso, de una potencia mundial; es decir, no hay recursos ni infraestructuras ni marcos jurídicos de por medio, y todo eso lo debió prever el Consejo de Ancianos Miskitu y sus asesores para poder realizar el “grito de la independencia miskitu” en la Costa Atlántica.

En lo personal, retomo y sugiero lo que algunos costeños y este suscrito han venido haciendo ver en diferentes formas y medios, que lo más práctico es exigir al Gobierno de Nicaragua que le entregue a la Costa Atlántica una verdadera y real autonomía política y administrativa, hecho que los gobernantes y caudillos políticos no han querido tomar seriamente en consideración, pues siguen viendo a la Costa Atlántica como una “caja chica” o como “la gallinita de oro” para poder enriquecerse a base del empobrecimiento mismo de todas las comunidades multiétnicas.

Esto significa entonces, para que la “independencia” no nos separe y nos lleve a situaciones muy complejas a costeños y costeñas que vivimos en la Costa Atlántica, Managua y resto del país, que el Estado Nicaragüense debe a lo inmediato sentarse a analizar y reflexionar para que la Autonomía Costeña sea real en todas sus dimensiones y que el mismo Estado demuestre desde ya iniciando la descentralización integral de todas las instituciones estatales y la institucionalidad de las mismas para que sean los mismos indígenas y no indígenas que administren y decidan sus propios destinos sobre la base del aprovechamiento y control de sus propios recursos naturales y medio ambiente, tal y como lo hace Québec, Belize o el País Vasco. Si se decide lo contrario por parte del Gobierno de Nicaragua, al menos hemos planteado lo nuestro en beneficio de la Costa Atlántica y de la Nación misma, Dios nos juzgará al respecto. Dios bendiga nuestro futuro.

Artículo de ANavarreteC
29 de Abril del 2009.

INVESTIGACION JURIDICA: CORRUPCION NICARAGUENSE VERSUS ETICA Y VALORES MORALES.

INVESTIGACION:
LA CORRUPCION EN LA FUNCION PUBLICA DE NICARAGUA
DURANTE EL PERIODO 2000-2006 COMO EFECTO DEL COMPORTAMIENTO HUMANO SIN ETICA Y VALORES.

Compilador y Analista: M. Sc. Alfonso A. Navarrete Centeno*.

I. ANTECEDENTES.

El inicio de la lucha contra la corrupción como política gubernamental en Centroamérica y Panamá pueden ubicarse en la primera mitad de la década de los años 80. La consideración de estos esfuerzos como política gubernamental presume que las acciones encaminadas a prevenir y perseguir actos de corrupción surgen de una orientación fijada previamente desde los más altos niveles de la conducción política de un país, como por ejemplo la presidencia del órgano ejecutivo. En esa época organismos como el Banco Mundial, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros, iniciaron proyectos de cooperación para la modernización de la administración financiera de los gobiernos, de rediseño de los sistemas de control y auditoría y entre otros, programas de carrera y profesionalización en el servicio público.

Aunque no siempre lo expresaban explícitamente en sus proyectos, uno de los objetivos de estos era reducir la incidencia de la corrupción en las instituciones públicas. Un ejemplo de esto fue el Sistema Integrado Modelo de Administración Financiera y Control (SIMAFAL) que se implementó en varios países de la región a través de reformas en los procesos de contabilidad, tesorería, presupuestos y auditoría gubernamental. SIMAFAL era parte del Proyecto para el Mejoramiento de la Administración Financiera en América Latina y el Caribe, financiado por USAID, y tenía entre sus objetivos que los gobiernos generarán información financiera que fuera confiable, oportuna y transparente.

Otro ejemplo es el programa de reformas al servicio civil que fue auspiciado por el Banco Mundial desde finales de los 80 a través de su Departamento de Evaluación de Operaciones, que incluyeron la formulación de leyes sobre el empleo en el sector público, instalación de sistemas informáticos para el control de recurso humano y fortalecimiento de las oficinas de personal en las instituciones gubernamentales. Con el correr de los años esos proyectos de reforma del Estado se fueron ampliando hasta llegar a conformar marcos de políticas públicas, con diferentes grados de desarrollo, con los que actualmente cuentan los Estados de la región para hacer frente al flagelo de la corrupción.

Los planes de gobierno de Centroamérica tenían muchas similitudes entre si. Entre otros aspectos incluyeron: reformas legales, códigos de conducta y profesionalización del servicio público, reformas a los procedimientos de compras y contrataciones, fortalecimiento de los sistemas de administración financiera, desarrollo de indicadores de gestión, acceso a la información pública, políticas de austeridad en el gasto público, creación o fortalecimiento de oficinas anticorrupción, programas educativos dirigidos a la población y el uso de internet como plataforma de transparencia.

Además de los planes, los países de la región ya cuentan o tienen prevista la formación de oficinas rectoras o coordinadoras de las políticas públicas contra la corrupción, como las comisiones anticorrupción de Guatemala y Honduras o la Oficina de Ética Pública en Nicaragua. Todo lo anterior ha derivado en nuevas leyes y marcos regulatorios, oficinas e instancias especializadas y cambios en los procedimientos, trámites y criterios de decisión para la prestación de los servicios públicos.

II. INTRODUCCION.

Analizando el concepto de la ética no podríamos entenderla si no la concebimos como la ciencia de las costumbres. La ética es más bien un concepto filosófico que se ocupa de la moral y de las obligaciones subjetivas; o sea, del hombre. Por ser un principio meta-político está sobre la esfera de las leyes de la naturaleza y de la ley de los hombres, pero cuya violación acarrea sanciones de orden legal o administrativo, dentro de un régimen jurídico concebido con criterios eminentemente éticos. La ética está formada por un acto de conciencia voluntaria del hombre, conciencia que es derivada de la formación moral, social, religiosa, política o académica de cada uno. Dentro de esta concepción individual, la ética trasciende la esfera de lo personal para alcanzar la ética colectiva y se crea así lo que podríamos denominar la ética o la moral pública.

Para quienes consideramos que el fin del Estado es la búsqueda del bien común, entendido como el conjunto de condiciones concretas que se imponen a la sociedad para que el individuo logre el pleno desarrollo de su personalidad, consideramos igualmente que así como existe una jerarquía de valores en la conciencia individual, también existe una primacía de valores en los entes colectivos que permite la aplicación preferente de unos sobre otros o la primacía del bien común sobre los bienes individuales. Entendida así la ética, como el estado de conciencia individual pero también como condición de la existencia de la sociedad del Estado, debemos analizar al individuo, en el ejercicio de una función pública, es decir, cuando participa en forma personal efectiva, directa y concreta como titular de un órgano del Poder Público; es decir, cuando adquiere la categoría de funcionario.

La Constitución de la República al definir la forma de Gobierno en Nicaragua señala que es y será siempre democrático, representativo, responsable y alternativo, y en las disposiciones generales relativas al Poder Público señala que el ejercicio del poder acarrea responsabilidad individual por abuso del poder o por violación de la Ley, y al consagrar la vigencia de los derechos y garantías constitucionales expresa que todo acto del Poder Público que los viole o menoscabe, es nulo; los funcionarios y empleados públicos que lo ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil o administrativa, según los casos, sin que les sirva de excusa órdenes superiores manifiestamente contrarias a la Constitución y las leyes.

En este sentido, hay que señalar cuatro tipos de responsabilidades: a) la responsabilidad política, reservada su imposición a los órganos legislativos, como es el caso de la Asamblea Nacional Legislativa frente a los Ministros o frente al Gobierno (Poder Ejecutivo), o los Concejos Municipales frente al Alcalde; b) la responsabilidad civil, cuando por su actividad los funcionarios públicos causaren un daño a bienes o a personas en el ejercicio de sus funciones, incluyendo al propio Estado; c) la responsabilidad penal, cuando los hechos del funcionario público están previstos como delitos o faltas en el Código Penal vigente y leyes afines; y d) la responsabilidad administrativa, cuando el funcionario público incurre en faltas u omisiones expresamente previstas en la Ley de Carrera Administrativa y que acarrea la aplicación de un régimen disciplinario, sancionándose con la amonestación verbal, la amonestación escrita, la suspensión del cargo con o sin goce del suelo o la destitución.

Generalmente los hechos de los funcionarios públicos, violatorios de la ética para el ejercicio de sus funciones derivan en variadas consecuencias y el Estado, en forma armónica dentro de cada caso concreto, podrá aplicar diversos tipos de responsabilidades derivadas del mismo hecho. Nos permitimos hacer esta aseveración con fundamento en las disposiciones constitucionalmente referidas a las altas dignidades nacionales para cuyo enjuiciamiento requieren incluso la aprobación de la Corte Suprema de Justicia, pero que podría suponer no solamente la destitución del cargo, sino el enjuiciamiento penal y la obligación de reparar civilmente el daño patrimonial causado, disposición que se repite en el mismo sentido para la desaprobación de la gestión con mayorías calificadas para las autoridades nacionales, departamentales, regionales y municipales del país. Es decir, las sanciones aplicadas a los funcionarios públicos no son excluyentes unas a otras.

El sistema de control en Nicaragua es complejo y débil, dado que es ejercido por diversos órganos del Poder Público. Se le atribuye al Poder Legislativo no sólo la función de legislar, sino también de controlara la administración pública. Se creó un órgano permanente auxiliar de los órganos legislativos denominado la Contraloría General de la República, para ejercer el control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos, de los gastos y de los bienes, así como de las operaciones relativas a los mismos. Se cuenta con una Ley de Carrera Administrativa para permitir la defensa del funcionario y la propia defensa de los intereses del Estado. Se ha incorporado a la Función Pública la Procuraduría General de la República que lleva a cabo algunas innovaciones en materia de control, como fue el ampliar su función a la evaluación y orientación de la función contralora, la de participar procesalmente en aquellos juicios en que se pudiera lesionar el patrimonio del Estado, o la de instruir expedientes y establecer las responsabilidades administrativas o la de servir de soporte técnico a la decisión política del Poder Ejecutivo.

La reciente Ley Orgánica de la Contraloría General de la República amplió los mecanismos del control, tanto de la administración central como de los entes de la administración descentralizada, manteniendo el sistema de control previo para verificar que el gasto esté correctamente imputado a la partida de presupuesto o a determinados créditos adicionales; que exista disponibilidad presupuestaria; que se hayan obtenido las garantías necesarias para responder por las obligaciones de contratistas; que los precios sean justos o razonables o que se hubieren cumplido con el procedimiento previsto para la licitación.

En cuanto al control posterior el órgano contralor verificará que las órdenes de pago hayan sido emitidas con sujeción a las disposiciones legales, debidamente imputados a créditos del presupuesto o créditos adicionales; que exista disponibilidad presupuestada; que hayan sido emitidas para pagar gastos efectuados o comprobados, salvo que correspondan a la cancelación de anticipo o avances e igualmente que correspondan a créditos efectivos de sus titulares. La actividad de la Contraloría General de la República alcanza los entes descentralizados, a los Gobiernos Autónomos de la Costa Atlántica de Nicaragua y a los municipios; prevé las revisiones de oficio y de los recursos administrativos contra sus propias decisiones, así como las sanciones administrativas de que pudieren ser objetos los funcionarios declarados en responsabilidad.

De esta forma, la Ley de la Contraloría General de la República prevé la responsabilidad de carácter civil y la de carácter administrativo, previendo la responsabilidad civil cuando se cause un daño al patrimonio público y la responsabilidad administrativa cuando se dispone de los recursos del Estado sin estar legalmente autorizado para ello, se efectúen gastos o se contraigan deudas que puedan afectar el patrimonio público, cuando se abren cuentas bancarias a nombre de un funcionario o de un tercero o se sobregiren las mismas, cuando se efectúen pagos, usos o disposiciones de fondos públicos por órdenes superiores, se expidan constancias injustificadas, se acaparen planillas o formularios, se incurra en despilfarro o en gastos innecesarios, se dejen prescribir acciones o derechos de los entes públicos o se abandonen al deterioro la maquinaria o equipos del Estado, previéndose incluso la conversión de las multas en arresto para los responsables.

También, la Ley prevé las condiciones para la determinación del enriquecimiento ilícito y la reversión de dichos bienes al patrimonio del Estado. En materia penal se previeron los delitos contra la cosa pública, específicamente el peculado, el peculado culposo, la malversación genérica, malversación específica, la concusión, la utilización ilegítima de información, el lucro de funcionarios, la corrupción, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencia, las exacciones ilegales, el abuso de funcionarios y el concierto por contratistas, incorporando sanciones penales a las irregularidades de orden administrativo previamente señaladas en la responsabilidad civil por la misma Ley.

De lo anterior podríamos concluir que Nicaragua y Centroamérica sí tienen las disposiciones legales que le permiten a los Estado la preservación y el orden en cuanto a los ingresos, egresos o bienes y derechos que conforman su patrimonio. Analizadas objetivamente la estructura administrativa y jurisdiccional contralora de la Función Pública, podría dar la impresión que Nicaragua es una región con altos valores éticos de los entes colectivos, como expresión de la suma de las éticas individuales de los funcionarios públicos. Sin embargo la realidad demuestra lo contrario. Los informes anuales de las distintas Contralorías Generales de la República, evidencian centenares de hechos por ellas sancionados y centenares de averiguaciones administrativas incluidas en todas las esferas de la administración pública. Por su parte, en la jurisdicción penal proliferan los procesos judiciales de los funcionarios incursos en hechos delictivos.

Los resultados de los órganos de control no han sido efectivos y la corrupción administrativa, y ésta se ha convertido en el morbo que corroe las bases del sistema democrático. Lo más grave, pareciera ser que la ineficiencia en el control ha creado la sensación de que en Nicaragua no se aplica la Ley y quizás sea la causa para que muchos corruptos hagan pública aquella expresión famosa de que “aquí no roba el que no quiere".

Para concluir debemos señalar dos hechos de vital importancia: el primero referido a la corrupción en la esfera del derecho privado, contagiado de la esfera del sector público pero con grave incidencia en la comunidad general, como se refleja en la reciente quiebra fraudulenta de varias entidades bancarias de Nicaragua que obligó al Estado a asumir obligaciones millonarias de córdobas y dólares, mientras los causantes de la quiebra disfrutan de los bienes apropiados en medio de las comodidades del placer de la corrupción. En segundo lugar la falta de control oportuno permitió el incremento de la deuda externa, a través de préstamos obtenidos en forma ilegal por instituciones del Estado, hecho que generó el déficit fiscal, la limitación a los gastos de inversión y el inicio de un proceso inflacionario, complementado por la devaluación sensible de nuestro signo monetario, para crear difíciles condiciones de vida de la población, especialmente en la clase media y en el sector laboral que hoy padece la imposibilidad de poseer mejores condiciones de vida.

Los ejemplos de la operación " Manos limpias" en Italia y la detención de Bettino Craxi, el juicio a Alan García en el Perú, la destitución de Collor de Melo en Brasil, la investigación a la familia Salinas de Gortari en México, a los Clinton en Estados Unidos o la sentencia condenatoria contra el Presidente Carlos Andrés Pérez en Venezuela, reflejan todo un movimiento mundial contra la corrupción administrativa, pero la declaratoria de prescripción de la acción delictiva contra el Presidente Jaime Lusinchí, o los señalamientos de ilícitos de Carlos Menem en Argentina y la condena de Arnoldo Alemán en Nicaragua, nos obliga a requerir de una mayor eficacia de la ética pública y los procedimientos de los órganos del Poder Público en el proceso contra la corrupción.

III. HIPOTESIS DE TRABAJO.

Los esfuerzos gubernamentales de lucha contra la corrupción pueden tener un efecto positivo si los ciudadanos pueden ejercer en mejor forma sus derechos, si hay un buen desempeño en la aplicación de las políticas públicas de prevención y de resolución de prácticas de corrupción, y si los marcos normativos reflejan acuerdos sociales que aseguren su aplicación. El origen de los esfuerzos gubernamentales de lucha contra la corrupción en Nicaragua está ligado con la salida de los regímenes militares y la llegada al poder de líderes políticos electos mediante el voto de los ciudadanos; para efectos temporales dicho origen podría ser ubicado en la década de los ochenta.

Hay que darle mayor racionalidad a las decisiones políticas y administrativas de los gobiernos nicaragüenses. Para ello se han impulsado sistemas de administración financiera, normas de servicio civil y oficinas de auditoría, entre otras medidas. Se pretende que las inversiones financieras del Estado para el desarrollo nacional no se pierda a causa de la ineficiencia o la corrupción. Más de dos décadas han pasado desde que tuvieron lugar esos esfuerzos iniciales. Un vistazo por Centroamérica permite apreciar que en la actualidad todos los gobiernos cuentan con oficinas de prevención y de persecución de prácticas de corrupción, se han adherido a tratados internacionales en la materia, cuentan con mejores sistemas gerenciales y el lema de la lucha contra la corrupción ocupa un lugar privilegiado en su discurso político.

Los planes de lucha contra la corrupción nunca han tenido una formulación consistente, ni mucho menos han trazado objetivos y metas claras para ser evaluados. En su mayoría los planes se reducen a un listado de medidas, como aprobaciones de leyes, apertura de oficinas o campañas de difusión. En ese sentido, mientras unos dirían que los avances han sido significativos, otros mostrarán un total rechazo a esa posición. Es hasta años recientes que se comienza a hablar de indicadores para evaluar el avance, por ejemplo, en la implementación de las convenciones internacionales contra la corrupción. Sin embargo, no se aprecia que haya aún un consenso generalizado sobre la naturaleza de estos indicadores, sus formas de medición y la forma en que deben ser interpretados sus resultados.

Existen posiciones estratégicas que se destacan en los esfuerzos de lucha contra la corrupción, las cuales podemos acercarlas lo más posible a propuestas que gocen de apoyo general y que puedan ser llevadas a la práctica en el corto plazo; o sea, con una finalidad más inmediata y práctica: propiciar acuerdos de acciones relacionadas con la ética, la moral y los valores que mejoren esos esfuerzos y que puedan ser realizadas en todo momento.

IV. JUSTIFICACION DE LAS HIPOTESIS.

La modernización del Estado no es la que va a resolver la corrupción, o sea, “el elefante no va a cambiar por sí mismo, tiene muchas fuerzas para evitarlo, el sector público no se va a corregir por sí mismo”. La acción debe ser desde afuera del Gobierno, aunque este tiene sus propias formas de evitar un cambio. Es desde la sociedad civil, desde la ciudadanía afectada directa por la corrupción que se tiene la responsabilidad de corregir el mal del gobierno.

Primero hay que definir qué corrupción se va a corregir, no se puede atacar toda de una vez. Se puede engañar al público haciéndole creer que se va a combatir la corrupción. La verdad es que el Gobierno le entrega asuntos de menor importancia a las contralorías para entretenerlas y, por lo general, en general todas las premisas para combatir la corrupción han sido teóricas, para una imagen en venta al exterior. Cuando vienen las presiones internacionales, vienen delegaciones, se hacen declaraciones públicas para cubrir apariencias; no basta en querer ser sincero prometiendo transparencia y rendición de cuentas. Se le tiene dudas a la integración y compromiso de los Gobiernos.

El conocimiento de la ética y de sus dominios constituye en la actualidad una necesidad apremiante para todas las sociedades, dada la imprevisibilidad de las consecuencias que pueden acarrear las decisiones y las actuaciones, tanto de los funcionarios como de los gobiernos, aunque ésta no limita su campo de acción sólo a los momentos en que se presenta una disyuntiva. Una de las funciones principales de la ética es la educación y la formación de valores que anticipen las posibles consecuencias de las actuaciones, armar a los personajes decisores con los principios éticos que les posibiliten asumir la responsabilidad de sus decisiones. Para algunos autores que han escrito sobre este tema, la ética es una disciplina que busca determinar la manera en que debemos comportarnos a fin de llevar una vida positiva y provechosa. Llevado al terreno profesional, ser ético significa por una parte actuar con inteligencia (en contraposición a dejarse llevar por impulsos y emociones) y por otra parte tener en cuenta los intereses de los demás y no sólo los individuales, entendiendo por los demás a la sociedad. Eso es también lo que Benito Juárez quiso decir cuando aseguró que “el respeto al derecho ajeno es la paz”.

V. CONCEPTOS Y FUNDAMENTOS DE ETICA, MORAL Y VALORES.

1. Concepto de ética.

¿Qué es la ética? Dice José Fernando Vásquez Aquino de Veracruz, México, que seguramente alguna vez hemos escuchado decir que el comportamiento de alguna persona no es ético o que alguien actuó o no con ética. ¿Qué quiere decir esto? A primera vista, parecería que una conducta ética es buena y que una conducta no ética es mala. Ejemplo: Decir mentiras no es ético y es algo malo; por el contrario cumplir con nuestras obligaciones es ético y es algo bueno. En efecto, la ética se ocupa de lo que es bueno o malo, y de lo que es justo o injusto. Su derivación es de términos cuyo significado es costumbre o conducta. La ética es un saber práctico, de nada sirve saber mucho de ella si no la ponemos en práctica.

El objeto de estudio de la ética no es todo tipo de conducta, sino sólo aquellas que se rigen por normas morales. Ejemplos:

· Conductas que no son objeto de estudio de la ética: los alumnos saludan a la bandera; una persona observa una pintura; practicar un deporte; escuchar música, o platicar.

· Conductas que son objeto de estudio de la ética: un maestro humilla un alumno; robar es malo; decir mentiras no es correcto; sobornar a alguien es malo.

La ética, también se le conoce como Filosofía de la moral. La filosofía de la moral tiene como objeto de estudio la conducta humana, pero sólo cuando esta es susceptible de juzgarse moralmente[1]: Ejemplos: cuando te parece justa una situación; cuando das tu opinión sobre una situación o conflicto; cuando no sabes que hubieras hecho en “X” conflicto moral, religiosos, ético o de valor. Las múltiples experiencias que hemos tenido durante toda tu vida han contribuido a que formemos nuestro criterio, veamos la realidad de cierta manera, valoremos algunas cosas y dejemos otras en segundo lugar; también nos han ayudado a comprender el momento que vivimos, a enfrentar los desafíos y tomar decisiones; han influido en la forma como nos relacionamos con otras personas y en la manera como participamos en el medio que nos rodea. Esto significa que la filosofía de la moral siempre ha estado y estará presente en nuestras vidas.

2. Concepto de moral.

La palabra “Moral” se deriva del latín “mos” (moris) cuyo significado es costumbre, hábito. Casi lo mismo sucede con la “ética” que proviene del griego “ethos” e igualmente significa costumbre. Sin embargo, debemos tener cuidado en no confundir la ética con la moral, una cosa es ética y otra moral”[2], Ejemplos: no es lo mismo decir que “X” persona no tiene ética o que “X” persona no tiene moral. Hay que tener muy claro que hablar de moral es hablar de un conjunto de normas que el hombre mismo se ha impuesto, libre y conscientemente para vivir en sociedad. La moral ayuda a que existan normas que regulen la conducta en función del bien general.

Llamamos normas morales a los principios que en una sociedad regulan el comportamiento de los seres humanos en función de lo que se considera bueno, justo o correcto. Pero hay que tener en cuenta que las normas (reglas o deberes) varían según la cultura y el lugar en el cual se ubica la sociedad que las genera; es decir es relativa la ética, la moral y los valores. Ejemplos de la moral y lo no moral:

· Moral Uso Normativo: Llamamos moral al conjunto de normas destinadas a regular la conducta humana en función del bien general. Ejemplo: las reglas y las instituciones, reglamentos, etc.

· Moral Uso Descriptivo: Funciona como un adjetivo que se le atribuye a un sujeto la característica de readherirse a normas conducente al bien general. Ejemplo para tener buenas relaciones con todos: dar respeto y recibirlo, ser aceptado, tener familia, participar en elecciones, etc.

· Inmoral: Se le atribuye a un sujeto la característica de violar las normas morales. Ejemplo: robar, matar, tirar basura en lugares inadecuados, golpear, hacer cosas indecorosas en vía pública, etc.

· No moral: Es aquella conducta o situación que nada tiene que ver con la ética y la moral. Amoral se aplica a quien carece de criterio para diferenciar lo que esta bien de lo que esta mal. Ejemplo: los niños, un enfermo mental, etc.

3. Concepto de valores.

¿Qué son los valores? ¿Tienen las cosas valor porque las deseamos o las deseamos porque tienen un valor? El término valor posee distintos aceptaciones como queda de manifiesto en las siguientes frases: se deriva de “axios” (valor) y “logos” (tratado), que significa axiología: aquella que se ocupa de los valores como la belleza, la bondad, la justicia, etc. La axiología es una rama de la ética, la cual a su vez, depende de la filosofía. Por otra parte, los principios son aquellos valores que recibimos en la primera infancia, inculcados por nuestros padres, maestros, religiosos y por la sociedad. Estos valores no los cuestionamos, pues forman parte de la esencia misma del criterio y de la conciencia individual.

En términos generales, valor es la cualidad por la que un ser, una cosa o un hecho despierta mayor o menor aprecio, admiración o estima. Es decir, un valor nos indica la importancia, significación o eficacia de algo. Los valores éticos o morales son principios con respecto a los cuales las personas sienten un fuerte compromiso “de conciencia” y los emplean para juzgar lo adecuado de las conductas propias y ajenas. Los valores no existen en abstracto, se depositan, a algo se le da un valor, ya sea este en objetos o personas. Están ligados los valores a la historia, a las culturas, a los individuos y a las circunstancias que enfrentan. Los valores influyen en nuestra forma de pensar, en nuestros sentimientos y formas de comportarnos. Los valores se proyectan a través de actitudes y acciones ante personas y situaciones concretas. Los valores suponen un compromiso real y profundo de la persona ante sí misma y ante la sociedad en que vive.

En nuestra época podemos identificar valores que son aceptados realmente en todo tiempo y lugar, porque posibilitan la existencia de una sociedad más justa y democrática y por eso los deseamos. Ejemplo de valores: derecho y respeto a la vida, la verdad, la libertad, la equidad, la fraternidad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, etc. Hay quienes piensan que es nuestra estimación de que son deseables lo que los hace valiosos. Es por ello que constantemente escuchamos o vemos en la televisión unos "spots" como el siguiente: “Tienes el valor o te vale”. Los valores se integran mediante la reflexión, la interacción con el medio y la práctica social, junto con el desarrollo de las capacidades, cognoscitivas, la personalidad, las habilidades técnicas y las destrezas operativas. En sí los valores sirven para orientar la acción humana.

4. La ética y el comportamiento humano en la sociedad.

El cuestionamiento ético es inherente al actuar humano, por lo que resulta cotidiano enfrentarse a estos aspectos en cualquiera de las esferas de la vida, en el orden individual y social. La toma de una decisión, tanto en la administración pública como en la empresa, que puede afectar a otras personas o a algún elemento del entorno, no es tarea sencilla. El comportamiento individual siempre debe tener en cuenta los principios éticos y obliga a plantearse una serie de preguntas que deben ser respondidas por los directivos y funcionarios antes de tomar una decisión, pues cualquiera de ellas, por simple que parezca, puede ser fuente de conflicto. Estas preguntas pueden ser del tipo siguiente: ¿A quién o a quienes afecta la decisión? ¿En qué forma afecta a cada cual? ¿Están bien identificados los derechos y los intereses de cada grupo o persona afectada? ¿Qué normas utilizar y qué relaciones mantener para tomar la decisión?.

La ética pública no es sólo el conocimiento teórico de lo que resulta ético o no, sino su práctica. No es sólo para las ocasiones principales y para los conflictos de conciencia; su campo es el común, el de la actuación diaria. La ética en la administración pública no puede, por tanto, verse como algo distinto, separado o divorciado de la ética del hombre. No hay fronteras infranqueables entre la moral individual y la moral social, lo que se traduce en que la conducta privada debe ser consecuente con la conducta pública del hombre. De manera práctica podemos plantearnos que el establecimiento de un código interno o de valores compartidos en cualquier organización es un complemento necesario de las leyes, que cubre una esfera en la que aquellas no actúan, en tanto que se refiere a los mecanismos internos que moldean las ideas, las acciones, las actuaciones de individuos, de organizaciones, de sociedades. El actuar de acuerdo a la ética exige que tengamos en cuenta no sólo la eficacia o justificación de los medios que empleamos para una decisión, sino también el valor de los fines, la justificación ética del objetivo que se persigue de acuerdo a los valores que compartimos.

Los valores compartidos son el conjunto de preceptos, normas, patrones políticos, morales y sociales, que caracterizan la cultura organizacional y que condicionan o guían las conductas de los individuos y que son compartidos, consciente o inconscientemente por todos en la organización de que se trate. Estos son esenciales, por cuanto constituyen la base de la cultura organizacional existente y sostienen el proceso de toma de decisiones, a la vez que contribuyen a determinar otros factores que también resultan decisivos para el sustento ético de las actuaciones: cómo se enfoca el entorno, comprensión y conocimiento de qué es lo importante, identificación de las necesidades, estimación y ponderación de las prioridades, cómo se emplean los recursos y la valoración de opciones y resultados.

Actuar con inteligencia exige que consideremos bien la mejor manera de lograr nuestros objetivos y también el valor de esos objetivos, de manera que nos propongamos sólo objetivos éticamente aceptables. Las organizaciones públicas tienen la responsabilidad y la conveniencia de actuar según las normas de la ética y hacer prevalecer los valores que se correspondan con la ética vigente. Ello le proporciona buena reputación, autoridad, confianza y credibilidad por parte de la ciudadanía. Es también responsabilidad de las administraciones públicas hacer que las organizaciones empresariales cumplan con estos preceptos, en lo que constituye un punto en común de la ética empresarial y de la ética pública.

En la práctica vigente muchos países han adoptado leyes, códigos y otros instrumentos legales que regulen el actuar ético de los ciudadanos que ocupan cargos públicos y de las empresas. En otros se han creado instituciones, oficinas, comités y diferentes órganos oficiales para enfrentar la lucha contra la corrupción y las irregularidades administrativas. A nuestro juicio, todo eso es positivo y muy necesario; podría asegurarse que imprescindible, dado el nivel a que han llegado las cosas. Si son bien utilizados esos instrumentos pueden servir de freno a las actitudes y conductas violatorias.

Esos códigos se fundamentan en el sentimiento y la interpretación de la moralidad imperante, de lo que es bueno o malo individual o socialmente. Esto supone además un deseo de autorregular la propia actividad antes de que la legislación laboral aborde los problemas. Como expresa José Ma. Ortiz Ibarz[3], la adopción y aceptación de un código de ética es algo más que una declaración de buenas intenciones, ya que nos introduce en una perspectiva moral diferente; representa unos contenidos objetivos fijos, admitidos por todos, no negociables, gracias a los cuales la actuación éticamente correcta pasa de entrañar un cierto riesgo de ser incomprendida, a ser socialmente reconocida y premiada, tanto en el ámbito individual, como en el empresarial y público.

Cuando uno analiza profundamente el asunto se percata de que todos esos instrumentos tienen la finalidad de poner remedio a los males ya existentes. Si lo miramos desde un ángulo más perspectivo, cabría preguntarse ¿No sería también necesario y beneficioso prevenir esos males, tomar medidas y adoptar acciones que ayuden a evitar que surjan? Es aquí donde entra a jugar su papel la educación y la formación de valores, los programas dirigidos a la creación de una conciencia ética en los ciudadanos, que les permita incorporar en su forma de actuación, como algo intrínseco, el comportamiento ético. Pero este es un proceso largo y difícil, para el cual hay que disponerse con paciencia y sabiduría.

5. La ética profesional.

Ya definimos a la ética como la ciencia que estudia la bondad o maldad de los actos humanos, ahora nos toca definir lo que es la profesión. Según Francisco Armando Dueñas Rodríguez de la Universidad La Salle de México, la profesión puede definir como “la actividad personal, puesta de una manera estable y honrada al servicio de los demás y en beneficio propio, a impulsos de la propia vocación y con la dignidad que corresponde a la persona humana”. En un sentido estricto esta palabra designa solamente las carreras universitarias. En sentido amplio, abarca también los oficios y trabajos permanentes y remunerados, aunque no requieran un título universitario.

En virtud de su profesión, el sujeto ocupa una situación que le confiere deberes y derechos especiales, como se verá:

· La Vocación: La elección de la profesión debe ser completamente libre. La vocación debe entenderse como la disposición que hace al sujeto especialmente apto para una determinada actividad profesional. Quien elige de acuerdo a su propia vocación tiene garantizada ya la mitad de su éxito en su trabajo. En cambio, la elección de una carrera profesional sin tomar en cuenta las cualidades y preferencias, sino, por ejemplo, exclusivamente los gustos de los padres, o los intereses de la familia, fácilmente puede traducirse en un fracaso que, en el mejor de los casos, consistiría en un cambio de carrera en el primero o segundo año, con la consiguiente pérdida de tiempo y esfuerzo.

· Finalidad de la profesión: La finalidad del trabajo profesional es el bien común. La capacitación que se requiere para ejercer este trabajo, está siempre orientada a un mejor rendimiento dentro de las actividades especializadas para el beneficio de la sociedad. Sin este horizonte y finalidad, una profesión se convierte en un medio de lucro o de honor, o simplemente, en el instrumento de la degradación moral del propio sujeto.

· El propio beneficio: Lo ideal es tomar en cuenta el agrado y utilidad de la profesión; y si no se insiste tanto en este aspecto, es porque todo el mundo se inclina por naturaleza a la consideración de su provecho personal, gracias a su profesión. No está de más mencionar el sacrificio que entrañan casi todas las profesiones: el médico, levantándose a media noche para asistir a un paciente grave; el ingeniero, con fuertes responsabilidades frente a la obra, etc. La profesión también gracias a esos mismos trabajos, deja, a l final de cuentas, una de las satisfacciones más hondas.

· Capacidad profesional: Un profesional debe ofrecer una preparación especial en triple sentido: capacidad intelectual, capacidad moral y capacidad física. La capacidad intelectual consiste en el conjunto de conocimientos que dentro de su profesión, lo hacen apto para desarrollar trabajos especializados. Estos conocimientos se adquieren básicamente durante los estudios universitarios, pero se deben actualizar mediante las revistas, conferencias y las consultas a bibliotecas. La capacidad moral es el valor del profesional como persona, lo cual da una dignidad, seriedad y nobleza a su trabajo, digna del aprecio de todo el que encuentra. Abarca no sólo la honestidad en el trato y en los negocios, no sólo en el sentido de responsabilidad en el cumplimiento de lo pactado, sino además la capacidad para abarcar y traspasar su propia esfera profesional en un horizonte mucho más amplio. La capacidad física se refiere principalmente a la salud y a las cualidades corpóreas, que siempre es necesario cultivar, como buenos instrumentos de la actividad humana.

· Los deberes profesionales: Es bueno considerar ciertos deberes típicos en todo profesional. El secreto profesional es uno de estos, éste le dice al profesionista que no tiene derecho de divulgar información que le fue confiada para poder llevar a cabo su labor, lo que se hace con el fin de no perjudicar al cliente o para evitar graves daños a terceros. El profesional también debe propiciar la asociación de los miembros de su especialidad. La solidaridad es uno de los medios más eficaces para incrementar la calidad del nivel intelectual y moral de los asociados. En fin al profesional se le exige especialmente actuar de acuerdo con la moral establecida. Por tanto, debe evitar defender causas injustas, no usar sus conocimientos como instrumento de crimen y del vicio, no producir artículos o dar servicios de mala calidad, no hacer presupuestos para su exclusivo beneficio, no proporcionar falsos informes, etc. Cuando un profesional tiene una conducta honesta, dentro y fuera del ejercicio de su profesión, le atraerá confianza y prestigio, lo cual no deja de ser un estímulo que lo impulsará con más certeza en el recto ejercicio de su carrera.

VI. LA CORRUPCION EN LA FUNCION PUBLICA NICARAGUENSE.

1. Concepto de corrupción.

Entrando a las definiciones sobre el tema y/o problema que nos ocupa, debemos señalar que para el ámbito del Derecho, la corrupción significa todo acto dirigido a la perversión de la actitud y el comportamiento de las personas (en contra o con el consentimiento de los mismos) y, en general, está referida a todos los actos que en el Derecho Penal apuntan a figuras encuadradas dentro de lo ilícito y deshonesto.

La corrupción está muy ligada con el cohecho. Etimológicamente “cohecho” deriva del latín y significa sobornar, corromper a un funcionario público, como también, exacción ilícita. Pero es preferible salir del ámbito del Derecho y de la estrecha etimología para entrar en el del lenguaje social cotidiano para de tal forma comprender sus alcances. Así es como se lo define en la calle, tanto a nivel periodístico como de lenguaje popular. A todo lo definido debe agregársele que la acción se dirige solo al espacio de los funcionarios públicos, cuando de hecho la corrupción también aparece en los empleados del quehacer privado, en la administración de una empresa u organización comercial con fines de lucro.

Corromper es sacar una cosa de su cause "natural" -sin que esto coincida con el jusnaturalismo- como sostiene Grondona (1993). Dicho autor propone tres gradaciones de la corrupción, según su gravedad, para lo cual aplica el sentido jurídico de la pena regulada implícitamente en relación proporcional al bien jurídico ofendido: a mayor ofensa del bien protegido corresponde mayor pena:

· El primero es la propina o regalo que se da como gentileza. Entiendo que la propina o el regalo no son actos corruptos, siempre que no se hayan pactado entre el dador y el receptor; o bien cuando no hayan indicios de que a posteriori se iba a recibir la dádiva.
· El segundo grado es la exacción (exigencia o coacción), que no es otra cosa que la extorsión por parte de un funcionario para que un demandante tenga que pagar una coima "por obtener lo que, de todos modos, le es debido".
· El tercer grado es el cohecho propiamente dicho, que surge en el ámbito de las relaciones con funcionarios judiciales, desde magistrados hasta empleados de juzgados. Los primeros fallan de acuerdo a los intereses de alguno de los demandantes o de terceros con intereses en la causa, en vez de hacerlo de acuerdo a Derecho; en tanto que los últimos usan mecanismos mas pedestres, como es esconder expedientes y dejar que se cumplan los tiempos procesales, de tal forma, que el inculpado escape de los alcances de la justicia.

Asimismo, es posible establecer otras categorías de corrupción, tales como el peculado, que es el hurto de fondos públicos que fueron confiados a un funcionario. Esto se expresa en el uso -y abuso- de los "fondos reservados" con que se benefician algunos ministerios y sobre los cuales el responsable no debe rendir cuentas, no es controlado por la fiscalía. Otra forma de corrupción es el nepotismo, que consiste en ubicar en cargos de Gobierno -o conducción- a familiares de quienes detentan el Poder. Es cierto, para tener un secretario privado, nada mejor que alguien de absoluta confianza, como puede ser un hijo, hermano, etc.; pero al extenderse a otros cargos de la administración pública, el hecho aparece ante la opinión popular como que el Estado se ha convertido en un botín de saqueo a la usanza de los antiguos piratas.

También existe corrupción fuera del Estado, para ejemplificar valga el caso de lo que en el seno de la Iglesia Católica se ha llamado simonía (deshonra): otorgamiento de concesiones espirituales a cambio de dinero, o la venta de jerarquías eclesiásticas. Para el Derecho Canónico es un delito, pero al igual que en el Derecho Penal positivo, depende de quien haya caído en los alcances de la figura para que funcionen los mecanismos que lo pondrán al margen de los alcances de la ley. Un ejemplo actual de esto ocurre en la Sacra Rota, dónde para lograr que un trámite de divorcio sea agilizado ante la Santa Sede, se deben hacer donaciones en dinero.

A su vez, el término impunidad deriva del latín, significa "sin castigo" y tiene su origen en el vocablo “punire”, sinónimo de castigo. El Derecho coincide con la definición etimológica, es decir, considera impune a lo que escapa al castigo previsto por las sanciones de la ley positiva. Para el Derecho, la impunidad viene afectada por varias razones, algunas de las cuales son conocidas en sociedad por el nivel de resonancia en la sensibilidad de la población. La criminología clásica llama cifra negra: todos los delitos cometidos y que tienen un autor, pero éste no ha sido descubierto, ni el mismo sufre la eventual condena.

Exceptuado el caso de la cifra negra y de los delitos de cuello blanco (Sutherland, 1969) nos interesa tratar la impunidad que se presenta en la corrupción. En cuanto hace a los delitos de "cuello blanco" impunes, se corresponden en su impunidad a los de la "cifra negra", aunque en mayor intensidad, ya que no solamente no son descubiertos y únicamente se los puede inferir de la actividad económica de un país, tomando en cuenta su potencial y comparándolo con las cifras que arroja el Producto Bruto Interno anual, como así también se lo puede realizar con el estudio del estrechamiento de la cúpula de la pirámide estratificacional y el ensanchamiento de la base de la misma en un período determinado; es decir, la pauperización de un país por degradación de sus actores sociales a meras figuras estadísticas que engrosan las cifras de la misma.

Sin embargo, la gente (Marín, 1993) no es tonta como puede creerlo algún gobernante. Esa gente, la gente, que en definitiva somos todos, asocia los fenómenos de carencias, miserabilidad social, marginación, etc. y los casa con una de sus causas: la corrupción. Esta hace que no haya dinero suficiente para la escuela pública ni para los hospitales, que la desocupación se agite como un fantasma que galopa por nuestras tierras trayendo consigo desolación, hambre y delincuencia. De no existir negociados, tráfico de influencias, nepotismo, desvío de dineros reservados, fraude fiscal, etc., ese dinero que sirvió para engordar las cuentas bancarias de unos pocos, podrían -y deberían- estar al servicio de la atención de los más necesitados y de todos los habitantes que utilizan las carreteras, los servicios médicos, el combustible y hasta el alimento cotidiano que en más de una oportunidad es, literalmente, un bien escaso e inalcanzable para muchos pobres.

Y ante este panorama desolador y devastador de estafas y dilapidación del dinero público, cabalga un jinete apocalíptico azotando nuestras tierras: la pobreza. La contradicción entre despilfarro de la riqueza que es de todos, sumado a la ostentación de la riqueza de unos pocos (Veblen, 1899) y todo esto enfrentado a la extrema pobreza, rayana en la miseria de más de un tercio de la población y al empobrecimiento de los productores agrícolas e industriales, configura el panorama que enuncio y denuncio reiteradamente (Rodríguez Kauth, 1994b).

2. La corrupción en Nicaragua.

El contenido a continuación está redactado basado en entrevistas y cuestionarios contestados por analistas políticos, dirigentes de la sociedad civil, empresarios, funcionarios del Estado, periodistas y documentos elaborados por otras dependencias. No es un documento sobre los índices de corrupción en Nicaragua, que hace unos años tuvo al mandatario Arnoldo Alemán entre los 10 más corruptos del mundo según Transparencia Internacional; es más bien la percepción de estas personalidades sobre las iniciativas anticorrupción y los casos más sonados en los cinco años de la administración del Presidente Enrique Bolaños.

2.1) Introducción.

Cuando el mandatario Enrique Bolaños asumió en Enero del 2002, eufórico dijo ante los periodistas que quería pasar a la historia como el mejor presidente de todos los tiempos de Nicaragua. Venía de ganar las elecciones al ahora presidente electo Daniel Ortega con más del 50% de los votos válidos y de dirigir el Comité de Integridad como Vicepresidente de Arnoldo Alemán, cuyo trabajo era promover la transparencia en el Estado.

En ese entonces Nicaragua era considerada uno de los países más corruptos del hemisferio. Todavía el ex-mandatario Alemán no había sido condenado a 20 años por lavado de dinero[4] y otros delitos de corrupción; ni lo habían acusado en Panamá por el blanqueo de casi 60 millones de dólares provenientes del erario nicaragüense; ni Estados Unidos le había quitado la visa; ni se decía que había malversado durante su mandato (1996-2002) aproximadamente 100 millones de dólares. Quien impulsó todo en contra de la corrupción del antiguo gobierno, del cual él mismo fue segundo al mando, fue Bolaños y la popularidad se le disparó por encima del 90% de simpatía, según encuestas de la época, aunque sus críticos le achacan no haber denunciado nada cuando fue parte del gobierno y dirigió el Comité de Integridad.

“En mi gobierno no se tolerará la corrupción”, decía Bolaños, y recibía el aplauso de la mayoría de los nicaragüenses, pero perdía el apoyo del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que lo llevó al poder, y que desde entonces cerró fila a favor de su líder Alemán y sus colaboradores más cercanos. Y así comenzaron las lluvias de acusaciones y denuncias. Varios funcionarios fueron condenados en primera instancia. Pero ahora, cuando a Bolaños ha dejado el poder, sólo Alemán guarda prisión, los demás fueron exonerados o los casos se han dormido en los tribunales de justicia, famosos en Nicaragua por su afiliación al FSLN y al PLC. Sólo 61 días después de asumir el poder, el 11 de Marzo de 2002, la Procuraduría de Justicia, adscrita al Ejecutivo acusó a ex-funcionarios de la administración Alemán por una defraudación de 1.3 millones de dólares en perjuicio del estatal Canal 6 de televisión. Luego vendrían “los checazos” y la llamada Guaca. Todavía unos meses antes de dejar el poder Bolaños se inició otro proceso en contra del ex-presidente Alemán (Guaca II).

2.2) La lucha anticorrupción en Nicaragua.

¿Por qué en Nicaragua existe la sensación de que la lucha anticorrupción emprendida por el presidente saliente (Bolaños) no dio frutos? ¿Será acaso porque hasta hoy sólo el ex-presidente Arnoldo Alemán (1996-2002) paga por sus actos, aunque tenga el privilegio de tener al Departamento de Managua por cárcel? ¿O será porque ya al final de la era Bolaños se conocieron casos de malos manejos en su administración, a los que el ex-mandatario no les dio importancia, según sus opositores políticos? ¿Repercutió negativamente en los cincos años de la administración de Bolaños y en su lucha anticorrupción emprendida en 2002, la influencia del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), partidos que controlan los tribunales de justicia, la Contraloría y la Fiscalía? ¿Se habrá avanzado en alguna medida en los aspectos de transparencia o hay que sentirse “decepcionados”, como lo expresó el periodista Jorge Loáisiga? Por otro lado, ¿cuál es la importancia de que se apruebe una ley de acceso a la información pública y cuáles son los retos en términos de transparencia para el nuevo gobierno del Presidente Daniel Ortega? Todas estas son algunas de las preguntas debatidas en la mañana del 13 de Diciembre del 2006 en un hotel de Managua entre funcionarios públicos y dirigentes de la sociedad civil.

Los políticos han perdido tanta credibilidad en América Latina que tienen que hacer algo pronto para recuperar la confianza de los electores. En Nicaragua, asegura Orestes Papi, los políticos criollos parecen no entender eso y se resisten a aprobar el anteproyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, que desde hace ya casi un año recibió el visto bueno de la Comisión de Gobernación del Parlamento. Sin embargo, la corrupción es un flagelo que retrasa el desarrollo económico de los pueblos y la Ley de Acceso a la Información Pública lo que hace es lanzarle un salvavidas al sistema político que está bastante deteriorado. Por tanto se ha considerado que aprobar la Ley es oxigenar y darle un poco de credibilidad a los políticos.

El acceso a la información está íntimamente ligado al problema de la corrupción y para recuperar la confianza en la política, los ciudadanos deben controlar a sus representantes. La Ley de Acceso a la Información Pública busca propiciar eso, que el ciudadano común pueda informarse sobre cómo se invierten sus recursos y sobre las acciones de los funcionarios públicos para ver si actúan por el bien de la Nación[5]. Históricamente, la administración pública nicaragüense ha sido manejada con un secretismo sospechoso: en la Dirección General de Ingresos niegan información sobre las declaraciones de rentas de las empresas; en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no informan sobre la ejecución presupuestaria de cada ministerio; y los diputados se resisten a rendir cuentas sobre los 200 galones de combustible que reciben al mes y sobre los 400 mil córdobas (más de 20 mil dólares) que se recetan al año para obras sociales.

Con la Ley de Acceso a la Información aprobada, toda esa información sería la que debe ser pública. Para los funcionarios que se atrevan a negarla se establecen sanciones y multas; sin embargo, hasta hoy ha faltado voluntad política para aprobarla. Las bancadas más grandes en el Parlamento (FSLN y PLC) en público manifiestan que la aprobarán, pero la Directiva de la Asamblea Nacional (2002-2006) hace hasta lo imposible para no ponerla en agenda. Antes de que terminara el período legislativo del año 2006, el 15 de Diciembre habían manifestado que la aprobarían, pero se fueron de vacaciones y se les olvidó. Aprobar la Ley de Acceso a la Información en este contexto no es sólo importante para promover la transparencia y rendición de cuentas en el sector público.

Algunos puntos esenciales del anteproyecto de Ley de Acceso a la Información Pública son los siguientes, entre otros: acerca al gobernante y al gobernado; aumenta la credibilidad en el sistema político; disminuye la discrecionalidad de los funcionarios; fortalece la fiscalización sobre la utilización de los recursos públicos; fortalece la participación ciudadana; y promueve una cultura de participación ciudadana.

2.3) Persecución de la corrupción.

Nicaragua estuvo en los ojos del mundo cuando el ex-presidente Enrique Bolaños denunció la corrupción de la administración de Arnoldo Alemán. Desde entonces se abrieron juicios, investigaciones y señalamientos de corrupción como nunca en los últimos veinte años. La mayoría de los casos fueron investigados por la Procuraduría General de la República (PGR), adscrita al Poder Ejecutivo. A pesar de eso, a la institución se le señaló de trabajar con más énfasis en contra de funcionarios del gobierno anterior que a los del gobierno de Bolaños. El Procurador Especial Penal César Guevara señaló que hasta Febrero de 2006 había más de 400 causas abiertas en la PGR. Entre otros habían sido investigados los casos del Ministerio de Transporte e Infraestructura, relacionados con la supuesta sobrevaloración de una carretera que conectaría el occidente del país con Honduras. También se había investigado la supuesta falsificación de visas para ciudadanos asiáticos, en lo que se involucra a un alto funcionario del gobierno anterior presidido por Enrique Bolaños.

La PGR colaboró en investigaciones realizadas en Panamá y Estados Unidos en contra de funcionarios del gobierno del ex-presidente Alemán. Se ha logrado repatriar importantes cantidades de dinero producto de actos fraudulentos. El trabajo de la PGR no sólo se enmarca en la persecución o castigos para los culpables; también se ha creado “una Oficina de Denuncias Ciudadana”. A partir de Noviembre del 2006 se han venido recepcionando denuncias del público y abriendo investigaciones con base en ellas. Para tratar de prevenir la corrupción e inculcar principios éticos y valores en los jóvenes, la PGR ha trabajado en coordinación con el Ministerio de Educación (MINED)[6] en actividades relativas a capacitaciones, igualmente lo ha hecho con las universidades. En estos ámbitos se trató de inculcar la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas.

Entre los obstáculos que enfrenta la PGR se encuentra un presupuesto bajo en comparación a sus necesidades. Además, hay jueces que piden a la Procuraduría los informes de auditorias de la Contraloría General de la República (CGR) como una condición para poder llevar adelante demandas penales. Y el problema es que la Contraloría es dirigida por magistrados afiliados al PLC y al FSLN, con lo que se politizan las causas. El Código Procesal Penal (CPP) también establece que el Ministerio Público tiene que pronunciarse sobre los casos, porque es la institución que tiene el monopolio de la acción penal. Debido a esas razones hay casos en los que no se alcanzan a iniciar acciones legales, porque los delitos prescriben a los cinco años.

En un sentido más general, en Nicaragua otro obstáculo grave son los recursos de amparo. Muchas veces hay casos de personas que han sido acusadas de robar millones al Estado; sin embargo, se amparan y de esa manera evaden cualquier sanción. Muchos de esos amparos curiosamente son resueltos por los tribunales en cuatro horas.

En Nicaragua, el Órgano Judicial ha estado dominado por magistrados afines al FSLN –partido que ahora está en el poder— y del PLC. Estos últimos se han mantenido fieles al ex-presidente Alemán. Juntos se reparten los cargos más importantes y sensibles de la justicia. El Gobierno de Bolaños puede ser recordado como la época en que se abrió la lucha anticorrupción, pero también como la era en la que muchos casos fueron enterrados, debido a favores políticos y a la politización de las instituciones, en especial las de justicia. Hay casos de millones de córdobas perdidos, pero lo cierto es que sólo el ex-presidente Alemán guarda prisión; eso es en apariencia porque en la práctica él puede moverse libremente por todo el Departamento de Managua y aun con permiso de los jueces el mismo puede extenderse al país entero.

El periodista Jorge Loáisiga, quien fue uno de los primeros que investigó la corrupción en la era Alemán y que siguió escudriñando en los malos manejos de la era Bolaños, dijo sentirse decepcionado, por la forma en que juicios en los que el Estado perdió millones de dólares se han ido cayendo en los tribunales de justicia. Para Loáisiga se trata de dos factores claves en relación a los pobres resultados en la lucha anticorrupción de Nicaragua: la politización de los tribunales de justicia, unido al escaso interés del Ejecutivo por impulsar las acusaciones cuando los involucrados eran amigos de su gobierno. El caso del Canal 6 puede servir de ejemplo: este caso es paradigmático porque fue el primero de corrupción por el que se procesó a ex-funcionarios públicos; resulta que en la administración del ex-presidente Arnoldo Alemán, varias instituciones del Estado emitieron cheques, supuestamente por órdenes superiores, para capitalizar y modernizar el estatal Canal 6 de televisión; sin embargo, parte de los 1.3 millones de dólares que se emitieron en cheques fueron a parar a sociedades panameñas donde Alemán y sus allegados tenían intereses. Por este caso el Estado acusó, hubo condena y luego la PGR terminó abogando en favor de varios de los imputados.

Con relación a los apartados anteriores pueden surgir más preguntas: ¿Habrá planes en este país de llevar a cabo una lucha anticorrupción coordinada entre las instituciones del Estado y otros sectores como sociedad civil, empresarios y medios de comunicación? ¿Habrá instrumentos o herramientas de análisis, de capacitación y/o de incidencia? ¿Habrá recursos disponibles, pues no se puede llevar adelante un esfuerzo de gran envergadura sin ellos? Y una pregunta más, quizás la más importante, ¿contará Nicaragua con capital humano para llevar adelante un esfuerzo o una estrategia de lucha anticorrupción efectiva? No es fácil responder categóricamente a cada una de estas preguntas, pero sí se puede afirmar que en mayor o menor grado hay respuestas positivas a las mismas. Se podría plantear que no hay un plan nacional

Existen instituciones en las que quizás sus mecanismos de operación y coordinación no son los más adecuados, pero que de una u otra forma están trabajando; por ejemplo, La Fiscalía y la PGR. También, al menos por el momento, existe una importante presencia de cooperación internacional en el país dispuesta a apoyar proyectos de lucha contra la corrupción. En torno al capital humano, ese quizás es el mejor recurso con que cuenta Nicaragua; un sinnúmero de personas en diferentes instituciones y de diferentes corrientes ideológicas están desarrollando un liderazgo estratégico en favor de la transparencia y la rendición de cuentas.

Cuando empezaron los esfuerzos por impulsar iniciativas anticorrupción se concebía a éstas en forma vertical, con el presidente de la República a la cabeza. Pero en la práctica, tal como ha ocurrido en Nicaragua, sabemos que no es así. No es tan mecánico el proceso. Se puede, pero siempre y cuando haya un proceso que venga desde abajo y en el cual vaya prevaleciendo una visión de conjunto. Una visión de conjunto no excluye la existencia de conflictos. A veces se dan tensiones entre fiscales y periodistas por el acceso a la información. El periodista quiere sacar la nota al siguiente día y el fiscal quiere cuidar los datos para que no se eche a perder su evidencia. Eso podría ser antagónico en el día a día, pero es una tensión necesaria para que los casos no se olviden ni se caigan. ¿Cómo superar los obstáculos y formular una estrategia anticorrupción efectiva? Hemos aprendido que para eso no basta con redactar un documento. Pensamos que para lograrlo se pueden llevar a cabo al menos tres tareas:

· Un ejercicio permanente de sistematización. Es decir un mecanismo a través del cual se pueda hacer una evaluación compartida de las iniciativas en marcha. Se trata de detenerse un momento y ver qué sentido y qué resultados se están obteniendo. Reflexionar sobre lo que se hace permite hacer ajustes, fortalecer capacidades en forma más inteligente e intercambiar conocimientos sobre buenas prácticas.

· El desarrollo de nuevas aplicaciones. Son preocupantes los vínculos entre el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, con la explotación indebida de recursos naturales y la evasión de impuestos. En el caso de Nicaragua, en estos temas no hay iniciativas consistentes y en verdad requieren de una mayor atención.

· Hay que tratar de que las agendas sean viables. Esto significa que sean posibles, pues al contrario pierden su sentido y crean frustraciones. Por ejemplo, uno no puede demandar la depuración del órgano judicial en un año, pero sí podría exigir en un período igual un sistema de seguimiento de casos, para saber cómo van los procesos, cuánto dilatan y quiénes son los abogados, procuradores y fiscales que están participando en los mismos. La idea es plantear cosas prácticas, que puedan cumplirse en el corto plazo y que puedan darnos una sensación de éxito, todo lo cual sería las victorias pequeñas que darán pautas como plataformas para promover reformas más profundas.

2.4) Características de la corrupción en el Gobierno de Bolaños.

Los casos de corrupción no han sido ajenos a este gobierno, aunque hay que reconocer que en menor medida que su antecesor y a menor escala. Bolaños se hizo famoso a nivel internacional por emprender la lucha anticorrupción. Aunque poco se ha dicho, también se intentó prevenirla, por lo menos fue la impresión que causó por algunas iniciativas impulsadas.

Unos meses después de asumir, Bolaños convirtió a través de un decreto Ejecutivo el Comité de Integridad que él presidió como Vicepresidente en la Oficina de Ética Pública (OEP), adscrita directamente a la presidencia de la República. Las funciones de dicha entidad fueron la de prevenir la corrupción pública y aunque tenía un bajo presupuesto del Estado en el pasado, a medida que crecía la popularidad de Bolaños, crecía la cooperación para dicha oficina. Son atribuciones de la OEP promover la integridad y transparencia en todos los niveles para prevenir y combatir la corrupción, intentando fomentar así en los servidores públicos y en la ciudadanía, valores de honestidad, civismo y ética, mediante la educación, divulgación y sensibilización, dice parte del artículo tres del decreto ejecutivo.

Cuando Bolaños acusó a Alemán y a otros funcionarios del gobierno anterior por delitos de corrupción, la bancada del PLC en el Parlamento se declaró opositora al gobierno. El gobierno a través de la Procuraduría, primero acusó a varios funcionarios por el fraude al Canal 6, pero luego, cuando ya había una sentencia le pidió al juez que los dejara libre, argumentando que habían recibido órdenes verbales de Alemán para transferir dinero de otras dependencias del Estado a la estación televisiva, pero que en realidad fueron a dar a una cuenta del ex-presidente. El Presidente Bolaños fue señalado de recibir doble sueldo: su salario como mandatario y su jugosa pensión como ex-vicepresidente, que puede ser legal, pero a nuestro juicio también inmoral y de proteger a funcionarios cuya transparencia era dudosa, como el hecho de haber instalado una red en todo el Ejecutivo para saquear recursos, igual a como sucedió con el gobierno de Alemán.

Otra de las potestades que se le atribuye a Bolaños es la de impulsar el fortalecimiento de las Unidades de Auditoría en todas las instituciones del Ejecutivo y crearlas en aquellas donde no existían. Haydee Acosta, quien presidió el Comité de Integridad, pasó luego a ser Directora ejecutiva de la OEP; cuenta que sus funciones eran advertirle al mandatario cuando existían indicios de que en entidades manejada por el Ejecutivo no había transparencia. Entre las iniciativas de la OEP está el haber impulsado que todas las instituciones del Estado contarán con Unidades de Auditoría, para así llevar un control sobre las compras del Estado y también monitorear las licitaciones; y aunque no siempre se logró, sí se avanzó en alguna medida. Ya a punto de dejar su puesto Acosta, sentada una mañana de Octubre del 2006 en su pequeña oficina ubicada en una casa alquilada en un barrio residencial de Managua, dijo sentirse contenta con el trabajo realizado aunque acepta que se pudo hacer más.

Varios de los consultados opinaron que la OEP era una instancia decorativa, sin ningún peso ni trabajo específico. Y es que la misma fue blanco de serias críticas. En Marzo del 2005, el diario La Prensa publicó que como parte del Programa de Transparencia y Eficiencia en las Compras y Contrataciones del Estado, manejado por la OEP y promovido con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 12.5 millones de dólares se les pagaron a 60 consultores nacionales y extranjeros para que redactaran una propuesta de ley. Para los críticos de la Administración Bolaños, pagar esa cantidad de dinero sólo en asesoría en el país que tiene el más bajo ingreso per-capita de Centroamérica (906 dólares) –después de Haití-- era una ofensa para aquellos sectores que demandan incrementos salariales o medicinas en los hospitales, negados todos esos años para que Nicaragua se enmarcara dentro de las condiciones de los organismos financieros internacionales, orientadas hacia una política económica responsable que niega a corto plazo beneficios sociales.

Da la impresión que por haberse realizado las elecciones nacionales en el año 2006, las iniciativas anticorrupción del Ejecutivo, o no existieron o se vieron opacada por la campaña política ante la posibilidad o el miedo en algunos sectores de un triunfo del izquierdista Daniel Ortega, como finalmente ocurrió. El ex-contralor de Nicaragua, Agustín Jarquín Anaya[7], quien inició las primeras investigaciones sobre la corrupción del pasado gobierno, haciendo un análisis sobre la lucha anticorrupción del Ejecutivo, mantiene que el gobierno no impulsó en el 2006 ninguna medida anticorrupción que haya tenido interesantes éxitos y que tampoco ninguna entidad encargada de combatirla cobró mayor interés.

En cambio, el académico Sergio Cuarezma Terán opina que, el hecho de que a la OEP le hayan asignado el rol de autoridad central en la coordinación para la aplicación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, es un gran logro. Su mayor protagonismo ha sido en la capacitación a los servidores públicos. Opina el mismo académico que también la Contraloría General de la República (CGR) ha jugado un papel importantísimo en la lucha anticorrupción, aunque también señala que sus decisiones se han visto empañadas muchas veces por lo que él llama “decisiones de naturaleza política”.

La Contraloría está integrada por cinco contralores: tres de ellos responden abiertamente a los intereses del PLC y el ex-mandatario Alemán y dos a los intereses del FSLN. La repartición de estos cargos es llamado en Nicaragua “El Pacto”, el arreglo político entre estos dos partidos mediante el cual se repartieron los cargos más importantes dentro del Estado. “Sin duda, y con base a una nueva cultura institucional y política a mediano plazo (que en buena medida descansará en las generaciones que todavía hoy vienen creciendo), podremos tener a una institución que pueda realizar plenamente su mandato constitucional”, dice Cuarezma Terán, confirmando en buena medida la partidarización de la CGR, pero confiado en que las cosas pueden mejorar.

Hay que advertir no obstante, que la labor de la CGR es castigar mediante resoluciones administrativas y civiles a los funcionarios que caigan en prácticas no transparentes, no necesariamente prevenir los malos manejos en la administración pública, pero también es preciso aclarar que las resoluciones administrativas sirven de pruebas en los juicios penales sólo si el Ministerio Público lo estima conveniente. Hace unos dos meses, la CGR había castigado administrativamente a casi un mil funcionarios públicos. Bajo este sistema el Estado pretende recuperar parte de los daños ocasionados; sin embargo, en el transcurso de la historia, Nicaragua nunca le ha cobrado un centavo a nadie. La CGR maneja que el monto que la Procuraduría debe cobrar asciende a los 1 mil millones de córdobas. Los mecanismos para que el Estado recupere van desde juicios en los tribunales civiles hasta embargos. El gobierno de Bolaños no movió un dedo para recuperar nada. La realidad es que la Procuraduría de Justicia –abogado del Estado— y el Ministerio de Hacienda nunca se pusieron de acuerdo para cobrar.

Luis Humberto Guzmán, analista político nicaragüense, cree que en medio de todo también la Comisión Especial del Parlamento que investigó la emisión de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis), cobró relevancia en el año por dos cosas: por la supuesta implicación de dos políticos[8] y por los más de 600 millones de dólares que representan para el Estado en deuda interna. Dicha comisión fue muy cuestionada por investigar la emisión de los Cenis, que cubrieron las quiebras bancarias en el año electoral. El mismo Guzmán acepta que su actividad fue muy controversial. Actualmente no hay ningún acusado por ese hecho ni se ha negociado la emisión de los mismos. A nuestro juicio la investigación sobre las quiebras bancarias debió iniciarlas la Asamblea Nacional en el 2002, pues haberse impulsado el año electoral le daba la oportunidad a los implicados de refugiarse diciendo que todo era político. La investigación periodística realizada por El Nuevo Diario está más que justificada, bajo la premisa de que el pasado de los políticos, por ser precisamente eso, siempre está presente y hay que exponerlo, siempre y cuando no esté ligado a asuntos íntimos.

Aparte del Poder Ejecutivo, la CGR, Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Policía Nacional, destacan este año pero de manera negativa, opina María Gabriela Berríos, directiva del Movimiento por Nicaragua (MpN); estas instituciones “tienen en diferentes medidas una percepción negativa, ya que en general no actúan con la misma objetividad, firmeza y beligerancia, en todos los casos en que se presume hubo malos manejos o actos de corrupción, o peor aún son parte de la corrupción”, destaca.

Zoila Guadamuz, dirigente de la Sociedad Civil es más categórica. Dice que el problema de la corrupción en Nicaragua no consiste en que se cumpla o no normativas internacionales, sino que no existe una voluntad política de parte del gobierno, y menos independencia de poderes para llevar a cabo los procesos anticorrupción. No existe independencia del Poder Judicial –continúa Guadamuz— y por lo tanto los jueces no son libres de actuar; tampoco existen mecanismos de acceso ágiles que le den repuesta a las denuncias ciudadanas en las instancias que se han creado para tales fines. Jarquín Anaya menciona tres aspectos que para él han impedido la aplicación de políticas de prevención y resolución de prácticas de corrupción: la politización de las causas atendidas o abiertas; la excesiva influencia de los partidos en las entidades oficiales que atienden dichos temas, sobre todo en la justicia; y la relación de dependencia de los medios de comunicación con grupos financieros e industriales poderosos del país.

2.5) Casos de corrupción en la “nueva era” de Bolaños.

Como ya apuntamos al inicio, el Presidente Bolaños fue en sus inicios un abanderado de la lucha anticorrupción, pero esa percepción se vino desvaneciendo a tal punto que al final se notó como que era una lucha exclusiva en contra de los funcionarios del gobierno Alemán y no necesariamente una política anticorrupción definida.

El Gobierno de Bolaños vino perdiendo, exceptuando las acusaciones de lavado de dinero en contra de Alemán, casi todos los casos que inició. La explicación oficial por parte de su gobierno es que los tribunales de justicia están manejados por el FSLN que tiene un pacto con Alemán y que éste es quién dirige a través del Fiscal Julio Centeno Gómez el Ministerio Público (MP). Lo cierto es que la Procuraduría de Justicia jamás pudo ponerse de acuerdo con la Fiscalía para entablar una demanda común. Centeno Gómez se defiende y dice que la Procuraduría no lo tomó en cuenta en las acusaciones y lo hizo de manera paralela antes que entrara en vigencia el Código Procesal Penal, que le confirió potestades para acusar a la Fiscalía. En ese sentido se expresa Jarquín Anaya; para él, la excesiva politización, la falta de un plan integral, el conflicto del presidente con otras instancias y no ir a fondo en los casos que se iniciaron, fueron un obstáculo en la lucha contra la corrupción. Para el académico Cuarezma Terán, otro obstáculo fue la visión histórica de los partidos políticos que ven el poder como “una forma de vida económica y para mantenerla lo convierten en un Estado botín”.

a) Carretera Chinandega-Guasaule.

En los cinco años de la administración Bolaños, los casos de corrupción más sonados se dieron en el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) por la sobrevaloración en más de 5 millones de dólares de un tramo de carretera que comunica al país con Honduras y la falta de ejecución del proyecto, según investigaciones periodísticas del matutino El Nuevo Diario[9]. Sobre el caso hay auditorías, estudios, cartas, entre otros documentos, pero hasta ahora, la Procuraduría, adscrita al Ejecutivo, no acusó a los supuestos funcionarios involucrados. Más bien el presidente Bolaños cerró filas a favor del ahora ex-ministro Pedro Solórzano. Cada que es consultado al respecto por los periodistas, el ex-mandatario dice que todos los señalamientos son políticos. Igual argumentaba Alemán cuando Bolaños comenzó a acusarlo.

b) Empresa Portuaria Nacional.

El ingeniero Roberto Zelaya Blanco asumió la Presidencia Ejecutiva de la Empresa Portuaria Nacional (EPN) en el año 2000, nombrado por el ex presidente Alemán. Desde esa fecha la institución empezó a girar cheques a favor de una empresa automovilística de la que Alemán y sus familiares eran dueños. También abrió cuentas paralelas de la institución en las que sólo él era firma libradora. Pese a todo lo anterior se mantuvo en el cargo hasta Marzo del 2005. Después que dejó su cargo se supo, por publicaciones periodísticas, que habían cambiado cheques hasta por un monto de 25 millones de córdobas y entregados a allegados a Zelaya Blanco que no se sabía su paradero. Hasta el momento de redactar este documento, nadie ha sido castigado por ese hecho.

c) Empresa Nacional de Electricidad.

Cuando se privatizó la distribución de energía en Nicaragua a favor de la empresa española Unión Fenosa, la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL) mantuvo su hegemonía en el Caribe del país a través de plantas que producen energía con combustible. ENEL tenía luz verde para alquilar plantas o contratar empresas de mantenimiento para mantener su obsoleto sistema. Fue a través de ese mecanismo que el Estado pagó más de 7.5 millones de córdobas aproximadamente, por supuesto alquiler y mantenimiento de plantas de energía por empresas, cuyos dueños eran el chofer y la doméstica de un alto ejecutivo de ENEL, que luego pasó al Instituto Nicaragüense de Energía (INE). Cuando el matutino El Nuevo Diario buscó en las direcciones donde supuestamente estaban ubicadas las empresas, según los recibos que emitían, constató que eran casas particulares. Quien firmó los contratos con las empresas fantasmas fue Juan Carlos Izaga, un funcionario de ENEL, vecino en Masaya del Presidente Bolaños, a quien el mandatario vio crecer cuando llegaba a jugar a su casa. La Procuraduría de Justicia nunca llevó a nadie a los tribunales de Justicia por ese caso y tres de los funcionarios involucrados permanecen en sus puestos hoy en día.

Para el empresario Manuel Ignacio Lacayo, el Presidente Bolaños nunca tuvo voluntad política para luchar contra la corrupción. Mantiene que el presidente vio una oportunidad para no pasar desapercibido y la aprovechó. Lacayo dice que la protección para Pedro Solórzano, el hecho de que el presidente no renunció a su salario como ex-Vicepresidente de la República, los privilegios otorgados a un grupo de empresarios y la falta de voluntad por investigar la emisión de Cenis, confirman su tesis. Igual argumentó el economista independiente Néstor Avendaño.

2.6) Otros casos sonados de corrupción en Nicaragua.

a) El fraude de Agave Azul.

Unos 13,500 nicaragüenses fueron estafados de Mayo a Diciembre del 2005 por una empresa llamada Agave Azul, la que se hacía pasar como comercializadora de tequila y captaba dinero del público para comprar en México supuestamente “kit” de tequilas y venderlos en países de Asia y Europa. Al menos eso era lo que decían a los ciudadanos que le entregaron su dinero. Sin embargo, el propósito de la empresa era captar dinero del público y formar una cadena interminable de llamados promotores, a quienes pagaba jugosas comisiones si convencían a más nicaragüenses para que entrarán al lucrativo negocio.

En siete meses la empresa atrajo a 13,.500 nicaragüenses de todos los sectores sociales: empresarios (grandes, medianos y pequeños), diputados, altos jefes de la policía y el ejército, hijos de fuertes funcionarios del Estado y personas humildes que entregaron sus ahorros de toda la vida; otros hasta hipotecaron su vivienda para entrar al negocio. Al final el fraude fue de 8.3 millones de dólares. Lo interesante de todo es que Agave Azul ya tenía antecedentes en El Salvador y las autoridades nicaragüenses dejaron operar a la empresa siete meses. En Junio del 2005 la empresa del mismo nombre, pero con otros socios, fue intervenida por la Fiscalía de El Salvador; la investigaban por lavado de dinero. En Agosto del mismo año el matutino EL NUEVO DIARIO publicó que Agave Azul estaba siendo investigada por la Policía Nacional por lavado de dinero y por tener posibles vínculos con el narcotráfico. Para entonces la empresa tenía unos 3,500 promotores y había recolectado unos 3 millones de dólares. Agave Azul Nicaragua fue inscrita el 5 de Mayo del 2005 en el Registro Mercantil bajo el número 26920-B5, página 1/9, tomo 924-B5, del Libro Segundo de Sociedades del Registro Mercantil, e inscrita con el número 36230, página 236/237, tomo 159 del Libro de Personas. Los socios de la empresa eran el mexicano Óscar Arturo del Valle (supuestamente un personaje fantasma que también fungió como representante legal de Agave Azul-El Salvador) y el nicaragüense Félix Bolaños Téllez.

Cuando se publicó la forma de operar de la empresa y las cuentas que había dejado en El Salvador, Bolaños Téllez –al mexicano nunca se le vio por este país—, deslindó responsabilidades de su similar salvadoreña, pero su socio del Valle Rodríguez tenía nexos con la empresa que para entonces había sido intervenida en El Salvador. También, Xochilt Zapata, una alta ejecutiva de la empresa en Nicaragua, viajó cuando Agave Azul fue intervenida en El Salvador a hablar con las personas afectadas. O sea que sí había una relación.

· Félix Bolaños Téllez: Fue acusado por la Fiscalía del delito de estafa y condenado posteriormente a tres años de cárcel. Era uno de los socios de la empresa, gerente general y apoderado legal. En este momento está en prisión.
· Oscar Arturo del Valle: Supuestamente mexicano, aunque luego se manejó que usaba una identidad falsa. La Fiscalía de Nicaragua lo acusó de estafa. Esta circulado por la Interpol y se desconoce su paradero. Siempre se dijo que era el cerebro de la operación tanto en El Salvador como en Nicaragua.
· Byron González Guatemalteco: Fungía como gerente regional de Agave Azul. En Nicaragua se manejó que era quien conducía los intereses directos del mexicano con la identidad de Óscar Arturo del Valle. Según varias versiones periodísticas, era el que manejaba el dinero. Cuando la empresa fue intervenida, huyó del país y regresó a Guatemala. La Fiscalía de Nicaragua nunca lo acusó de nada.
· Xochilt Zapata: Nicaragüense. Era una alta ejecutiva de la empresa y ganó mucho dinero porque también era promotora. Nunca se le acusó de nada. Actualmente vive en Nicaragua.
· Alberto Rivas: Fue el primer contacto con Óscar Arturo del Valle en Nicaragua y alto ejecutivo de la empresa. Está en Nicaragua y nunca fue acusado de nada.

b) La extorsión de Tola.

Un reportaje investigativo del programa Esta Semana que dirige Carlos Fernando Chamorro ha puesto en evidencia prácticas de extorsión en el municipio de Tola, Rivas, al sur del país, donde inversionistas serían supuestamente chantajeados (hasta con 4 millones de dólares), a cambio de que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) les arregle problemas territoriales a través de su influencia en los tribunales de justicia.

Esta Semana publicó la grabación de una supuesta conversación entre Gerardo Miranda, cónsul de Nicaragua en Liberia, Costa Rica, y el empresario Armel González, en donde el diplomático –que fue Alcalde de San Juan del Sur y Diputado del FSLN- le pide 4 millones de dólares a cambio de arreglarle un litigio judicial que tiene con miembros de una cooperativa por tierras en las codiciadas costas de Tola. En la conversación Miranda le dice que con esos 4 millones para “el jefe” arregla su problema. El inversionista por su parte, ha manifestado que el cónsul lo llevó a la secretaria del FSLN, donde despacha el mandatario Daniel Ortega, a exponerle el problema a Vicente Chávez, contralor suplente y operador político del partido de gobierno, FSLN. El inversionista aceptó; sin embargo, expresa que ofreció un terreno valorado en 500 mil dólares a Miranda para que le solucionara su problema, pero éste aparentemente le respondió que su ofrecimiento no había sido aceptado por su “jefe” y que más bien le causó risa.
A continuación una cronología del caso:

· 27 de Mayo del 2007: Esta Semana, que se trasmite los domingos a las ocho de la noche en el Canal 8, publica el reportaje. Primero, el cónsul Miranda acepta que habló con González, pero cuando le muestran la grabación de su voz pidiendo los cuatro millones de dólares, lo niega y dice que ese no es él.

· 28 de Mayo: El caso se vuelve un escándalo. Todo mundo lo comenta y piden que se abra una investigación por el supuesto caso de extorsión.

· 29 de Mayo: Miranda acude a la Fiscalía y denuncia al empresario Armel González por injurias y calumnias, soborno, extorsión, exposición de personas al peligro y falsificación de documentos. También denunciaron al diputado de la Alianza Liberal Alejandro Bolaños, sobrino del ex-presidente Enrique Bolaños y suegro de González. Ese día, cuando llegó a la Fiscalía, Miranda la emprendió en contra del periodista Carlos Fernando Chamorro, a quien acusó de estar en contubernio con los dueños de las tierras y hasta de ser socio. Este mismo día, la Fiscalía abre una investigación por supuesta extorsión, pero también abre otra paralela haciendo eco de la denuncia de Miranda.

· 1º de Junio: El periodista Carlos Fernando Chamorro llega a la Fiscalía en calidad de invitado y miembros de dicha entidad le solicitan copia de la grabación. Chamorro, sin embargo, les ofrece copia del reportaje. Ese mismo día el periodista expresa que la campaña de desprestigio en su contra es para amedrentar al periodismo, pues altos personeros del gobierno del FSLN desestimaron el reportaje y más bien empezaron a desacreditarlo a él y al inversionista González (con un historial de múltiples denuncias en su contra). El mismo primero de Junio, el Procurador Hernán Estrada brinda conferencia de prensa en donde hace eco de las denuncias de Miranda en medios sandinistas, dando a entender una oscura relación con el narcotráfico de González y Chamorro.

· 11 Junio 2007: La Fiscalía anuncia que la Policía Nacional le informó que no cuenta con los medios necesarios para hacer un peritaje y verificar si la voz que le pide cuatro millones de dólares a González es la del ex-diputado Miranda. La Fiscalía también expresa que han revisado los archivos de la Policía Nacional y que en los registros que esa institución lleva, no aparecen como visitantes en la Secretaría del FSLN, ni Miranda ni González.

· 27 mayo a la fecha: Una oscura campaña de desprestigio se mantiene en los medios sandinistas que manejan los hijos del presidente Ortega. Los ataques en contra de Chamorro, quien precisamente dirigió Barricada, el diario oficial del FSLN en los años ochenta, son constantes.

3. Iniciativas autoritarias del nuevo Gobierno de Daniel Ortega[10].

En Febrero del 2007, la conducción del gobierno en Nicaragua ha cambiado radicalmente. Después de tres gobiernos asociados con la derecha política, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) regresa al poder. El presidente Daniel Ortega ha prometido cero tolerancia hacia la corrupción; sin embargo, hay señales preocupantes que indican que el nuevo mandatario busca concentrar más facultades en sus manos, hecho que puede ser la antesala al abuso descontrolado del poder. Ojalá que el Presidente Ortega y su equipo recapaciten en los peligros que conlleva romper la lógica de pesos y contrapesos que caracteriza a la democracia.

El Presidente Daniel Ortega, en menos de un mes de estar en el poder, está creando una especie de “consejos populares de base” para restarle facultades al Poder Legislativo. Mandó al Parlamento una iniciativa para que se le otorguen más poderes a él y así poder crear mediante decretos presidenciales secretarías o ministerios. También quiere abolir el Ministerio de Defensa y el de Gobernación y dirigir él directamente sus relaciones con el Ejército y la Policía. Ortega ha estado en la mira del mundo desde que resultó electo presidente el 5 de Noviembre del 2006; es seguido de cerca por los inversionistas internacionales por su amistad con líderes polémicos como Hugo Chávez, Presidente de Venezuela y Evo Morales, Presidente de Bolivia, entre otros; y también por los anteproyectos de reformas que ha enviado al Parlamento.

“En la situación actual, en la que el Presidente llega al poder a través del ejercicio democrático, alarma que envíe iniciativas que le otorgarían al Ejecutivo poderes extraordinarios”, escribió en La Prensa el analista político Emilio Álvarez Montalván. “La excusa – expresa el analista - para ese incremento de mando que pide el Presidente Daniel Ortega es irrazonable, porque no sufrimos en el país inestabilidad o ingobernabilidad. Al contrario el señor Ortega ha recibido todo en orden y tranquilidad, con una sana situación financiera y excelentes relaciones con la comunidad donante y las agencias internacionales de préstamo. Lo único que falta es dar mayor énfasis a la inversión social y estimular la inversión extranjera. Repetir el tipo autoritario de poder y meterse sin necesidad a aventuras de política exterior, no es sensato y nos expone a desenlaces dañinos”, asegura el señor Álvarez Montalván. Ortega pide ahora más funciones para el Ejecutivo, pero contradictoriamente hace unos meses abogaba por un régimen parlamentario; es más, el FSLN y el PLC modificaron la Constitución para ratificar ministros, aunque luego estas reformas se congelaron con la aprobación y ampliación de la polémica Ley Marco. En otras palabras, Ortega quería primero - cuando era el líder de la oposición - un régimen parlamentario, pero ahora como Presidente de la República quiere concentrar el poder en el Ejecutivo. La excusa es implementar una especie de democracia directa.

Para el analista Alejandro Serrano Caldera, esos consejos populares son un mecanismo para concentrar poder. Dichos consejos populares ya fueron oficializados en el Diario La Gaceta, antes de que el Parlamento reformara la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Serrano Caldera expresó a El Nuevo Diario que “estos hechos apuntan a una centralización del poder presidencial”. Para el analista los Consejos Populares podrían responder en plazas públicas a llamados del presidente y legitimar sus decisiones. En medio de todas las incertidumbres causadas, en el Parlamento se han discutido otras leyes menos el anteproyecto de Acceso a la Información Pública que los diputados dejaron pendiente el año pasado (2006). Mientras tanto, los periodistas no saben donde buscar la información oficial porque el Consejo de Comunicación que dirige la esposa del presidente, Rosario Murillo, pone demasiadas trabas al acceso informativo; el Diario La Prensa publicó que ni siquiera la agenda pública del mandatario le quiso facilitar. Murillo tiene sus oficinas centrales en la casa del FSLN, donde también Ortega recibe las visitas oficiales del Gobierno.

4. La sociedad civil y la participación ciudadana.

El ciudadano que tiene y maneja información tiene poder. Pero en Nicaragua para acceder a la información pública hay que recurrir a cualquier otro mecanismo, y no necesariamente solicitarla a los funcionarios públicos, pues la falta de voluntad política y la burocracia impiden tener un resultado satisfactorio.

Lo anterior, sumado a que el país no tiene aún en ejercicio la Ley de Acceso a la Información Pública, aunque ya algunos legisladores han informado que aprobarán dicha Ley, es un anteproyecto que ya recibió un dictamen favorable, pero que se ha engavetado todo este tiempo. El Estado, según Humberto Guzmán, tiene una tendencia al secretismo y a la insensibilidad. No explica sus errores, ni sus funcionarios pagan las consecuencias cuando los cometen. Con una Ley que obligue al funcionario a facilitar información y a rendir cuentas se podría mejorar en dicho aspecto. Todos los cuestionarios que personas bien informadas contestaron para este informe de percepción, coinciden que la libertad de expresión se ha mantenido intacta. En el periodo de Bolaños los medios han publicado información comprometedora para el Ejecutivo, han criticado sus planes y no se ha escuchado de una amenaza seria para los periodistas, ni boicots publicitarios, aunque es claro que el gobierno ha tenido sus medios favoritos para anunciarse.

Para el diputado Jarquín Anaya, el derecho ciudadano más relevante que se está promoviendo para ser más eficaz la lucha contra la corrupción es el de acceso irrestricto a la Información Pública. “La información que fluye es muy poca; pero la tendencia es a incrementarse (aún sin aprobar la Ley de Acceso a la Información Pública)”, agrega este diputado. El hecho de que exista libertad de expresión es positivo para el balance de este gobierno, pues ésta es esencial para que exista un Estado de Derecho. “Pienso que las personas han ejercitado un músculo que hasta hace poco estaba atrofiado, por el temor de hablar y de ser reprimido. Esta libertad, su reconocimiento y práctica representan la base de un Estado Democrático y Plural””, destaca el académico Sergio Cuarezma Terán.

VII. MECANISMOS DE CONTROL CONTRA LA CORRUPCION.

1. Marco jurídico nacional.

En cuanto a normas legislativas en el área centroamericana, las que mayor atención han cobrado son las de acceso a la información pública. Panamá cuenta con una ley en esta materia desde el 2001. Honduras aprobó la suya en Noviembre 2006. Mientras que los parlamentos de Guatemala y Nicaragua las mantienen en discusión. Con relación a oficinas de prevención, todos los países cuentan con al menos una de ellas. La Comisión para la Transparencia y la Anticorrupción (Guatemala), Tribunal de Ética Gubernamental (El Salvador), Consejo Nacional Anticorrupción (Honduras), Oficina de Ética Pública (Nicaragua) y el Consejo Nacional de Transparencia (Panamá), son los ejemplos más destacados.

En materia de control y persecución, en Nicaragua no sólo se cuenta con los órganos tradicionales (Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República, Ministerio Público o Fiscalía General de la República), sino también con unidades especializadas en auditoría, delitos de corrupción y lavado de dinero. En esta categoría entran las contralorías, las fiscalías y los tribunales, que en cada país tienen connotaciones diferentes. Las oficinas del ombudsman en Centroamérica son las llamadas a tutelar aquellos derechos ciudadanos cuyo ejercicio es necesario para limitar los abusos de poder de los gobiernos. Informarse, elegir, vigilar o disentir, entre otros derechos pueden ser, al menos según los marcos legales, tutelados bajo el amparo de estas oficinas.

Cabe mencionar que existe un Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos como una instancia regional a través de la cual estas oficinas mantienen agendas básicas de coordinación. Lo señalado basta para advertir, según nuestro criterio, que los países cuentan con las instituciones y marcos normativos necesarios para llevar adelante un programa de lucha contra la corrupción, en las áreas que señalan los tratados internacionales. Los asuntos cruciales son qué tan desarrollados se encuentran los marcos institucionales y qué tan efectivos resultan ser en la práctica.

2. Marco jurídico internacional.

Los países de Centroamérica y Panamá son suscriptores de la Convención Interamericana contra la Corrupción y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Nicaragua ha suscrito varios acuerdos relacionados con la lucha contra la corrupción en el marco del proceso de Cumbres de las Américas, desde que estas se iniciaron con la reunión en Miami en 1994. Complementariamente existen otros instrumentos adoptados por organismos internacionales que son aplicables a estos países, como por ejemplo el Código de Buenas Prácticas de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) y las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero y Activos (GAFI).

La Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC) fue adoptada por los mandatarios del continente en marzo de 1996, bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos (OEA). En ella Nicaragua se obliga a tipificar en su legislación delitos de corrupción y a implementar medidas preventivas, que incluyen incorporar o revisar: las normas de conducta de los funcionarios y servidores públicos; los sistemas de contratación de personal, bienes y servicios; los sistemas para la declaración de patrimonio y su publicidad; eliminación de beneficios tributarios; protección a personas que denuncien actos de corrupción; transformación de los entes fiscalizadores; medidas para impedir el soborno interno y transnacional; y mecanismos para facilitar la participación de la sociedad civil en la prevención de la corrupción. En junio del 2001 se aprobó un mecanismo de seguimiento para lograr la debida implementación de la CICC. Este mecanismo consta de dos órganos: la Conferencia de Estados Parte y el Comité de Expertos. La Conferencia está integrada por representantes de todos los Estados Parte y tiene la autoridad y responsabilidad general de instrumentar el mecanismo. El Comité está integrado por expertos designados por cada Estado Parte. Es responsable del análisis técnico de la implementación de la Convención y de evaluar los avances en la implementación de la CICC a través de rondas de análisis.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción muestra una concepción mucho más amplia e integral del problema de la corrupción y de las respuestas que se necesitan para hacerle frente. Algunas de sus características son:

· Los Estados se obligan a dictar políticas anticorrupción y se eleva la exigibilidad de medidas preventivas, como los sistemas de mérito en el empleo público, códigos de conducta, presupuestos y contrataciones transparentes, libertad de información, entre otras.
· Propicia regulaciones más estrictas para el sector privado, en lo referente a procedimientos de contabilidad y auditoría, códigos de conducta y transacciones con instituciones de gobierno.
· Amplía las posibilidades para el combate de la corrupción transnacional a través de regulaciones para la prevención del lavado de dinero, inteligencia financiera, extradiciones, asistencia judicial recíproca, recuperaciones de activos, entre otras.
· Introduce medidas de reparación con respecto a los daños que provocan los actos de corrupción, como por ejemplo la revocatoria de concesiones otorgadas irregularmente o el pago de indemnizaciones para las víctimas.
· Ofrece mejores garantías para la participación de los grupos cívicos en la lucha contra la corrupción, fortaleciendo la libertad de participar en la adopción de decisiones gubernamentales y la libertad de buscar, recibir y difundir información relativa a la corrupción.

La Convención entrará en vigor cuando al menos treinta Estados la hayan ratificado, para lo cual permaneció abierto el período de firmas hasta el 09 de diciembre de 2005. Los países de Centroamérica y Panamá ya la suscribieron y El Salvador ya la ratificó (fue el primer país de Latinoamérica en hacerlo).

De momento solo la CICC cuenta con un mecanismo de aplicación y seguimiento, integrado por la Conferencia de Estados Parte y el Comité de Expertos. En el caso de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción habrá que esperar hasta que entré en vigencia, aunque esto no le resta valor a la utilidad que desde ya tiene como fuente de criterios e indicadores para evaluar la respuesta de los gobiernos de la región frente al flagelo.

Existe otro mecanismo acordado entre los gobiernos de Centroamérica y Panamá para unificar políticas y dar seguimiento a sus esfuerzos anticorrupción: la Reunión de Entes Contralores. Éste quedo consignado en el Artículo 5 del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica en el año 1995. Sin embargo, hasta la fecha dicho mecanismo no ha sido puesto en práctica.

En el año 2004 en tres países de la región se dieron cambios de gobierno: Guatemala, El Salvador y Panamá. Los presidentes electos en estos países, al igual que los otros de Costa Rica, Honduras y Nicaragua, incluyeron como parte de sus planes de gobierno acciones de lucha contra la corrupción. La siguiente tabla presenta los nombres de los mandatarios de la región y sus períodos de gobierno.

Los países del istmo centroamericano se han adherido a la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Guatemala y Nicaragua fueron los últimos en ratificar la Convención de las Naciones Unidas, quedando únicamente Costa Rica pendiente de proceder con tal acto. La Convención Interamericana contra la Corrupción, cuya implementación se lleva a cabo bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos, es la más antigua y la que reporta mayor atención. Eso se debe a que el mecanismo de seguimiento de dicho tratado está operando desde el 2001. En estos momentos se encuentra en la segunda ronda de análisis sobre los avances de los países, que se traducen más que todo en la adecuación de las leyes secundarias.

Ninguna de las convenciones citadas anteriormente impone metas a los países sobre las reformas que deben alcanzar. Más bien lo que abordan son áreas de acción y recomendaciones sobre lo que los países pueden hacer en la medida que lo consideren conveniente y adecuado a sus condiciones internas. La importancia de las convenciones radica por un lado en que ofrecen un discurso común sobre acciones que los gobiernos deben llevar adelante, y por el otro en que facilitan la cooperación internacional en materia de lucha contra la corrupción.

En cuanto a su contenido, la Convención Interamericana propone medidas preventivas en materia de normas de conducta para los servidores públicos, declaraciones de patrimonio, contrataciones de personal y de bienes, adecuación de los sistemas de impuestos, órganos de control, sanción a los sobornos y participación de la sociedad civil. La Convención de las Naciones Unidas va un poco más allá. Además de retomar las medidas preventivas citadas anteriormente, y desarrollarlas un poco más, establece que cada Estado debe contar con una política de lucha contra la corrupción y una oficina que coordine la aplicación de tal política, señala derechos que los ciudadanos pueden ejercer como la participación en las decisiones sobre las políticas públicas y el acceso a la información gubernamental, atribuye al sector privado la responsabilidad de fijar estándares de conducta para sus ejecutivos en lo referente a los negocios con el Estado y en las relaciones con sus competidores. En especial el tratado de las Naciones Unidas promete, una vez logre su aplicación, ser un instrumento valioso para la repatriación de capitales y la extradición de personas acusadas de corrupción.

3. La Contraloría General de la República (CGR).

La CGR debe adecenta la credibilidad de sus instancias, hay que saber quiénes son sus integrantes y qué hacen a lo interno de sus estructuras. Deben ganar credibilidad con acciones claras contra la corrupción y eso le daría autoridad moral. Hacer que sus políticas sean agenda de las organizaciones sociales. Si la CGR quiere obtener autoridad moral con el pueblo, debe tener una posición política frontal a la corrupción del Estado. Debe ser una institución independiente al Presidente de la República; debe lograr la penalización al corrupto o al saqueador. ¿Porqué? Porque ahora la gente no cree en nadie; no cree en las instituciones del Estado.

La búsqueda de consenso dentro de los integrantes de las contralorías o tribunales de cuentas del área centroamericana, es trasladar las dificultades del consenso que existe al nivel de toda la sociedad, es encontrar posiciones muchas veces contrapuestas. Existe una limitante nacional que tiene que ver con el hecho que la impunidad es mucho más fuerte que la investigación en el campo de la corrupción y por la creación de toda una serie de poderes fácticos muy influyentes, que incluso se oponen por encima de la ley y a los cuales es difícil llevar a juicio o deducir responsabilidad. Dos grandes limitantes, es que la CGR no tendría que reemplazar funciones de otros órganos competentes, ni pretender sustituir la iniciativa ciudadana en la materia. La CGR debe y tiene que ser más incidente en sus acciones y dar una demostración contundente y expandir sus efectos en todas las esferas de la función pública.

VIII. PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE LA ETICA Y VALORES EN EL SECTOR PUBLICO NICARAGUENSE.

1. Necesidad de la gestión ética en el aparato estatal.

Históricamente, las sociedades que han logrado una alta armonización y coherencia entre normas formales e informales, han experimentado notables desarrollos económicos y sociales por la posibilidad de hacer acuerdos complejos, merced a la confianza que las actuaciones de los agentes sociales generan en el conjunto de la sociedad, y por ende a la ampliación de la capacidad de producir riqueza que beneficie al conjunto de la ciudadanía, mejorando su calidad de vida. Lo contrario ocurre en las sociedades en donde se presentan incongruencias entre ley, cultura y ética tanto en el ámbito del sector privado como en el de la administración pública. En estos casos, la baja confianza que se gesta se convierte en obstáculo para los pactos sociales, el Estado se debilita en su función de defensor y promotor de los intereses públicos, la población se siente desprotegida e inerme frente a los poderosos intereses privados, y la insolidaridad y el ¡sálvese quien pueda! se convierten en los referentes para la acción individual.

En el campo de la administración pública es aceptado que la eficiencia y la transparencia en la gestión pública son resultado de la actuación congruente de los servidores públicos dentro de los marcos regulatorios formales e informales, en donde la ley constituye el entorno normativo explícito que basado en la cultura y en la ética, expresa el interés común; la cultura regional, local y del grupo social al que pertenece el servidor público, por su parte, expresa formas concretas de pensar, sentir y actuar frente al mundo, que no deben entrar en antagonismo con los principios y fines constitucionales y legales sobre el carácter de la función pública, sino por el contrario, ilustra los procedimientos más idóneos para atender las necesidades de la población de acuerdo con su idiosincrasia; y los valores y principios éticos que porta el servidor público, a su vez, regularán sus actuaciones en el marco de la cultura y el cumplimiento de la ley, como mecanismo de autocontrol para orientar sus actuaciones en la búsqueda del bien común y la defensa del interés social sobre el interés particular.

En este contexto, es claro que para el desarrollo social y económico y la convivencia justa y respetuosa en cualquier país, son fundamentales las reglas formales e informales que tanto el conjunto de la sociedad como los grupos y los individuos han adoptado y comparten. Las normas formales se refieren a aquellos preceptos dictados por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados –es decir la Ley- en tanto que las normas informales corresponden, por una parte, a las convenciones que la cultura propia del conjunto del país, de las regiones y de los grupos, tiene establecidas a través de creencias, modelos mentales, significaciones, costumbres y tradiciones para legitimar los comportamientos que se consideran socialmente aceptables y repudiar los que no, y por otra parte a los sistemas de valores y principios éticos que desde el fuero interno individual sirven a cada persona para evaluar las actuaciones propias y las de los otros acerca de lo que significa vivir bien y habitar bien.

Específicamente en lo atinente a las problemáticas de alineación entre el deber ser y las prácticas en la gestión pública –entendida como el ejercicio de la función pública en la administración del Estado- la situación puede ser diagramada como se observa en la Figura No. 1. En efecto, los datos sobre la comisión de delitos frente a la administración pública y sobre la percepción de los servidores públicos en cuanto a las prácticas éticas en sus entidades, ponen en evidencia que la ley, la cultura y la ética no siempre están alineadas, de forma que aunque tienen áreas comunes de intersección, otras zonas no tienen puntos de encuentro que garanticen la coherencia de las actuaciones, dejando intersticios por los que se aprueban y/o consienten conductas que van contra el bien común, pero que son justificadas desde preceptos individuales o de grupo que desconocen el concepto de lo público, y que ven como legítimo el uso del cargo público y del poder que lo inviste para usufructuarlos en beneficio personal y privado.

La Figura No. 2 muestra la alineación que se requiere para avanzar en la construcción de una gestión ética en la Administración Pública, lo que implica trascender mediante multiplicidad de acciones organizacionales, las tradiciones, creencias, prácticas y costumbres que sostienen el histórico divorcio existente en la esfera pública entre normas formales e informales, lo que implica la implantación de un proceso de cambio de la cultura organizacional, dirigido hacia la efectiva prelación del interés público sobre el privado en todas las actuaciones de los servidores públicos en los distintos niveles jerárquicos.

2. La gestión ética como cambio cultural.

En tanto que conjunto de principios, valores y normas del fuero interno que guían los fines de las conductas de las personas hacia el vivir bien y el habitar bien, la ética dispone actitudinalmente a los individuos para actuar de una determinada manera en su relación con las demás personas y con el entorno natural. En este sentido, la incorporación de prácticas éticas a la gestión de las entidades públicas significa trabajar para cambiar actitudes, significados e imaginarios sobre lo público y sobre el ejercicio de la función pública, así como para disponer y motivar al conjunto de la entidad –es decir a todos sus servidores públicos- hacia el mantenimiento de todas las actuaciones dentro del marco de la ley y de la ética, y para que se deslegitime y rechace cualquier actuación por fuera de estos marcos.

Sin embargo, esta tarea no puede reducirse a simples acciones de capacitación mediante cursos y conferencias, pues las problemáticas tradicionales que el país porta frente a la concepción de lo público y de lo que significa la función pública, exige que para la configuración de gestiones éticas en las entidades públicas, se aborden procesos de cambio de la cultura organizacional de las mismas, lo que implica multiplicidad de acciones en varios frentes organizacionales.

“Cultura” es uno de los términos más polisémicos, es decir con mayor número de significados. En general, puede afirmarse que cultura es todo aquello que es producto de la actividad de los seres humanos. También, la cultura es definida como el cultivo del espíritu: alguien tiene cultura cuando ha estudiado, es bien educado y tiene muchos conocimientos teóricos. Igualmente la cultura puede ser definida como el conjunto de tradiciones, imaginarios, costumbres, mitos y creencias que son comunes a un grupo social. O puede ser entendida como las formas de sentir, pensar y actuar propias de un colectivo. Retomando los elementos anteriores, asumiremos la cultura como la forma de vivir que caracteriza a una sociedad o grupo social en un periodo determinado, y que se expresa en las formas de pensar, sentir y actuar de las personas que pertenecen a esa cultura, a través de las tradiciones, costumbres y creencias, los sistemas de valores, las ceremonias y expresiones artísticas, los artefactos y los sistemas de conocimiento.

En síntesis, la cultura es el modo de vida de un colectivo, la forma como los integrantes de un grupo se relacionan entre sí y con su entorno, lo cual está estrechamente conectado con los fines y sentido que los miembros del grupo le dan a su actuar cotidiano, con la manera como se emocionan frente al mundo y frente a sus experiencias. En última instancia, la cultura guarda relación intrínseca con aquello que las personas consideran que es lo hace gratificante su existencia, es decir aquello a lo cual dan valor.

La cultura de cualquier colectivo humano tiene dos dimensiones estrechamente relacionadas: El nivel implícito y el nivel explícito:

· El Nivel Explícito: conformado por las manifestaciones visibles y audibles de la cultura, y que corresponde a los actos conscientes de los miembros del grupo. Comprende los productos que se expresan en la ciencia, la tecnología, el arte, las leyes, las normas y reglamentos, los ritos, los eventos de celebración colectiva y los comportamientos de las personas.

· El Nivel Implícito: por su parte, es el nivel no consciente. Está conformado por los paradigmas, las creencias básicas, los valores, los prejuicios y los mitos que las personas asumen en forma apriorística, así como por las dinámicas emocionales propias de la cultura del grupo concreto. Allí se ubican las predisposiciones básicas para pensar, sentir y actuar en una determinada forma que resulta coherente con esa cultura.

Llevada esta taxonomía a una organización laboral, puede decirse que la cultura organizacional está conformada por dos niveles esenciales:

· Las manifestaciones explícitas u observables: que se subdividen en: lo que la organización expresa que es (La misión, la visión, el código de buen gobierno, el código de ética, las normas, la imagen corporativa).

· Las prácticas organizacionales: (procedimientos, conductas, organigramas, rituales y tecnologías que utiliza la organización).

· Lo que los miembros de la organización piensan y sienten -correspondiente al nivel implícito- constituido por las creencias y valores esenciales de las personas que integran a la entidad: estos valores esenciales usualmente son los mismos valores primarios de la cultura predominante en la que se inscribe la organización.

Aplicado lo anterior a la entidad pública, se encuentra que su cultura organizacional se constituye en la intersección del nivel explícito –correspondiente a la entidad como organización formal- y el nivel implícito –que corresponde al modo de ser de los servidores públicos que integran a la entidad, tal como se ilustra en la Figura No. 3.

Visto lo anterior, se hace evidente que los cambios en la cultura organizacional se pueden dar en el nivel implícito, en el nivel implícito o en ambos. Cuando el cambio afecta meramente el nivel explícito de la cultura, se modifican algunas prácticas, se introduce tecnología y nuevos discursos, pero el sentido de las acciones sigue siendo el mismo, por cuanto el nivel implícito, que es el fundamental, no ha sido tocado. Por ejemplo, en la administración pública se han dado grandes modificaciones en los sistemas de planeación, de administración, de contabilidad y de control, en los procesos internos, etc.; pero en muchos casos las prácticas de corrupción siguen siendo similares a las que existían hace cincuenta o cien años, porque los niveles implícitos de la cultura sobre lo público no han cambiado, es decir, se siguen manteniendo imaginarios y creencias de que lo público no es de nadie, y que está bien usufructuarlo para fines personales.

La ética entendida como los valores, principios y normas del fuero interno de la personas, se sitúa como un componente del nivel implícito de la cultura. Por ello, la implantación de procesos en las entidades públicas para fortalecer la gestión ética implica abordarla desde la perspectiva del cambio de la cultura organizacional. El cambio de la cultura organizacional para la gestión ética tiene algunas connotaciones particulares con relación a otros propósitos de cambio cultural que se proponga una organización. En efecto, siendo la cultura altamente conservadora y por lo tanto difícil implantar cualquier cambio en la cotidianidad ya configurada y consolidada en cualquier organización, el avanzar hacia una cultura de integridad y transparencia en las entidades públicas, las cuales se encuentran inmersas en una tradición que mantiene fuertes atavismos premodernos, plantea a los agentes promotores del cambio retos y consideraciones especiales.

La implantación y/o implementación de la gestión ética trasciende la modificación de las formas de realizar el trabajo en la entidad, puesto que se introduce en el área personal de los fines de la vida, en los paradigmas sobre el tipo de convivencia social que se quiere tener y en las normas de vida personal que porta cada servidor público. Ello es, precisamente, lo que conlleva desafíos adicionales en la realización de este propósito. Y es que como ya se ha insistido, los cambios culturales en general y los cambios en la disposición ética en particular son muy complejos y difíciles, por cuanto la cultura predominante tiende a perpetuarse a través de las interacciones sociales de los colectivos portadores de dicha cultura, por una parte, y por otra porque las principales creencias y valores individuales que son generadores de las actitudes individuales en los diversos dominios de la existencia, se configuran fundamentalmente en la infancia y la adolescencia, a partir de los modelos sociales de padres, maestros, amigos y medios masivos de comunicación.

Modificar estas creencias, modelos mentales, paradigmas, principios y valores -los cuales se encuentran fuertemente arraigados en la edad adulta- es una tarea ardua y dispendiosa que exige un conjunto de estrategias y de acciones concatenadas, de modo que en un proceso sinérgico puedan ser afectadas. En la Figura No. 4 se puede visualizar el enfoque que al respecto mantiene el modelo, en donde con claridad se observa que para la implantación de la gestión ética es indispensable abordar cambios tanto en el nivel organizativo de la entidad, como en el plano de los servidores públicos que integran a ésta.

Ahora bien, si se parte de la premisa de que toda entidad pública está esencialmente conformada por personas y que son éstas las que le configuran su estilo de trabajo y su identidad operativa de acuerdo con el tipo de interacciones que ellas configuran entre sí y con los públicos o grupos de interés con los que la entidad interactúa, entonces se hace evidente que todas las acciones que se ejecutan dentro de la entidad con el propósito de lograr unos objetivos determinados como resultado de la gestión, apuntan a canalizar las prácticas y conductas de los servidores públicos para alinearlas con las finalidades estratégicas y objetivos buscados. En este sentido, el esquema de la Figura No. 4 se despliega en los planteamientos que hace la Figura No. 5, la cual ilustra cuáles son los campos comportamentales, actitudinales y de la idiosincrasia que las diversas estrategias del Modelo de Gestión Ética intentan afectar para avanzar hacia el cambio cultural que el modelo pretende, ya que para construir una gestión íntegra, transparente y eficiente en la entidad pública, es necesario transitar desde las creencias hasta las conductas, pasando por los valores, las normas y las actitudes de los miembros de la organización.

Las creencias, modelos mentales o paradigmas y principios, son estructuras de pensamiento elaboradas y arraigadas a lo largo del aprendizaje de cada individuo, que operan en forma de filtros para interpretar, otorgar significado y explicar sus observaciones y vivencias. Las creencias, modelos mentales o paradigmas y principios, preceden a la configuración de los valores, que son criterios –muchas veces inconscientes- que la persona utiliza para evaluar como beneficiosos o inconvenientes los discursos y postulados que escucha, así como las acciones que ella misma u otras personas realizan. Las normas personales son reglas de conducta adoptadas desde el fuero íntimo acerca de cómo comportarse en las interacciones consigo mismo y con el entorno, que disponen a las personas a mantener una u otra actitud ante las diversas situaciones que en el transcurrir de su vida deba enfrentar. Las actitudes son disposiciones para la acción, que dependen de cómo nos sentimos con respecto a algo o alguien, y predicen nuestra tendencia a actuar de una determinada manera, lo que se traduce en conductas concretas, que dependiendo de cuáles sean, generan un cierto tipo de gestión y unos determinados resultados.

Esta secuencia nos indica que para modificar conductas y lograr una gestión ética, es necesario desarrollar acciones en el campo organizacional para afectar directamente los comportamientos y actitudes de los servidores públicos. Expedir leyes y normas, definir procesos organizacionales, establecer sistemas de control y mecanismos punitivos y de reconocimiento es muy importante dentro de las estrategias del proceso de implantación de la gestión ética, pero que aunque ello es condición necesaria, no es suficiente. En efecto, las normas, leyes y procesos organizacionales estatuidos, van dirigidos a la reglamentación de las actuaciones de los sujetos, pero cómo cumplan la ley o adelanten los procesos, depende sustancialmente del sentido, valores y principios de los ejecutores. A su vez, el establecimiento de premios y sanciones, así como de un sistema de control, puede generar las disposiciones conductuales buscadas, pero ellas desaparecerán tan pronto se extingan estos acicates.

Por ello, para el logro del cambio cultural es fundamental afectar el sistema de creencias y valores de los servidores públicos que hacen parte de la entidad. Las estrategias pedagógica y comunicativa para la gestión ética apuntan precisamente hacia la modificación de valores y creencias de los servidores públicos, con lo cual se garantiza la sostenibilidad y perdurabilidad de los cambios conductuales logrados. Los cambios en la cultura organizacional pueden ser planeados -que es la modalidad que se propone con la implantación del Modelo de Gestión Ética- o espontáneos cuando las transformaciones se van dando por la dinámica natural y no intencionada de la entidad. Y para que un cambio planeado tenga éxito, se deben dar dos condiciones: que el proceso de cambio tenga una alta calidad técnica y operativa, y que sea aceptado por los miembros del sistema.

Para garantizar el cumplimiento de estas condiciones, se hace indispensable que la estrategia de cambio considere las siguientes áreas de acción:

· Voluntad política de la alta dirección: Por su capacidad de liderazgo y por el poder que ostenta, es indispensable la decidida voluntad y el genuino compromiso de la alta dirección de la entidad con el proceso de gestión ética. No basta para ello el simple pronunciamiento ocasional del gobernante o directivo avalando el proceso. Se requiere de su acompañamiento e involucramiento en algunas de las actividades claves del proceso, y de que con su presencia legitime las propuestas y acciones que se diseñen.

· Normatividad: Las actuaciones de los servidores públicos deben estar circunscritas a lo prescrito por la Constitución, las leyes y la normatividad emanada por autoridad competente. Eso significa que el desarrollo del proceso de Gestión Ética requerirá la adopción de algunas normas en la respectiva entidad, que complementen el marco legal y legitimen las actuaciones del equipo gestor. Dentro de esta normatividad pueden estar incluidos los compromisos éticos de la entidad –los valores y las políticas éticas- así como el Código de Buen Gobierno Corporativo.

· Organización interna: Todo cambio organizacional requiere de agentes de cambio dentro de la entidad que impulsen, dinamicen y consoliden el proceso. Por ello será indispensable que se tomen algunas decisiones formales de orden administrativo para conformar y darle operatividad a un equipo promotor de la Gestión ética en todas las áreas y dependencias de la organización, con capacidad para diseñar e implantar acciones, y hacer seguimiento, evaluar y proponer ajustes al proceso para mantener la direccionalidad.

· Participación: Todo proceso de cambio de la cultura organizacional necesita involucrar al conjunto de miembros de la entidad en todos los momentos o fases del proceso, con el fin de implicarlos y lograr su afectación. Y de manera especial, cuando estamos frente a un proceso de implantación de la gestión ética, se requiere que la convocatoria sea lo más amplia posible y que las acciones formativas, reflexivas y comunicacionales lleguen a todos los ámbitos de la entidad.

· Formación integral: Debe aplicarse una estrategia formativa integral, que comprenda acciones de orden cognitivo y de orden emocional, que efectivamente generen cambios actitudinales y conductuales tanto individual como colectivamente en el ejercicio de la función pública. Para ello se requiere no solamente la realización de actividades que suministren información, sino también que induzcan a la sensibilización y a la reflexión, y que logren una afectación emocional, especialmente sobre las implicaciones que los comportamientos éticos y no éticos de los servidores públicos tienen sobre el bienestar, la salud y la vida de la población.

· Comunicación pública: En las entidades públicas son muy comunes el represamiento y lentitud en la circulación de la información, un estilo de comunicación interna jerárquico e instructivo, y una deficiente comunicación externa con la ciudadanía y otros grupos de interés, que obstaculizan la transparencia de la gestión. El cambio cultural hacia la gestión ética debe abordar soluciones a estas problemáticas, mediante la inclusión de estrategias de comunicación pública que logren la circulación fluida de la información, la configuración de relaciones comunicativas internas caracterizadas por el diálogo, la concertación y el trabajo colaborativo, y la efectiva interlocución con los públicos externos y la rendición de cuentas sistemáticas a la ciudadanía.

· Focalizarse hacia la cotidianidad organizacional: Un cambio en la cultura organizacional se logra cuando se han producido variaciones sustanciales en las prácticas consuetudinarias de la entidad, y estas transformaciones se mantienen en el tiempo como la forma natural y espontánea de su operación. En otras palabras, los cambios culturales se dan en la forma como las personas y los colectivos viven su cotidianidad, su diario transcurrir. Queda claro que el cambio trasciende a los nuevos enunciados, prescripciones normativas y estructuras organizacionales, para introducirse en los hábitos, costumbres y prácticas de la entidad.

· Control social: Es connatural a la gestión ética de las entidades públicas la transparencia en todas las actuaciones de los servidores públicos y la rendición de cuentas periódica y sistemática a la ciudadanía, que es en última instancia quien ha encargado a cada uno de ellos la administración de los bienes públicos. Por ello, el cambio organizacional para la gestión ética debe producir una generalización del desempeño de la función pública dentro del concepto de servicio a la ciudadanía, y una apertura de las entidades y de los servidores públicos para hacer bienvenido, a través de mecanismos pertinentes, el control social de la ciudadanía sobre sus ejecutorias, tanto en lo referente al uso de los recursos públicos como a los resultados obtenidos.

3. Metodología para la implementación de la gestión ética.

Es muy importante tener presente que los cambios en la cultura organizacional son relativamente lentos y que no se logran por la simple expedición de actos administrativos que demanden nuevas actitudes y prácticas de los servidores públicos, o como resultado automático de la expedición de los Códigos de Buen Gobierno y de Ética. Los cambios requieren de procesos de maduración y consolidación, en donde confluyen múltiples acciones que los viabilizan a través de la toma de conciencia, la afectación emocional, la apropiación y construcción cotidiana de nuevas formas de realizar el trabajo que deben convertirse en hábitos y costumbres merced a su repetición en el día a día. Ello significa que en la construcción de una gestión ética es tan importante el proceso de implantación como los productos tangibles, es decir, el Código de Buen Gobierno, el Código de Ética, los Compromisos Éticos y el Plan de Mejoramiento.

El proceso de implantación de la gestión ética debe ser concebido esencialmente como un proceso de afectación y cambio de la cultura organizacional de la entidad en donde se esté llevando a cabo el proyecto. El proceso descansa en tres grandes productos tangibles y en una serie de acciones de corte organizativo, pedagógico y comunicativo, que se estructuran en siete momentos metodológicos, los cuales deben ser comprendidos como estrechamente interconectadas e interdependientes entre sí, de modo que los resultados y efectos que se obtienen con la ejecución de cada uno de ellos retroactúa y repercute en los demás, ya sea para potenciarlos o para debilitarlos. La Figura No. 6 ilustra esta concatenación.

Momentos del Proceso de Gestión Ética.

· Momento 1: Conformación del colectivo de agentes de cambio.

La preparación del proceso para la implantación de la gestión ética constituye la fase de inicio del mismo. El punto de partida lo constituye la voluntad política del más alto directivo de la entidad para comprometerse con el cambio de la cultura organizacional en la perspectiva de la ética, y consecuentemente, la adopción de las decisiones pertinentes para darle impulso y sostenibilidad al proceso.

El primer paso práctico consiste en la conformación del colectivo de agentes de cambio para la gestión ética, que en una primera instancia está integrado por el Comité de Ética y el Equipo de Agentes de Cambio, y luego será complementado por los Grupos de Promotores de Prácticas Éticas, una vez se dé curso a la ejecución de las acciones planeadas. Esta fase preparatoria incluye la realización de acciones de sensibilización del colectivo de agentes de cambio sobre ética pública, así como su capacitación en el modelo de gestión ética para entidades del Estado, con el fin de que sus integrantes apropien su sentido, conceptos y metodología, y queden con disposición actitudinal y cognitiva para aplicarlo en la entidad.

· Momento 2: Diagnóstico ético de la entidad.

Por cuanto no es posible cambiar lo que no se conoce, es indispensable identificar el estado de la ética en la entidad. Para ello se plantea un ejercicio investigativo de corte perceptual, es decir, cuya lectura se basa en las percepciones que los miembros de la organización tienen sobre los valores y las prácticas éticas en la entidad. El ejercicio busca “descongelar” el statu quo de la gestión ética de la entidad, mediante el recurso de hacer visible a través de la observación crítica y del análisis reflexivo, los patrones y pautas éticas subyacentes a las actitudes y actuaciones de los servidores públicos en el cumplimiento de sus funciones administrativas.

Diagnosticar la gestión ética es un paso fundamental para el fortalecimiento ético de la entidad y la generación de cambios en la cultura organizacional, por cuanto posibilita analizar, reflexionar e identificar los valores y prácticas del estado actual de su gestión ética, así como observar las fortalezas y debilidades del proceso vigente. Recalcamos estar claros que no es posible cambiar lo que no se ha identificado o no se conoce, y que por lo tanto no ha sido cuestionado en su validez o su contribución a la construcción de integridad en el ejercicio de la función pública.

· Momento 3: Formulación del Código de Buen Gobierno.

Un paso fundamental para avanzar en el compromiso hacia la gestión ética por parte de la alta dirección, es la construcción y adopción de políticas éticas sobre el gobierno o dirección de la entidad, las cuales se plasman en el Código de Buen Gobierno. Los Códigos de Buen Gobierno son disposiciones voluntarias de autorregulación de quienes ejercen el gobierno de las entidades, que a manera de políticas éticas buscan garantizar una gestión íntegra, eficiente y transparente en la administración de los recursos públicos. El Código de Buen Gobierno recoge las normas de conducta, mecanismos e instrumentos que deben adoptar las instancias de dirección, administración y gestión de las entidades públicas, con el fin generar confianza de los públicos internos y externos hacia la entidad pública.

El contenido del Código de Buen Gobierno hará referencia a los principios éticos de la administración, así como a las políticas de la alta dirección frente al compromiso con la defensa de lo público y la orientación de la gestión hacia el interés general, la protección de derechos humanos, la rendición de cuentas a la sociedad, la participación ciudadana, la vinculación con la administración, la contratación pública, la gestión de la calidad, la responsabilidad social, los conflictos de interés, el manejo de la información, los riesgos, el control interno, el control externo y las controversias. Una vez adoptado, es imprescindible que el Código de Buen Gobierno sea difundido muy ampliamente entre todos los públicos, tanto internos como externos, que ejercen como grupos de interés frente a la entidad.

· Momento 4: Formulación del Código de Ética de la entidad.

Este momento pretende la construcción de una visión ética compartida, entendida como el escenario ético que se quiere lograr en la entidad en el futuro mediato, y que constituirá el objetivo del cambio en la cultura organizacional que comporta el proceso de gestión ética. Operativamente, las acciones se enfocan a la generación de un referente ético complementario al Código de Buen Gobierno y bajo los principios éticos establecidos en éste, que orientará las relaciones de la entidad en general y de sus servidores públicos en particular, con los públicos o grupos de interés con los cuales se debe interactuar en el ejercicio de la función pública, con base en los valores y directrices que contendrá el Código de Ética.

La construcción del Código de Ética de la entidad se realiza mediante actividades eminentemente participativas, en las cuales, en una primera instancia metodológica, se aplican los principios de las cuatro vertientes éticas que confluyen en la ética pública (ética de los derechos, ética de los deberes, ética de la responsabilidad y ética del cuidado) a las relaciones con públicos o grupos de interacción, e identificando los principales principios y valores éticos que deben guiar las actuaciones de los servidores públicos en los diversos dominios de su quehacer como tales. En segunda instancia se formulan las directrices éticas, las cuales se derivan de los valores adoptados, y enuncian las actitudes y disposiciones conductuales que la entidad y sus miembros se comprometen a tener con los públicos internos y externos. Los principios, valores y directrices éticas integran el Código de Ética de la entidad, que se constituirá en el mapa axiológico que luego deberá ser llevado al terreno del día a día de cada área organizacional.

· Momento 5: Construcción de compromisos éticos por áreas organizacionales.

El Código de Ética deberá ser traducido en cada una de las áreas organizacionales de la entidad en formas concretas de actuación, de acuerdo con las funciones y responsabilidades específicas que el área cumple en el desempeño de su función administrativa. Estas formas concretas de actuación se denominan compromisos éticos, y hacen referencia a los compromisos de orden práctico que de acuerdo con la especificidad de la respectiva área, los servidores públicos que integran la misma están dispuestos a asumir en el día a día de la entidad, como manera de cumplir con los principios, valores y directrices para la gestión ética.

Este momento comprende el lanzamiento por parte del más Alto Directivo de la movilización para la construcción de los compromisos éticos en toda la entidad, la formulación de los compromisos éticos en forma participativa por los servidores públicos de cada área, y la conformación del Grupo Promotor de Prácticas Éticas de la respectiva área.

· Momento 6: Capacitación y entrenamiento en estrategias pedagógica y comunicativa.

Lograr cambios actitudinales en los servidores públicos para que efectivamente apliquen en la cotidianidad laboral los compromisos éticos, exige el diseño y ejecución de algunas estrategias que en forma sinérgica logren afectar su sistema de creencias y valores. Para ello se proponen unas estrategias de orden pedagógico y comunicativo.

La estrategia pedagógica está conformada por las acciones de orden pedagógico dirigidas a los servidores públicos de la entidad, las cuales buscan su afectación cognitiva y emocional a través de actividades de sensibilización, de reflexión, de comprensión y de apropiación de la visión ética, con el fin de que lleguen a asumirla como su referente de sentido en las actuaciones que les correspondan dentro del ejercicio de la función pública. La estrategia está centrada en la modalidad del Taller Reflexivo, el cual busca crear las condiciones que posibiliten a los participantes conectar las experiencias vividas en el proceso grupal con su experiencia vital particular. Para ello se requiere que cada participante del taller esté en capacidad de abstraer, establecer vínculos, darle sentido y valorar el encuentro.

En efecto, para lograr nuevas disposiciones conductuales y nuevas distinciones, es necesario afectar el sentir de las personas, lo cual es posible mediante dos estrategias: la vivencia y la reflexión. La vivencia permite poner a las personas en una determinada situación emocional que las lleva a sentir y generar empatías o rechazos hacia aquello que consideramos debería preservarse o modificarse, y por tanto posibilita una actitud proclive hacia los cursos de acción buscados. De otro lado, la reflexión permite confrontar los argumentos propios y ajenos para darse cuenta, para entender y dar razón de lo que se quiere y de lo que no se quiere, y para hacerse cargo de la vida y de las consecuencias del vivir. La reflexión nos conduce a revisar la coherencia de nuestras actuaciones con nuestros propósitos y postulados, además de llevarnos a la apertura, a desempuñar la mano para soltar las verdades y las certidumbres que nos acompañan, a dudar de ellas, a considerar otros puntos de vista y a cambiar de observatorio para dirigir nuestra mirada.

La vivencia complementada con la reflexión, constituyen un poderoso movilizador de cambios actitudinales y de generación de acciones hacia el futuro. Es por ello que la presente propuesta, ubicada en el campo de las pedagogías activas, se asienta en la búsqueda de la afectación emocional de los servidores públicos participantes y de la incorporación al universo de sus conversaciones cotidianas del tema de la ética en el ejercicio de la función pública.

La segunda estrategia es de carácter comunicativo, y comprende el conjunto de acciones metódicas de comunicación pública aplicadas a la comunicación organizacional, conducentes a construir significado y sentido compartidos sobre la visión ética entre los servidores públicos de la entidad, y a informar de manera amplia dentro de la organización acerca del avance del proceso de gestión ética. La estrategia comunicativa aportará al entendimiento de la función pública en términos de la construcción de confianza, la transparencia en las diferentes actuaciones, la interacción respetuosa y dialogante, la rendición de cuentas interna y externa, la construcción de lo público, la primacía del interés general sobre el particular, el desempeño del cargo como un servicio a la ciudadanía y el carácter del servidor público como representante de la sociedad y delegado por ella para administrar unos determinados recursos públicos.

· Momento 7: Diseño y ejecución del plan de mejoramiento para la gestión ética.

Las estrategias pedagógica y comunicativa se materializan en un “Plan de Mejoramiento para la Gestión Ética”. Este Plan recoge la planeación que realiza el equipo de agentes de cambio, con el propósito de consolidar desarrollos, llenar vacíos y resolver dificultades encontradas en el diagnóstico ético de la entidad y en el ejercicio de formulación de los compromisos éticos, cruzándolos con los valores contenidos en el Código de Ética. La planeación se consigna en una matriz, mediante la especificación de objetivos, responsables, recursos e indicadores de seguimiento. El Plan, entonces, es el instrumento de orientación de las responsabilidades de los diferentes actores de la entidad, que expresa públicamente las acciones que la entidad se compromete a desarrollar para avanzar en el proceso de mejoramiento.

La matriz del Plan de mejoramiento incluye el diseño de un sistema de indicadores que permita monitorear el avance, precisar el cumplimiento de metas y evaluar las transformaciones que se van dando en la cultura de la entidad desde la perspectiva ética. Ello implica la inclusión de actividades de registro y de captura de información conducentes a la medición de los indicadores y a la verificación de logros, así como las acciones de retroalimentación del proceso que buscan mantener y/o corregir su direccionamiento, y de consolidación de los cambios para que se incorporen en forma permanente a la cultura organizacional.

4. Principios de la ética en la función pública[11].

Cuando nos referimos a las conductas éticas en el desarrollo de la función pública, debemos pretender que bajo tal concepto se abarque no sólo las actividades de los agentes de manera tal que se ajustan a los principios que regulan el marco de lo que es debido como comportamiento en sus actos, sino que además debe también alcanzarse el principio de la maximización en la eficacia de gestión. Tal determinación surge si otorgamos a la virtud de la ética su significación final, como cualidad y tendencia a buscar el bien y lo que moralmente es bueno o correcto.

En lo atinente al primer aspecto antes mencionado, es de vital importancia señalar que son los mecanismos preventivos los que posibilitan un fortalecimiento de escenarios transparentes que impidan la corrupción, entendiendo como tales aquellos medios que permitan velar por una conducta ajustada al ordenamiento normativo y social de una población determinada, bajo los aspectos considerados debidos como conductas correctas en la actuación del agente.

Ahora bien, sería realmente interesante considerar que tales mecanismos de prevención no debieran de existir; pero lamentablemente a la luz de las distintas situaciones que padece la sociedad actual, los mismos se constituyen en importantes herramientas a la hora de generar controles en la administración. El adecuado seguimiento de las distintas gestiones llevadas a cabo por los agentes de la administración o funcionarios públicos, permite establecer una premisa primordial en la prevención de ulteriores irregularidades en sus actos, puesto que determina la noción de castigo a lo incorrecto o indebido, siendo que a la vez formula una premisa válida en torno a la conducta que requiere la sociedad en su conjunto. Tal es así que lo debido, o lo requerido, pasa de esta forma a constituir el fundamento de actuación del funcionario, y de esta manera su conducta es más fácil de ser imitada por aquéllos con quienes comparte el desarrollo de sus actividades.

A contrario imperio, puede establecerse que el castigo hacia sus faltas, y la respectiva condena no sólo jurídica sino también social, se transforman en elementos punitivos concretos, de los que se infiere una premisa importante para evitar tales actitudes dolosas que lesionan el orden público. El orden público que se verá posteriormente reestablecido con la sanción ejemplificadora que se aplique a quien haya vulnerado el buen funcionamiento de un organismo o institución, transformándose esta circunstancia de la sanción jurídica y su correlativa de índole social, en otro de los elementos preventivos junto al control de gestión, que van a determinar el sentido de las conductas de los funcionarios hacia lo que es correctamente debido y requerido por la sociedad.

Si nos ocupamos del otro fundamento de la ética en la función pública, que es el aspecto referido a la maximización en la gestión, nos encontramos con que este principio esta integrado por todas aquellas conductas tendientes a obtener el mayor rendimiento y funcionalidad en el desarrollo de las tareas del agente o funcionario. Esto es así, puesto que la única manera de lograr realmente la excelencia de gestión, es establecer como circunstancia de funcionalidad adecuada, la eficacia en la gestión. Es en este sentido, donde el agente debe dar muestras sólidas de la capacitación y formación adecuada en el ejercicio de la función que ejerce. Y es en este aspecto que resulta importante y adecuado a la ética en la gestión, que el funcionario de mayor jerarquía que confiere una responsabilidad determinada a otro de menor rango, tenga la respectiva sinceridad de otorgar ese lugar a quien realmente esté capacitado y formado para ocuparlo. Dar muestras de estar preparado para lo que la sociedad requiere de esa persona, es también un aspecto esencial de la gestión pública, que se transforma en importante herramienta para prevenir la corrupción. Caso contrario, el agente vería cercenada sus posibilidades de ulterior crecimiento en lo que es su especialidad, y ello debiera ser elemento más que suficiente de prevención de conductas dolosas que son aquéllas que generan la corrupción.

La eficiencia caracterizada como actuaciones tendientes a satisfacer el requerimiento social, debe ser una cualidad arduamente inculcada desde el sector gobernante que indique como una de sus prioridades el sentimiento del mejor deber cumplido y la consiguiente muestra de una sociedad que crece a la par de las funciones correctamente desarrolladas por quienes están en el ejercicio del poder. De esta manera, el eficaz manejo de la gestión pública se transforma en una herramienta de suma utilidad para los administrados, quienes podrán apreciar así que aquellas cuestiones que le son inherentes, también son resueltas por el órgano administrador encargado de regular las situaciones de orden público y de interés social.

De la relación de los dos elementos enunciados, conductas adecuadas y correctas en la función y maximización en la eficacia de gestión, se concluye en la realización del principio de la ética en la gestión, principio que posibilitará a la vez el surgimiento de la transparencia en la administración, y la satisfacción de las necesidades y requerimientos de los ciudadanos, quienes deben finalmente ser los destinatarios de las utilidades y beneficios que surgen de los actos de los funcionarios públicos.

5. La ética y los valores: un imperativo del sector público y privado.

Decía José Martí: "Todo hombre está obligado a honrar con su conducta privada, tanto como con la pública, a su Patria". En los inicios del tercer milenio cobra cada día mayor actualidad en el tema de la ética, la moral y los valores en el servicio público. Hay una responsabilidad directa en la gestión de los asuntos públicos, que cabe exigir a los gobiernos, así como a las empresas. La corrupción, en sus nuevas y cambiantes formas de expresión es, además de un delito, también un modo de desorganización de la sociedad, a la que se unen los fenómenos éticos y morales inherentes al desarrollo de la ciencia y la tecnología.

En la actualidad, los países del mundo realizan profundas transformaciones económicas y estructurales, proceso en el cual adquiere mayor vigencia la necesidad de que las personas en el servicio público sean portadores de los más altos valores éticos y morales. En ese objetivo se inserta la elaboración, aprobación y firma del Código de Ética de los profesionales del Estado, documento que rige las actuaciones en este aspecto de todos los dirigentes del sector público y del empresarial del país. El tema de la ética en el sector público, además de un asunto de la esfera moral, lo es también de la capacitación, por lo que se realiza un trabajo encaminado a preparar a los funcionarios públicos para ejercer su función desde la más estricta honradez y fidelidad a los principios, uniendo a los conocimientos y habilidades para el buen desempeño del cargo, los principios éticos y morales que deben caracterizar a todos los dirigentes en los diferentes sectores.

Vivimos en un mundo en el que el 20% más rico de la población residente en los países desarrollados realiza el 86% de los gastos de todo el universo en bienes de consumo, se alimenta con el 45% de toda la carne y el pescado y utiliza el 58% de toda la energía, según datos de la ONU. Un niño nacido en esas familias gastará más que 50 niños nacidos en uno de nuestros países subdesarrollados. Las fortunas de sólo tres familias de las más ricas del planeta son iguales a la suma del producto interno bruto de más de 40 países de los más pobres de este mismo planeta juntos. En estas circunstancias cobra cada día mayor actualidad en la esfera pública y en el mundo empresarial moderno, el tema de la responsabilidad social de los gobiernos y de los funcionarios públicos, así como de las empresas y de los empresarios. Los asuntos referidos a la corrupción y los delitos de carácter ético adquieren una mayor relevancia, por cuanto se trata de preservar lo más preciado que posee el hombre, que es la vida. Todo esto está estrechamente relacionado con temas tales como la ética, la moral y los valores. La ética pública y la empresarial es hoy objeto de estudio, de investigación y de regulaciones por gobiernos, empresarios, empleados, organizaciones sociales, líderes políticos, teóricos y otros muchos interesados en esta esfera.

Aunque hay valores de muy diverso tipo, los valores éticos tienen una connotación especial, por cuanto se refieren a la conducta humana, al comportamiento de los hombres. Lo ético se presenta así como una ordenación de las acciones humanas, ordenación que está centrada en dos conceptos: lo bueno y lo malo. Bueno y malo tienen así mismo una connotación moral fácilmente reconocible como expresión de virtudes o cualidades, aún cuando su descripción o definición sean muy relativas. De hecho, el lenguaje común está lleno de apreciaciones éticas. La moral interviene como forma de orientación en el mundo de los valores y va a depender directamente de cual es el sistema de valores propuesto por la sociedad de que se trate y de cómo ese sistema se transforma o se modifica en la realidad, toda vez que en la moral se expresan los más profundos intereses de las comunidades sociales.

Un fenómeno social de primordial importancia en todo lo relacionado con la formación de los valores y en la perpetuación de una determinada moral, lo constituye la EDUCACIÓN, porque se trata de un proceso dirigido a la consecución de objetivos determinados y específicos en esta área, lo que resulta reconocido por todas las fuerzas que en la sociedad intervienen en este complejo proceso. Para mantener la vigencia de la formación moral es necesario el desarrollo de una conciencia, en la que los valores adquieran una singular categoría. De ahí la profética frase "la sociedad en su conjunto debe convertirse en una gigantesca escuela". Hoy nosotros entendemos mejor que nunca la vigencia y el alcance de estos planteamientos.

En la sociedad actual predomina el avance de los conocimientos científicos y tecnológicos y las complejidades de la vida en las sociedad modernas, lo que unido a los fenómenos de la corrupción y la falta de gobernabilidad en muchos países, ponen hoy más que nunca en el orden del día los problemas de la ética, la moral y los valores. No en vano en los últimos años se ha renovado el interés por estos asuntos, vinculados a los fenómenos sociales, la vida pública, la esfera empresarial y de los negocios, a los problemas ecológicos, tecnológicos e industriales, a los fenómenos más apremiantes en la vida pública y en la actividad de los gobiernos, en estrecha relación con los nuevos y crecientes problemas y dilemas que deben enfrentar el hombre y la sociedad ante el impacto del desarrollo y de la globalización.

6. Medidas para fortalecer la lucha anticorrupción en Nicaragua.

En lugar de detenernos en señalar deficiencias y vacíos, le apostamos más a las estrategias y recomendaciones que los ciudadanos pueden hacerle al Estado Nicaragüense. Aunque las mismas se orientan a reformas profundas, no pierden su carácter práctico; además, en su mayoría señalan acciones que pueden ser implementadas en el corto plazo. La esperanza es que el Gobierno de Nicaragua pueda dar cuentas en forma más concreta y visible de sus avances en la lucha contra la corrupción.

· Lo más importante en las investigaciones de casos de corrupción es el seguimiento. Instituciones como la CGR, PGR y Fiscalía General, deben ofrecer información sobre el estado de los casos y los siguientes pasos que darán para resolverlos. Igual o más importante que la persecución contra los implicados es la recuperación de los fondos y bienes, lo cual no ha sido suficientemente atendido. También, deben mejorarse los sistemas de declaración de patrimonio y de intereses, de tal forma que haya publicidad e investigaciones independientes para exponer y contrastar sus contenidos. Los casos del pasado deben ser resueltos. Las organizaciones de sociedad civil deben poner más atención al procesamiento de casos y colaborar más activamente en las investigaciones y en su seguimiento.

· Deben adoptarse mecanismos efectivos para hacer cumplir las leyes. Es importante establecer procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho a hacer peticiones y a recibir respuesta. En caso de violaciones a este derecho, deben existir procedimientos eficientes para que una autoridad administrativa o judicial llame la atención al respectivo funcionario y que en casos graves le imponga sanciones. Las oficinas de gobierno deben publicar y entregar gratuitamente a los ciudadanos ejemplares de sus leyes y ofrecer capacitaciones sobre la forma en que las mismas son aplicadas.

· Se necesitan medidas eficaces para proteger a los periodistas y denunciantes de prácticas de corrupción. El Estado tiene que establecer y desarrollar un sistema completo de protección de denunciantes que incluya medidas de estabilidad laboral, garantías frente a procesos judiciales y de protección física, entre otros aspectos, y según la gravedad que anticipen los casos. Instituciones como las oficinas de derechos humanos, la Policía Nacional o la Fiscalía tienen que ofrecer una respuesta clara y oportuna en casos de amenazas y agresiones. Los funcionarios a cargo de tales instituciones deben ser responsables cuando por omisión las agresiones contra denunciantes se hagan efectivas. Los actos que en forma directa o indirecta generen intimidación o miedo hacia los denunciantes deben ser reconocidos de forma más categórica.

· El Estado debe adoptar sistemas de indicadores y monitoreo para rendir cuentas sobre el cumplimiento de los tratados internacionales – como la Convención Interamericana y de las Naciones Unidas – y de sus planes nacionales de lucha contra la corrupción. Estos sistemas deben proveer información clara, oportuna y verificable que permita medir los avances, identificar los obstáculos y facilitar la adopción de acciones correctivas.

· La aprobación y correcta aplicación de leyes de acceso a la información debe ser una tarea prioritaria en la agenda de los gobiernos. Estas leyes deben, entre otros aspectos, establecer tipos de información que debe ser publicada de oficio, delimitar los casos de información reservada, fijar procedimientos de petición y señalar las instancias encargadas de la resolución de conflictos. Las leyes de acceso a la información deben ser complementadas con programas de capacitación para funcionarios y usuarios de los servicios públicos, un sistema de estadísticas y un mecanismo de coordinación interinstitucional. En la medida de lo posible los Estados también tienen que asumir la obligación de generar nueva información en base a requerimientos de los ciudadanos.

· Los canales de comunicación entre las oficinas de gobierno y la ciudadanía deben ser reforzados para que sean más directos y fluidos. Es importante apoyar a las oficinas o encargados de comunicación, de relaciones públicas o de atención al ciudadano. Es clave reducir las capas de intermediación o las prácticas de mediatización de la comunicación oficial.

· El Estado debe adoptar o asegurar la aplicación de códigos de conducta en todos sus niveles: código de ética profesional, valores y principios morales. Estos códigos deben establecer criterios para identificar y resolver conflictos de intereses. A las personas que no quieran participar de decisiones cuyo resultado conduzca a irregularidades o delitos, se les debe ofrecer la oportunidad de abstenerse o de razonar sus votos o firmas. En las actas de los consejos directivos, comités de adjudicación u otros cuerpos de decisión debe quedar constancia de los riesgos advertidos por sus miembros. Tales actas deben ser publicadas de oficio en forma pronta.

· Los gobiernos deben aprovechar y fomentar los mecanismos de participación ciudadana. Cada oficina debe ofrecer periódicamente rendiciones públicas de cuentas, en las que se incluyan relaciones entre los resultados esperados y obtenidos y detalles sobre el uso de los recursos, entre otros aspectos. En la medida de lo posible, los planes y presupuestos deben elaborarse en forma participativa. Se deben estimular y apoyar los ejercicios de auditoría social.

· El Estado de Nicaragua debe adoptar la lucha contra la corrupción como parte de la agenda de integración centroamericana. En ese sentido instituciones como el Sistema de Integración Centroamericana deben desarrollar sistemas de coordinación, monitoreo o evaluación en la materia. Es importante rescatar iniciativas como la Comisión Interparlamentaria contra la Corrupción y el Narcotráfico. Además, los organismos de la integración deben adoptar estándares de transparencia iguales o superiores a los de las instituciones nacionales.

· Son preocupantes las vinculaciones entre la corrupción gubernamental y la extracción abusiva de los recursos naturales; por ejemplo: madera y metales preciosos-, la evasión de impuestos, el contrabando y el crimen organizado. El Estado debe llevar a cabo depuraciones de personal en las instituciones reguladoras y de seguridad. A los defensores del medio ambiente se les debe dar la debida protección.

7. Pasos para implantar la estrategia de la lucha anticorrupción en Nicaragua.

Las siguientes son algunas sugerencias que tienen su origen en algunas entrevistas y encuestas realizadas a personas claves de la vida nacional. Es una propuesta de medidas para la lucha anticorrupción que se podrían implementar el al corto y mediano plazo. Son las siguientes:

· Elaborar un plan y consensuarlo con todos los Poderes del Estado y la Sociedad Civil, no necesariamente castigador sino preventivo.

· Establecer como parte de ese plan, un sistema de estímulo para los funcionarios que mejor rindan cuentas (pueden ser becas o reconocimientos públicos).

· Promocionar la Ley de Participación Ciudadana y fortalecer el CONPES como un órgano consultivo.

· Trabajar en la independencia absoluta de la Contraloría General de la República, la Fiscalía General, Poder Judicial, Poder Electoral y en la Procuraduría General de la República.

· Aplicar con todo el rigor, si es aprobada en este legislatura, la Ley de Acceso a la Información Pública y si no impulsarla al menor tiempo posible.

Para tener resultados positivos en la lucha contra la corrupción hay que fortalecer los siguientes aspectos:

· Seguir con la formación en valores éticos, cívicos y morales en todos los niveles del sistema educativo, con énfasis en todas las estructuras de poder del Estado: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Electoral, Fiscalía General, Contraloría General de la República y Procuraduría General de la República. Para fortalecer los valores no solo basta con invitar y concienciar al estudiante sobre la necesidad de actuar correctamente, sino invitarlo a que mantenga su conducta adecuada con las demás personas. Es necesario además motivar a los estudiantes por el estudio, prepararlos para la vida, para el trabajo, para el cambio y la transformación, para lo cual es necesario argumentar, demostrar y persuadir, desde la clase.

· Promover la participación ciudadana en los municipios, para prevenir la corrupción en el ámbito local.

· Seguir impulsando la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Nicaragua ha sido uno de los países con mayor corrupción administrativa en el mundo. Sus funcionarios públicos se han enriquecido en cada ministerio con cada gobierno de turno. En nuestra Nación empobrecida en algunas ocasiones no se puede realizar y cumplir con la programación del Presupuesto Nacional porque de repente las partidas presupuestarias desaparecen.

El Programa de Transparencia de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en coordinación con la Red Probidad, organizaron el 13 de Diciembre del 2006 un encuentro público denominado “Círculo de Transparencia: Iniciativas de Transparencia y Anticorrupción, Ventanas de Aprendizaje y Oportunidades para Nicaragua”. Dicha actividad se dio en seguimiento a la XII Conferencia Internacional Anticorrupción, la cual tuvo lugar en la ciudad de Guatemala en Noviembre del 2006. Líderes que en representación de diferentes instituciones fueron a Guatemala, compartieron en este encuentro sus visiones acerca de diferentes iniciativas de transparencia y lucha contra la corrupción que están teniendo lugar en Nicaragua. En este se puede encontrar un breve análisis sobre los aspectos claves en la agenda de transparencia y lucha contra la corrupción en Nicaragua, un resumen de lo abordado en el encuentro antes referido, una declaración firmada por los Presidentes de Centroamérica relativa a la lucha contra la corrupción y un conjunto de recomendaciones elaboradas por la Red Probidad.

En el mismo se presentaron dos paneles, uno sobre medidas de prevención de la corrupción y otro sobre procesamiento de casos. En el primer panel participaron Orestes Papi de la Fundación Violeta B. de Chamorro, Patricia Mayorga del Grupo Fundemos, Gustavo Montiel de la Juventud por la Democracia de Nicaragua y Adela Pérez del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. En el segundo estuvieron César Guevara de la Procuraduría General de la República y Jorge Loáisiga del periódico La Prensa. Respectivamente actuaron como moderadores Yader Loza de Hagamos Democracia y Jorge Navas del Instituto para el Desarrollo y la Democracia. La introducción a los paneles estuvo a cargo de Jaime López de la Red Probidad y las palabras de cierre fueron ofrecidas por Gerardo Berthin del Programa de Transparencia de USAID.

El texto resultante de dicho encuentro se sugiere sea tomado en cuenta en lo que se refiere a los puntos relevantes que fueron planteados en las ponencias. El texto, además, incluye referencias, opiniones y criterios del contexto introducidos por el relator.

IX. CONCLUSIONES.

· Aparte de las acusaciones en EL 2002 en contra de Alemán y algunos de sus allegados, el Ejecutivo toleró excesivos malos manejos en varias instituciones del Estado. El presidente Bolaños llegó hasta defender a muchos de sus funcionarios. Para que sea más evidente: la Procuraduría no acusó en estos cinco años a ningún funcionario del gobierno en los tribunales de justicia. De manera que, la corrupción no fue ajena al Gobierno de Bolaños, aunque fue en menor medida y escala que en la época Alemán.

· Con el Decreto Creador de la Oficina de Ética Pública el presidente dio un gran avance para prevenir la corrupción; sin embargo, el hecho de que la Procuraduría y el Ministerio de Hacienda –dos instituciones adscritas a él—no se hayan puesto de acuerdo para cobrar a los sancionados por la Contraloría General de la República y de esta manera dejar un precedente, le restó méritos a su gestión.

· En medio de sus propios errores, el Ejecutivo tuvo que lidiar también con la influencia política del FSLN y el PLC en instituciones claves del Estado como la Fiscalía y la CGR.

· El Gobierno de Bolaños podrá ser recordado por muchos errores, pero no por ser un enemigo declarado de la libertad de expresión; es más, entidades adscritas al Ejecutivo están promoviendo la Ley de Acceso a la Información Pública.

· Queremos terminar estableciendo que la lucha por la probidad es una tarea social de todos los sectores de la sociedad. Nicaragua se hundió en la corrupción porque nadie o muy pocos enfrentaron este flagelo. Se pensó que automáticamente sería eliminado o que nunca sería muy grave y que se mantendría dentro de ciertos límites. Sin embargo en Nicaragua aprendimos algo: que la corrupción es un cáncer que comienza pequeño e insignificante, pero que es un cáncer catastrófico y mortal; que la corrupción empobrece a los pobres y enriquece a los más ricos, pero frustra a la sociedad en conjunto; que la corrupción destruye a los gobiernos que la amparan o la desconocen; que la corrupción destruye el sistema democrático y estimula el surgimiento de dictaduras o de gobiernos autoritarios;

· Estas lecciones debemos aprenderlas y reconocer que lo fundamental es PREVENIR y no suponer que somos probos. La sociedad civil no puede estar al margen, en última instancia ella es la gran contralora. El Parlamento debe recuperar y fortalecer su función fiscalizadora. Nadie puede estar al margen de la fiscalización. Nuestra legislación tiene vacíos y hay formalismos que dejan al margen de la fiscalización a algunas empresas del Estado y los Alcaldes están prácticamente al margen de todo control efectivo, generando una amplia base de autonomía irresponsable, hay fondos secretos y otros que no lo son y que se amparan en principios de seguridad o de defensa nacional, anulando cualquiera fiscalización.

X. FUENTES Y BIBLIOGRAFIA CONSULTADAS.

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REFERENCIAS:

[1] Pérez Nova Hed, Leonor, luz del Carmen, Méndez González, Hilda Velásquez Barragán. filosofía III libro de texto de la dirección general de educación media superior y superior 2004.
[2] op.cit.pag. 17 y 18
[3] Autor del libro "La Hora de la Ética Empresarial".
[4] La defensa del ex presidente Alemán apeló el caso y los tribunales de justicia de segundo piso no se pronuncian sobre el mismo todavía. Éstos tribunales son famosos en Nicaragua porque sus integrantes son afines al FSLN y al PLC.
[5] Se pueden tomar ejemplos concretos de países como México y Panamá, donde se aprobaron leyes de Acceso a la Información y han tenido un gran impacto en la promoción de la transparencia y prevención de la corrupción. Ese es el reto en Nicaragua. Aunque hay que estar claros que aprobada la ley no termina todo, más bien comienza otro reto para su aplicación y para crear la infraestructura que manda la ley para su correcta aplicación. El anteproyecto fue modificado desde su primera versión y no es una propuesta perfecta, pero sí necesaria. Tampoco hay que ilusionarse en el sentido de que al aprobar la ley se acaba con la corrupción. Eso sí, la Ley contribuiría enormemente a reducir este flagelo en la sociedad.
[6] “Todos sabemos que hay que ser honrado, pero la ética es importante inculcarla” - Adela Pérez, Ministerio de Educación (MINED).
[7] Actualmente es diputado, miembro de la Comisión de Probidad del Parlamento. Aliado del FSLN.
[8] Eduardo Montealegre, señalado por la prensa del país de ser socio de Bancentro, una entidad bancaria que según las investigaciones adquirió propiedades por debajo de su valor real que pertenecían a los bancos quebrados por los que el Estado emitió Cenis. Montealegre perdió las elecciones el 5 de Noviembre del 2006, pero al inicio de la Administración Bolaños fue Ministro de Hacienda. El otro es el actual diputado del PLC, Noel Ramírez, quien a través de su esposa es socio de Banpro, al que le adjudicó como Presidente del Banco Central, en la era Alemán, gran parte de los Cenis a unas tasas de interés altísimas.
[9] El presidente Bolaños la arremetió verbalmente contra el periodista de El Nuevo Diario Oliver Bodán, que investigó las irregularidades en el Ministerio de Transporte e Infraestructura. El mandatario, rebajándose a su investidura presidencial, mencionó asuntos personales del periodista, que no estaban ligadas a su actuar informativo. Por esos días, el ministro de gobernación, pidió en una visita al diario, que no siguieran publicando información del ministerio.
[10] Consideraciones de Ismael López de la Red Probidad en Centroamérica.
[11] Aportes de Alejandro Daniel Battaglia, Agosto de 2006.

*El autor es profesional independiente del Derecho, Economía y Ciencias Sociales.