LA FRONTERA AGRICOLA LLEGO A LA MENTALIDAD DE LOS POLITICOS COSTEÑOS.

Por: Dennis Mairena Araúz

Originario de Bluefields, Ingeniero Agrónomo, con
Maestría en Estudios Interdisciplinarios Educación-
Ambiente-Desarrollo.

En agosto pasado, estuve en Corn Island por motivos de trabajo, pero aproveché para participar en las festividades de la fiesta del crab soup (sopa de cangrejo) que se celebra cada año para conmemorar la abolición de la esclavitud en la isla. En agosto de 1841, el coronel Alexander McDonald, superintendente de la República de Honduras llegó a Corn Island para declarar la libertad de todos los esclavos en nombre de la Reina Victoria de Inglaterra y el Rey Roberto Carlos Federico, de la Mosquitia. Mientras muchos celebraban alegremente, unos compañeros de viaje y yo reflexionábamos sobre los cambios que notábamos ahora en estas celebraciones en Long Beach y concluimos que esto era la chontalización de la fiesta tradicional del crab soup. Lo que veíamos ahora era una serie de jovencitas, ataviadas con botas vaqueras, sombreros vaqueros, azulones, camisas a cuadro, hípico (aunque sólo fuesen tres caballos de paso), la música ranchera mexicana, los chicos del bar con sombreros de vaquero. Grave. Dijimos esto es grave, pues indica que no sólo la frontera agrícola llegó con la deforestación, el pasto y el ganado. Sino que llegó a la cultura local, a la cultura de Corn Island.

Más preocupación sentí al leer los comentarios que hace el candidato del PLC en la circunscripción 8, Anthony Roy Patterson y el candidato de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, en Laguna de Perlas, Joel Allen Wilson, (ambos citado por el Nuevo Diario, 20 febrero 2010. El Nuevo Diario, Edición 10606), ya que ambos proponen el desarrollo de actividades agrícolas en la Costa Caribe Nicaragüense. Por eso pienso… ahora la frontera agrícola llegó a la mentalidad de nuestros políticos. No sólo es el pasto y la palma africana que llegaron a las playas costeñas, ahora se está arraigando en la mentalidad de estos políticos. Me pregunto que si ellos saben que estos suelos son de vocación forestal. Es posible que este tipo de propuesta sea producto de una larga historia.

Las mal llamadas políticas de desarrollo implementadas desde siempre en Nicaragua, se han caracterizado por ofrecer un fuerte apoyo a la promoción y expansión del sector agropecuario, a pesar de la vocación forestal de la mayoría de los suelos del país. Este enfoque es una de las principales causas de la deforestación en el país. Estas mal llamadas políticas de desarrollo (porque al fin y al cabo no han logrado sacar a Nicaragua del subdesarrollo) no han fomentado el manejo y uso sostenible de los recursos naturales, o bien no incentivaron la protección y conservación del recurso forestal; peor aún, han promovido la idea de que los bosque parecen ser un estorbo, y se le otorgaba bajo valor económico en el mercado nacional, a pesar de que en el mercado internacional pudiera haber tenido alto valor. Sino, revisemos las cifras históricas de fondos dedicados a la agricultura y ganadería por parte de la banca nacional y los fondos dedicados a la forestería. En este último es insignificante.

Por otro lado, esas mal llamadas políticas de desarrollo, nunca tomaron en cuenta la vinculación existente entre los bosques y las culturas e identidades de los pueblos indígenas (PI) y a la existencia de la diversidad biológica que en ellos se alberga. No los tomaron en cuenta porque nunca lo han valorado. Asimismo, las políticas de desarrollo implementadas en la segunda mitad del siglo pasado tuvieron la misma lógica: el bosque tiene poco valor. Ese enfoque unida a la falta de articulación de las instancias de gobierno, en la gestión para el desarrollo ha provocado mayor deforestación. Más bien, Nicaragua ha sido reconocida como el granero de Centroamérica, lema que aún se sigue promoviendo por los gobierno de turno, a costa de los bosques.

Un ejemplo claro actualmente, de la mencionada la falta de articulación entre las instancias del Estado, es que dentro del sistema financiero hay líneas de financiamiento que fomentan actividades agrícolas, ganaderas y agroindustriales; no existe una política financiera que fomenten el uso racional y la conservación de los bosques, o la instalación de plantaciones forestales, es decir que no se cuenta con una política de desarrollo económico que sea consistente con los tipos de suelos y tipo de cobertura vegetal. Es más, como los territorios de los PI son de propiedad colectiva, el sistema financiero no otorga financiamiento, ya que ese tipo de tenencia de la tierra, les impide apropiarse de las mismas; no son buenas garantías bancarias. Por el contrario, se incentiva a la instauración de potreros (mejoras de la finca), financiando y valorando altamente la existencia de pastos, cercas, corrales, etc. Estas políticas quedaron estancadas en los años 60.

Esas mal llamada políticas de desarrollo, implementadas a partir de los años 60, basada en el desarrollo del algodón, el café, la caña de azucar y la ganadería en la zona del Pacífico y Centro de Nicaragua han provocado el desplazamientos de campesinos pobres, despojados de sus tierras. Ellos fueron obligados a buscar nueva opciones productivas, lo que a su vez provocó el avance de la frontera agrícola, en donde la lógica económica que prevalece es que la tierra tiene mayor valor sin bosque, en donde la ganadería y la agricultura generan mayor ganancia en el corto plazo. Esto demuestra que no hay políticas de desarrollo ambiental que se genere sobre la lógica de aprovechamiento sostenido de los recursos forestales. Más bien la práctica ha sido el fomento de actividades agropecuarias, insostenibles en suelos de vocación forestal, provocando graves problemas ambientales.

La aplicación de estas políticas, a la par del crecimiento demográfico que van en detrimento de los recursos forestales, ha provocado mayor pobreza en el país; cada vez más productores mestizos e indígenas, ejercen mayor presión sobre el recurso forestal, para la reconversión de los suelos en busca de opciones que les permita generar ingresos económicos en el corto plazo y sin visualizar el futuro.

El Estado de Nicaragua ha instaurado un sistemas extensivos de producción agrícola y ganadero. En los años 90´s, posteriormente a la guerra de diez años, el gobierno entrego grandes extensiones de tierra a los desmovilizados de las fuerzas armadas (Ejercito Popular Sandinista y Ministerio del Interior), al igual que a los grupos irregulares desarmados y de la contra-revolución. Estos grupos no estaban preparados para realizar manejo forestal de las áreas asignadas.

En el caso del territorio de Tasba Pri, en la RAAN, territorio que marca la frontera agrícola, que marca la diferencia entre culturas indígenas y mestizos, fue escenario de esas asignaciones de tierra. Todas las familias mestizas ahí asentadas venían de una cultura agrícola y no forestal. No recibieron asistencia técnica adecuada e hicieron lo que saben hacer, agricultura de granos básicos en suelos de vocación forestal, razón por la cual deforestaron enormes áreas de la zona. No sabían hacer otra cosa. Los árboles sólo servían para ser cortados. En la caso de las comunidades que conforman la parte ribereña de la cuenca del río Kukalaya, RAAN, se encuentran ocupados en un cien por ciento por ganaderos y pequeños agricultores mestizos. Estos están actualmente en un proceso franco de cambio de uso de suelo siguiendo los patrones desarrollados en las zonas de las minas (Siuna, Rosita y Bonanza). Este patrón socio – cultural – económico es seguido también por algunos miskitus que habita este territorio, como si fuese un modelo sostenible a seguir.

Una opción que los políticos autonómicos regionales deberían estudiar, es el caso de los programas de Reducción de las Emisiones por Deforestación y Degradación, más conocido como REDD, que impulsan como proyectos pilotos, tanto el PNUD y el Banco Mundial. A través de REDD se busca establecer negociaciones entre países dueños de bosques con países industrializados, para la fijación de carbono, a cambio de compensaciones. Ya en el mismo Tasba Pri, el Centro para la autonomía y desarrollo de los pueblos indígenas (CADPI) en asociación con al URACCAN trabajan en preparar a los líderes comunitarios en esa línea.

Muchos pueblos indígenas en el mundo le temen a REDD, por los riesgos que este representa contra los derechos de los pueblos indígenas. Pero en Regiones Autónomas del Caribe Nicaragüense se tiene la ventaja comparativa, respecto a otros países, para negociar REDD asegurando los derechos de pueblos indígenas, ya que tenemos el Estatuto de Autonomía (Ley 28) y la Ley de territorios indígenas (Ley 445). Además, tenemos el antecedente del caso de Awastigni frente al Estado de Nicaragua y el proceso de demarcación y titulación de los territorios indígenas que avanza poco a poco. Todo ellos fortalece el aseguramiento de los derechos de los pueblos indígenas.

El tiempo es corto y se está acabando, al igual que se están acabando los bosques. Todos tenemos que actuar ahora; por lo tanto, políticos funcionarios, sociedad civil, organizaciones ambientalistas, organizaciones indígenas, autoridades regionales y territoriales, debemos actuar ahora.