EL NUEVO DIARIO, 07 DE FEBRERO 2009.
¿NICARAGUA NECESITA UNA POLITICA AMBIENTAL?
Los efectos del calentamiento global, el cambio climático y la degradación ambiental han sido arduamente discutidos en diversos foros internacionales desde la década pasada, sin embargo, en Nicaragua apenas comenzamos a entender la complejidad de estos problemas y los desafíos que representan para nuestro desarrollo económico y social.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en 1996 la Ley del Medioambiente y los Recursos Naturales (Ley 217), y en 2005, la Ley Especial de Delitos en Contra del Medioambiente y los Recursos Naturales (Ley 559). El Gobierno también firmó y ratificó en 1995 la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Económico y Social (Alides) y es el primer país de Centroamérica en desarrollar una Estrategia Nacional para el Cambio Climático, estableciendo también un Comité Nacional para la Administración del Agua. Asimismo, somos signatarios del Protocolo de Kyoto y apoyamos el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas.Estas legislaciones y nuestra adherencia a compromisos internacionales sugiere que estamos interesados en solucionar los problemas del medioambiente, sin embargo, no existe la voluntad política ni se han asignados los recursos técnicos y financieros que garantizarán su efectiva implementación. Asimismo, no existe una buena coordinación entre las instituciones del gobierno responsables de atender dicha problemática y los pocos esfuerzos que se promueven son desarrollados de manera aislada y sin alcanzar los resultados deseados. De igual manera, las autoridades locales y organizaciones de sociedad civil rara vez son tomadas en cuenta en procesos de consulta, planificación y ejecución de actividades.
Lo anterior revela el vacío entre legislaciones aprobadas y acciones gubernamentales implementadas y fortalece la actitud prevaleciente en el país de que el desarrollo económico requiere dañar el medioambiente, haciéndose evidente a través del avance de la frontera agrícola y la consecuente tala y quema indiscriminada de bosques para la agricultura, ganadería y leña; el establecimiento esporádico de asentamientos humanos en las orillas de ríos, lagos y lagunas; la sobreexplotación de recursos pesqueros; el uso masivo e inadecuado del agua para la irrigación; el uso extendido de fertilizantes químicos y el progresivo incremento de emisiones de dióxido de carbono.
Esta fallida perspectiva de desarrollo económico ha tenido como consecuencia una disminución de la productividad agrícola debido a sequías e inundaciones; la contaminación de ríos, lagos y lagunas, traducido en una menor disponibilidad de agua potable y recursos pesqueros de agua dulce; el agotamiento de reservas de pesca marina y la destrucción de ecosistemas marinos como los arrecifes de coral, principalmente por el uso de técnicas pesqueras como las jábegas, explosivos y trenes pesqueros de arrastre.
Estos problemas son exacerbados por condiciones de pobreza severa en regiones del país en donde la disponibilidad de tierras arables se ha visto reducida, teniendo las familias pobres y rurales que talar porciones de bosque para garantizar su subsistencia, con la obvia contradicción de que los bosques nicaragüenses, particularmente aquellos de la Costa Caribe, tienen suelos ácidos e inadecuados para las prácticas agrícolas tradicionales.
Nicaragua necesita una política ambiental que incluya el fomento de prácticas agrícolas sostenibles basadas en el uso de variedades de semillas de alto rendimiento, abono orgánico y técnicas de irrigación más eficientes; la implementación de la Estrategia Nacional para el Cambio Climático, considerando el país ha sido azotado por dos huracanes, un tsunami y múltiples inundaciones durante la década pasada; la protección del bosque tropical húmedo y la generación de ingresos en base a iniciativas de producción de oxígeno y fijación de carbono, y la progresiva adopción de energías renovables en hogares, negocios e industrias. Es indispensable un mejor manejo de la basura, ejerciendo vigilancia constante y sancionando a individuos o empresas que contaminan el medioambiente. Asimismo, la incorporación de buenas prácticas de protección del medioambiente en todos los niveles del pénsum académico, así como la preservación de prácticas económicas tradicionales de pueblos indígenas y afro descendientes que han demostrado ser sostenibles y adecuadas para el medio ambiente, deben ser asumidas como componentes integrales.
Esta política ambiental debe construirse de manera coordinada, enlazándose como eje transversal de los programas de gobierno, particularmente del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), el Ministerio de Salud (Minsa), el Instituto Nacional Forestal (Inafor), el Instituto de Desarrollo Rural (IDR) y el Ministerio de Educación (Mined), así como de los Gobiernos Regionales Autónomos y los Gobiernos Municipales, promoviendo a la vez la participación activa de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este tema.
El financiamiento para la implementación de la política puede venir del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como de las agencias de cooperación de los países desarrollados que se han comprometido a asignar el 0.7% de su PIB para apoyar el desarrollo sostenible en países pobres. Por lo tanto, la voluntad política y la disposición de trabajar de manera coordinada representan nuestros más grandes desafíos y dependerá de nosotros vencerlos o convertirlos en obstáculos permanentes.
Michael Campbell Hooker
Lic. Ciencias Políticas, Universidad Thomas More
El Autor es miembro del Movimiento Jóvenes
Estableciendo Nuevos Horizontes (JENH-CEDEHCA).
